(Foto: Propuesta Cívica)
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Mientras la crisis de derechos humanos y de seguridad continúa en México, la situación de periodistas y personas defensoras de derechos humanos resulta especialmente preocupante. Solo en 2018, organizaciones de la sociedad civil documentaron los asesinatos de 48 personas defensoras de derechos humanos y ocho periodistas. Con estos indicadores, México continúa siendo uno de los países más peligrosos en el mundo para activistas y comunicadores, con un grave costo en cuanto a la lucha por los derechos humanos, la libertad de expresión y la rendición de cuentas del gobierno.
A la hora de publicar este informe, al menos 17 periodistas y personas defensoras de derechos humanos han sido asesinados desde el 1 de diciembre de 2018, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo tras encabezar una campaña electoral enfocada en gran medida en el combate a la corrupción y la inseguridad, y en la pacificación y reconciliación para el pueblo mexicano. Este informe se centra en cómo el nuevo gobierno puede abordar un aspecto importante de este esfuerzo: crear un entorno más seguro y propicio para que periodistas y personas defensoras de los derechos humanos puedan realizar su importante trabajo.
Washington, D.C.—Un nuevo informe, publicado hoy por las organizaciones de derechos humanos la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés), detalla las deficiencias de las agencias mexicanas encargadas de abordar la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos. México continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para estos grupos, con al menos 12 personas defensoras y periodistas asesinados en el país solo en los primeros tres meses de 2019. El informe, Cambiando el curso de la impunidad: Protección y acceso a la justicia para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México, proporciona una serie de recomendaciones sobre cómo el nuevo gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador puede acabar con esta ola de violencia, y cómo el gobierno de los Estados Unidos puede continuar apoyando estos esfuerzos. El informe llega días después de que el gobierno de López Obrador presentó una valoración del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como una serie de acciones planeadas para mejorar sus operaciones.
“Los periodistas y personas defensoras de derechos humanos desempeñan un papel fundamental revelando la corrupción e incidencia delictiva, exigiendo la responsabilidad del gobierno y protegiendo los derechos y libertades más fundamentales del pueblo mexicano“, dijo Maureen Meyer, Directora para México y Derechos de Migrantes en WOLA. “El reciente compromiso del gobierno de López Obrador de mejorar el Mecanismo es una señal importante de su compromiso de atender las fallas del pasado para garantizar la seguridad de periodistas y personas defensoras en riesgo”.
El informe conjunto de WOLA y PBI, escrito por Gina Hinojosa, Virry Schaafsma y Maureen Meyer, analiza cómo el Mecanismo no ha podido proporcionar protección adecuada para los defensores y periodistas en riesgo o abordar las causas fundamentales de las amenazas y ataques que sufren. A pesar de que seis personas inscritas en el Mecanismo han sido asesinadas desde agosto de 2017, el gobierno mexicano no ha dedicado suficientes recursos para fortalecer el programa de protección. Actualmente, solo hay 35 personas en el Mecanismo que supervisa la protección de 831 periodistas y personas defensoras, mientras que el presupuesto federal de México para 2019 recortó los fondos para medidas de protección en más de 50.2 millones de pesos en comparación con lo que el Mecanismo gastó en las medidas en 2018.
“En sus seis años de existencia, el Mecanismo aún no ha desarrollado políticas y prácticas capaces de proteger eficazmente a los periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, dijo Hannah Matthews, Coordinadora de Comunicaciones en PBI. “El Mecanismo no puede abordar sus deficiencias con sus recursos humanos y presupuesto actuales. Proporcionar fondos adicionales sería el primer paso que el gobierno mexicano puede tomar para garantizar que el Mecanismo cuente con los recursos necesarios para manejar su creciente carga de trabajo”.
Cambiando el curso de la impunidad subraya que, más allá de no proporcionar protecciones efectivas, el gobierno mexicano no ha investigado y sancionado efectivamente los delitos contra periodistas y personas defensoras, el factor más importante que lleva a más ataques. Basado en información recopilada a través de solicitudes de transparencia a varias agencias mexicanas, el informe encuentra que entre 2012 y junio de 2018, menos de tres por ciento de las investigaciones iniciadas por las fiscalías y procuradurías estatales analizadas por WOLA y PBI llegaron a los tribunales. De los 1,077 casos investigados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) durante este período, menos de 12 por ciento fueron llevados a juicio, y solo cinco casos—menos de un por ciento—resultaron en sentencias condenatorias. Además, a pesar de la creciente carga de trabajo de FEADLE y la necesidad desesperada de contar con personal adicional, su presupuesto se redujo en un 54 por ciento entre 2014 y 2018.
“Hasta que el gobierno mexicano comience a abordar la impunidad por los delitos contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, los que buscan silenciar a sus críticos continuarán sintiéndose alentados para hacerlo”, dijo Gina Hinojosa, Asistente de Programas en WOLA. “El gobierno de López Obrador tiene una importante oportunidad para cambiar el rumbo y enviar el mensaje de que no se tolerarán los ataques contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en el país”.
