(AP Photo/Matilde Campodonico)

15 Oct 2021 | Análisis

Reciente informe de ONU sobre políticas de detención arbitraria y de drogas subraya la urgencia de una reforma

Un reciente informe de derechos humanos de las Naciones Unidas pone de manifiesto el uso generalizado de la detención arbitraria por parte de los gobiernos en el contexto de políticas de control de drogas.

El estudio, presentado por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (GTAD) en la sesión de junio-julio de 2021 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), documenta las altas tasas de detención arbitraria en todo el mundo para los sospechosos de actividades relacionadas con las drogas. Esta dependencia de la detención arbitraria está aumentando las tasas de encarcelamiento en todo el mundo, aumentando la población en las cárceles y prisiones en un momento en que la actual pandemia de COVID-19 está llamando la atención sobre la necesidad de reducir el hacinamiento en las cárceles, especialmente vulnerables al virus.

El informe del Grupo de Trabajo documenta de qué manera, si bien los Estados deben cumplir con las obligaciones de derechos humanos en virtud del derecho internacional—como garantizar una protección jurídica adecuada y el debido proceso para quienes ingresan en el sistema de justicia penal, la dependencia de políticas de drogas severas da lugar a violaciones sostenidas de estas normas.

El Grupo de Trabajo, un órgano de cinco expertos independientes creado en 1991, se encarga de investigar los casos en los que las personas son detenidas o encarceladas de forma arbitraria, es decir, privadas de libertad de una forma que incumple las normas internacionales (por ejemplo, por haber sido detenidas sin una orden judicial adecuada o por haber sido encarceladas sin respetar los derechos procesales). El mandato del grupo se prorrogó en 2019 por un periodo adicional de tres años.

El nuevo informe del Grupo de Trabajo fue impulsado por una recomendación que el propio grupo ha emitido; también fue solicitado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El grupo elaboró el informe en consulta con los Estados miembros de la ONU, las partes interesadas de la sociedad civil, las organizaciones internacionales y las agencias de la ONU.

WOLA y un grupo de socios—entre ellos el Consorcio Internacional sobre Políticas de DrogasDejusticiaEQUIS: Justicia para las mujeres, y la Universidad Autónoma de Chiapas, México—presentaron una guía de expertos mientras el Grupo de Trabajo preparaba su informe. Esta presentación enfatizó la necesidad de un enfoque basado en el género, dado el impacto desproporcionado de las políticas punitivas de drogas sobre las mujeres. El informe final del Grupo de Trabajo incorpora estas preocupaciones, a la vez que examina el impacto de las detenciones arbitrarias en otros grupos vulnerables, como las personas LGBTI+ y los indígenas.

El Grupo de Trabajo constató que “las personas que consumen drogas corren un riesgo especial de ser detenidas arbitrariamente”. En América Latina, muchos países ponen automáticamente en prisión preventiva a los acusados de cargos relacionados con las drogas, como Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, México y Perú. Incluso en países como Costa Rica y Guatemala, donde la ley no impone la prisión preventiva para los acusados de delitos de drogas, existen prácticas similares, que aumentan las tasas de encarcelamiento. Además, el informe hace hincapié en el aumento de la tortura de las personas detenidas arbitrariamente, especialmente en el contexto de la aplicación militarizada de la ley de drogas en países como México.

El informe del Grupo de Trabajo culmina con 17 recomendaciones, empezando por un llamado a los Estados miembros de la ONU para que “despenalicen el uso, la posesión, la adquisición o el cultivo de drogas para uso personal, incluida la posesión de la parafernalia asociada”.

Otras recomendaciones incluyen poner fin al uso de los tribunales de drogas, frenar la participación de los militares en las operaciones de represión y proteger los derechos de los pueblos indígenas a cultivar las plantas que tradicionalmente han cultivado para sus fines religiosos, medicinales y consuetudinarios.

Las normas internacionales de derechos humanos prohíben las detenciones arbitrarias, pero, como se destaca en el informe del Grupo de Trabajo, los Estados recurren con frecuencia a esta práctica ilegal como parte de la aplicación continua de duras políticas antidroga. Los Estados deberían tener en cuenta las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo como herramienta para una reforma muy necesaria. 

El nuevo informe del Grupo de Trabajo sigue a la publicación de un documento a principios de este año en el que se exponía la “posición común” de la ONU sobre el encarcelamiento. El documento abogaba por reducir la dependencia excesiva del encarcelamiento y por reducir la población carcelaria, ninguna de las cuales puede lograrse sin abordar el uso de la detención arbitraria en el contexto del control de drogas. Un documento anterior de “posición común”, publicado en julio de 2019, pedía un enfoque verdaderamente equilibrado, global, integrado, basado en la evidencia y en los derechos humanos para el marco de la política mundial de drogas.

Todo este reciente conjunto de informes de la ONU marca una clara dirección para que los gobiernos reformen sus leyes y prácticas en materia de drogas. Sin embargo, sigue existiendo una gran diferencia entre las prácticas de los Estados y las recomendaciones de las posiciones comunes de la ONU y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Como destaca el informe del Grupo de Trabajo, el uso de la detención arbitraria para mantener las políticas punitivas en materia de drogas es otra manifestación del amplio daño de la “guerra contra las drogas”. Mientras se siga ignorando la realidad de que la detención arbitraria es una medida fracasada e innecesaria, la criminalización de las personas implicadas en el tráfico de drogas (ya sea por una necesidad económica, cultural o personal) seguirá siendo un conducto que llena las cárceles y destruye las comunidades de toda la región.

Isabella Oliver es asistente de programa en WOLA.

Este comentario fue traducido al español por Carolina Ahumada.