El cultivo de la coca, la planta empleada para elaborar la cocaína, ha caído de manera sostenida en Colombia desde 2007. Mientras este año los cultivos de coca en el país cubrían un total de 167,000 hectáreas, hacia el año 2012 el gobierno de los EE.UU. había calculado que esos cultivos ocupaban 78,000 hectáreas. La Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito (ONUDD) estimó [PDF] una reducción igualmente pronunciada en el curso de esos años, de 99,000 a 48,000 hectáreas. Colombia ha vuelto a los niveles de cultivo de coca observados a mediados de la década de 1990, y ya no es el primer país productor de coca en el mundo.
Se trata de un giro notorio, pero es importante que no aprendamos de él la lección equivocada. De hecho, un análisis más detallado hace evidente que Colombia debe abandonar su programa de aspersión de herbicidas o “fumigación” — y las negociaciones de paz en marcha con el mayor grupo guerrillero del país ofrece una excelente oportunidad para lograrlo. La fumigación ha contribuido sólo modestamente a una reducción en el cultivo de coca: aunque los cultivos del arbusto estaban desapareciendo desde el 2007, también estaba cayendo el uso de la fumigación. Mientras tanto, el programa ha demostrado tener altos costos respecto a otras metas de estabilización del conflicto y de gobernabilidad.
Desde 1994, este programa ha operado en Colombia con fuerte apoyo de los EE.UU. Los aviones, mayormente piloteados por tripulantes contratados, sobrevuelan las zonas cocaleras rociando “Round-Up Ultra”, una herbicida que contiene el ingrediente activo glifosato, sobre unas 100,000 hectáreas de territorio colombiano cada año. Entre 1996 y 2012, estos aviones han rociado herbicidas sobre 1.6 millones de hectáreas en Colombia — un área equivalente a un cuadrado de casi 130 kilómetros por lado. Las esquinas de este cuadrado se extenderían desde los suburbios de Washington hasta los de Filadelfia. Equivale a una hectárea fumigada cada 5 minutos y 29 segundos desde el 1 de enero de 1996.
La superficie de territorio colombiano fumigado desde 1996 cubriría cada centímetro cuadrado de este área.
Colombia es el único país productor de coca que fumiga sus cocales. El Perú y Bolivia utilizan solamente la erradicación manual: equipos de personal pagado, usualmente miembros de las fuerzas de seguridad, son llevados a las zonas productoras de la hoja, donde arrancan de la tierra los arbustos. Colombia lleva a cabo cierta erradicación manual, pero el trabajo es extremadamente peligroso en un país donde persiste un conflicto armado de casi medio siglo de duración; 62 agentes de erradicación de coca han sido muertos y 387 resultaron heridosdesde 2009, la mayoría de ellos víctima de los grupos guerrilleros que se valen de minas terrestres, artefactos explosivos improvisados (IED, por sus siglas en inglés) y francotiradores. El peligro de la erradicación en el terreno ha sido la principal justificación de la decisión de los gobiernos de los EE.UU. y Colombia para llevar a cabo la fumigación aérea.
La fumigación ha sido un factor en la reducción de cultivos de coca durante la década pasada, en tanto dificulta a los agricultores cocaleros plantar grandes campos de este cultivo, los cuales son blanco fácil de las avionetas que rocían el herbicida. Sin embargo, los agricultores toman muchas medidas para minimizar el daño, tal como lo señala el último informe sobre cultivo de coca en Colombia, elaborado por la Oficina de la ONU sobre Drogas y el Delito [PDF].
Los agricultores cocaleros desarrollan conductas estratégicas para reducir el efecto de la fumigación aérea sobre sus cultivos, como la siembra intercalada o mixta; la aplicación de sustancias que aíslan la superficie de las hojas de los efectos del glifosato; el lavado de las hojas; el incremento de la superficie cultivada de modo que parte de ella no sea afectada; la rotación de las parcelas en una unidad productiva y reducción del tamaño de los campos de cultivo, entre otras estrategias. Dependiendo del grado de impacto de la fumigación aérea, ésa puede causar la pérdida de una o más cosechas, la reducción de la producción, o la pérdida total. Estos impactos varían significativamente de una región a otra, y es evidente que la fumigación aérea no es la única causa de la reducción o pérdida de las cosechas.
Aunque la fumigación ha contribuido modestamente a la reducción de la producción de coca, también lo ha hecho a un elevado costo, expresado tanto en dólares como en buena voluntad hacia el gobierno colombiano en territorios en conflicto, allí donde más se le necesita. La experiencia de las últimas dos décadas ha dejado en claro que la fumigación no es una solución efectiva ni un modelo a seguir en el futuro —especialmente si las negociaciones de paz con grupos guerrilleros en Colombia tienen éxito y el país pasa a experimentar un contexto post-conflicto.
Si la agenda de negociación llega al cuarto tema —políticas sobre drogas— es probable que el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) discutan el futuro del programa de fumigación. Ambos lados deben comprometerse a acabar con el programa de fumigación y remplazarlo con la erradicación manual voluntaria, como parte de un esfuerzo mayor por expandir el componente civil del gobierno hacia áreas que han permanecido olvidadas durante mucho tiempo.
Hacemos un llamado a poner un fin al programa de fumigación debido a tres razones.
1. La fumigación sólo produce resultados marginales, tal como lo revela un análisis detallado de los datos.
“La evidencia disponible señala de manera casi definitiva que la aspersión aérea y la erradicación manual de cultivos ilícitos han sido muy costosas y poco eficaces en reducir la producción de cocaína”, escribe el economista Daniel Mejía [PDF], director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas en la Universidad de los Andes en Bogotá. “Estimamos que el costo marginal para los EE.UU. de reducir en un kilogramo la cantidad de cocaína que llega a sus fronteras atacando la producción es de US$163,000, mientras que el mismo costo atacando el tráfico es de US$3,600”, concluye Mejía [PDF].
Un análisis de las cifras que corresponden a los cultivos revela dos períodos durante la última década cuando el cultivo de coca (reflejado en las columnas verdes del gráfico siguiente) cayó en Colombia. El primer período fue después de 2001, cuando el “Plan Colombia” solventó un considerable incremento de la fumigación (la línea roja en el gráfico), extendiendo el programa a nuevas regiones del país. La fumigación jugó un papel en este descenso —especialmente en el departamento de Putumayo, donde el cultivo florecía a vista de todos— pero igual ocurrió con el fracaso de las negociaciones de paz con la guerrilla a inicios de 2002, lo cual desencadenó una ofensiva militar en una zona controlada por las FARC y donde se cultivaba mucha coca.
Luego, después de 2003 —pese a la creciente fumigación como parte del Plan Colombia— el cultivo de coca volvió a incrementarse sigilosamente y a ritmo sostenido hasta llegar a los niveles de 2001 (según mediciones de agencias de los EE.UU.) en la medida en que los agricultores cocaleros se adaptaron a los inconvenientes producidos por la fumigación. Frustrados por estos resultados, el gobierno colombiano empezó a incrementar su propio programa de erradicación manual (la línea azul del gráfico). Simultáneamente, el gobierno de los EE.UU. redujo el financiamiento para la fumigación, a partir de la asignación de asistencia al exterior para el año 2008, y la superficie de cultivos fumigados declinó.
Cultivos de Coca, Fumigación y Erradicación Manual en Colombia
Rojo: Fumigación Azul: Erradicación Manual Verde: Cultivo de Coca
En Hectáreas
Fuente: Departamento de Estado de los EE.UU., Informes de Estrategia de Control Internacional de Estupefacientes, <http://1.usa.gov/1eAAutY>
Es después de 2007 que el cultivo de coca en Colombia empieza a experimentar la célere reducción que actualmente continúa. Pero éste ha sido también un período de reducción de la fumigación. Las reducciones del período post–2007 se deben más a una intensificación del programa de erradicación manual que a la fumigación.
La erradicación manual resulta más efectiva porque mata por completo los arbustos. También requiere que el gobierno se encuentre físicamente presente en el terreno en las zonas cocaleras, en lugar de sobrevolarlas anónimamente. Gran parte de la erradicación manual a fines de la primera década del nuevo mileno tuvo lugar en el contexto de programas específicamente diseñados para establecer una presencia más permanente del gobierno.
Sin embargo, la erradicación manual no es una panacea. Por sí misma, sin asistencia productiva, de seguridad alimentaria o de otro tipo hacia la población local, la erradicación manual forzosa puede producir resultados desastrosos para la estabilidad y la gobernabilidad. Es una mala política establecer una relación antagónica con familias de agricultores en una zona donde el control del gobierno sobre el territorio ya es frágil.
Para apreciar la naturaleza contraproducente de la erradicación manual forzosa, sólo hay que mirar el ejemplo de Bolivia, donde a fines de la década de 1990 e inicios de la siguiente, el gobierno de Hugo Bánzer llevó a cabo el “Plan Dignidad”, una campaña masiva de erradicación forzosa con apoyo de los EE.UU. en la remota región del Chapare, en el departamento de Cochabamba. La violenta reacción contra el Plan Dignidad —incluyendo meses de protestas y enfrentamientos con agentes de erradicación y con la policía— sirvieron para impulsar el perfil protagónico de Evo Morales, líder del sindicato de cocaleros del Chapare, quien se subió a la ola de movilizaciones sociales que se sucedieron hasta llegar a la Presidencia del país. Desde entonces, su gobierno ha trabajado arduamente para reducir los lazos e influencia de los EE.UU. en Bolivia, en un resultado directo del programa de erradicación forzada que inicialmente puso al Presidente Morales bajo los reflectores de la política nacional.
2. La fumigación daña la credibilidad del gobierno.
En zonas de la remota frontera agrícola y en otras comunidades rurales pobres donde se cultiva la hoja, la única presencia del gobierno que los ciudadanos perciben es el patrullaje ocasional de las fuerzas de seguridad o el avión que sobrevuela fumigando los cultivos desde el aire. La fumigación elimina las opciones para la supervivencia económica, sin aportar nuevas alternativas. Establece una relación antagónica con la población, la mayoría de los cuales son familias de agricultores, en zonas donde los grupos armados prosperan y el gobierno se encuentra ya muy debilitado.
Han proliferado los testimonios de efectos nocivos para la salud y el medio ambiente, pero éstos son difíciles de verificar. Sin embargo, cuando la población local cree en estos testimonios, el daño para la credibilidad del gobierno ya se ha infligido. Y casi todos los pobladores de las zonas afectadas pueden citar casos de cultivos alimenticios legales destruidos por la fumigación, que fuerzan a las familias a enfrentarse al hambre.
Una mujer de una cooperativa dedicada al cultivo de piñas, seriamente afectada por la fumigación aérea a inicios de 2013 (traducción de Acción Permamente por la Paz). (Actualice la página si no puede ver el contenido).
El gobierno de los EE.UU. optó por no llevar a cabo la fumigación aérea con herbicidas contra los cultivos de amapola en Afganistán (aunque algunos agentes de erradicación en el terreno sí emplearon herbicidas químicos). El gobierno afgano y muchos funcionarios estadounidenses decidieron que la fumigación aérea debilitaría los esfuerzos contrainsurgentes, reduciría el apoyo al gobierno de Kabul aliado de los EE.UU., y reforzaría el apoyo hacia los talibanes. The New York Times reportó en 2007 que “personas escépticas —incluyendo a oficiales militares y de inteligencia de los EE.UU., y diplomáticos europeos en Afganistán— temen que cualquier fumigación sobre campos de cultivo afganos empleando químicos estadounidenses, equivaldría a hacerle un favor a los propagandistas de los talibanes. Algunos de estos oficiales dicen que el costo político podría ser especialmente alto si el herbicida destruye cultivos de alimentos que los agricultores mantienen al lado de los de amapola”.
La fumigación en Colombia ha tenido ese mismo efecto. Al otorgar a grupos armados ilegales una oportunidad de colocarse como defensores de la población, la fumigación ha sido esencialmente un ejercicio de “contrainsurgencia a la inversa”.
En su fase posconflicto —si no se produce antes— el gobierno de Colombia debe formular un nuevo compromiso con sus remotas y abandonadas zonas agrícolas donde actualmente predomina la guerrilla y donde la fumigación es una práctica de rutina. Si se permite que las personas vivan en estas áreas, entonces la respuesta del gobierno debe consistir en otorgar títulos de tierra, redes de caminos, electricidad, agua potable, escuelas, servicios de salud, crédito y, sobre todo, la acción de las fuerzas del orden y del sistema judicial – no fumigación.
3. La fumigación no debe ser necesaria en una Colombia posconflicto.
Si un proceso de pacificación exitoso logra desmovilizar los grupos guerrilleros en Colombia, desaparecería la principal justificación para la fumigación. La situación en el terreno será suficientemente segura para volver innecesaria la erradicación desde el aire. No solamente los agentes de erradicación manual supuestamente no enfrentan el riesgo de un ataque de la guerrilla, sino que deberían abrirse la posibilidad para establecer una genuina presencia del Estado civil en áreas que han permanecido ignoradas por mucho tiempo.
En la mesa de negociaciones en La Habana, a cambio del alto al programa de fumigaciones por parte del gobierno de Colombia, las FARC deben comprometerse a ayudar a las comunidades a abandonar el cultivo de la coca en las zonas donde históricamente han tenido arraigo — y prevenir que nuevas organizaciones de traficantes ingresen a estas zonas.
Con unas FARC desmovilizadas, desaparecerá el principal obstáculo para la presencia de un estado civil en áreas de Colombia que han estado abandonadas por mucho tiempo. El gobierno de Colombia deberá enfrentar entonces un obstáculo que podría resultar aún más desafiante: su propia carencia histórica de voluntad política para ejercer la autoridad y brindar servicios básicos —especialmente, de justicia— en la mayor parte del territorio nacional.
La fumigación nunca podrá ser un sustituto de este papel del gobierno, y debe ser abandonada.
