A principios de noviembre, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) publicó un informe evaluando la situación de aplicación de las disposiciones laborales e iniciativas negociadas como parte de los tratados de libre comercio (TLC) con varios países de América Latina. El informe examinó los acuerdos firmados con Colombia y Perú, así como el acuerdo regional de América Central que incluye El Salvador, Guatemala y Honduras. El informe reconoce que los gobiernos en la región han adoptado importantes medidas para enfrentar los compromisos laborales. Pero concluye que necesitan más supervisión y una aplicación más vigorosa.
Una parte principal de la evaluación de la GAO abordó el cumplimiento con el plan de acción laboral (LAP) entre los Estados Unidos y Colombia, cuya aplicación ha sido parcial e incompleta.
Todavía quedan muchos desafíos con el plan de acción laboral. La GAO señaló que los organismos gubernamentales estadounidenses encargados de hacer cumplir las provisiones laborales, la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL por sus siglas en inglés), informaron que Colombia ha “hecho progreso significativo” con ciertos aspectos del plan, tal como la creación de instituciones y cambios en la legislación, incluyendo el establecimiento de sanciones penales para los esfuerzos por socavar los derechos de negociación colectiva. Desafortunadamente, la aplicación de estas acciones sigue siendo un problema grave.
La USTR admite que no se están recopilando las multas por abusos laborales, y que nuevas formas de contratación abusivas siguen siendo un problema mientras los empleadores continúan encontrando lagunas jurídicas que permitan evitar la contratación directa de los trabajadores. La Oficina en Washington Para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) ha recibido informes de sindicatos y activistas laborales dentro de los sectores prioritarios del plan de acción laboral (LAP), indicando que la impunidad sigue siendo la norma para asesinatos laborales, y que represalia contra los sindicatos y activistas laborales que intentan defender sus derechos de sindicación y negociación colectivas son rampantes. El Ministerio de Trabajo de Colombia ha hecho poco para lidiar con los esfuerzos descarados de anti-sindicalización por los empleadores en el azúcar, los puertos, el aceite de palma y sectores de la energía y para abordar los despidos masivos y otras represalias contra trabajadores que se organizan. Además, el Ministerio ha hecho poco para combatir la discriminación racial y las preocupaciones específicas que enfrentan los trabajadores afrocolombianos.
Al examinar la situación en determinados países con acuerdos comerciales, la GAO identificó otra preocupación importante. Los actores principales en los países socios, como sindicatos, no han presentado quejas cuando sus derechos han sido violados por falta de entendimiento sobre cómo hacerlo. Desde 2008, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL) sólo ha recibido cuatro denuncias formales alegando violaciones de las disposiciones laborales del TLC en los países latinoamericanos. Agravando el problema, la GAO encontró que el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL) excedió su plazo para investigar e informar sobre estas afirmaciones por un promedio de casi nueve meses, prolongando las condiciones laborales negativas para los trabajadores. Sólo una de las cuatro quejas se ha resuelta.
La USTR y el DOL deben actuar rápidamente para abordar los problemas señalados por el informe de la GAO y aplicar sus recomendaciones. Los políticos estadounidenses también deben actuar con más audacia para garantizar que los cambios legislativos e institucionales en Colombia y otros países llevan a protección de los derechos laborales en el terreno.
Imagen cortesía de Wirralwater en Flickr.
