(Marisa Montes)

15 May 2019 | Análisis

Informe innovador explora el impacto de las políticas de drogas en niñas y niños con madres y padres encarcelados

La Convención sobre los Derechos del Niño incluye dos principios que establecen al niño como sujeto de derechos—en lugar de ser solamente objetos a proteger—el principio del interés superior del niño y la obligación de escucharlo en todas las decisiones que la/lo afectan. Según el Artículo 3.1 de la Convención, “En todas las medidas concernientes a los niños (…) una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Esto implica evaluar el impacto en las niñas y niños de cualquier medida implementada por el Estado y considerar sus voces al diseñar e implementar políticas públicas.

Se calcula que 2 millones de niñas, niños y adolescentes tienen a uno de sus madres y padres privados de libertad en América Latina y el Caribe. De ellos, casi medio millón vive en esta situación debido al encarcelamiento de personas por delitos menores de drogas no violentos. En la gran mayoría de los casos, el encarcelamiento de la madre o padre afecta negativamente su desarrollo, y las niñas y niños sufren varias formas de daño cuando sus cuidadores son encarcelados.

Para evaluar los impactos de las políticas actuales de drogas en las niñas, niños y adolescentes de madres y padres encarcelados, el Church World Service (CWS) publicó un informe innovador, Niñez que cuenta: el impacto de las políticas de drogas sobre niñas, niños y adolescentes con madres y padres encarcelados en América Latina y el Caribe. El estudio se lanzó el 29 de abril de 2019, en un evento organizado por el CWS, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en ingles) y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos.

La investigación, primera de su tipo, se enfoca en un cruce poco examinado: los derechos de la niñez y adolescencia, las políticas de drogas y el encarcelamiento. Resume y compara la información contenida en ocho informes de países: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá y Uruguay. Sobre la base del trabajo de campo realizado en cada país, el informe proporciona extensos datos cuantitativos sobre personas encarceladas por ofensas relacionadas con drogas y estima el número de hijas e hijos de madres y padres encarcelados. Además, proporciona testimonios personales de 70 niñas y niños cuyas madres, padres o cuidadores principales están encarcelados. Coletta A. Youngers de WOLA fue asesora de la investigación.

Los testimonios y la amplia evidencia proporcionada en el informe son concluyentes: las políticas punitivas de drogas tienen un impacto negativo en las hijas e hijos de madres y padres encarcelados. Las niñas y niños están expuestos a múltiples formas de violencia, incluidos los efectos psicológicos de la separación y la discriminación, y se enfrentan a situaciones de exclusión social y de vulnerabilidad. Por lo tanto, los Estados deben colocar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el centro de sus políticas públicas, involucrarlos en las discusiones sobre leyes y políticas que los afectan directa o indirectamente, e incorporar una perspectiva de género en la investigación sobre la encarcelación y sus impactos.

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