(-Scopio)
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El encarcelamiento de mujeres en América Latina se ha incrementado dramáticamente en el curso de las últimas dos décadas. No sólo ha aumentado el número absoluto de mujeres encarceladas, sino que también ha crecido su porcentaje entre la población penitenciaria en general, y es alarmante la tasa actual del aumento de la población de mujeres encarceladas. Más aún: el número de mujeres tras las rejas está creciendo mucho más rápidamente que el de los hombres en la misma situación.
Estas tendencias no pueden ser explicadas por el crecimiento de la población de mujeres en general, o simplemente por el incremento del número total de personas en prisión. Más bien, la fuerza que alimenta estos datos es la adopción de leyes punitivas sobre drogas que afectan a las mujeres de manera desproporcionada. En la mayoría de los países de América Latina, los delitos relacionados con drogas son la principal causa de encarcelamiento de las mujeres. Por ejemplo, datos disponibles muestran que, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, los delitos relacionados con drogas son los más comúnmente imputados a las mujeres encarceladas. En términos meramente numéricos, en los países de América Latina hay más hombres que mujeres encarcelados por delitos relacionados con drogas. Pero el porcentaje de mujeres encarceladas por tales delitos es casi siempre más alto que el correspondiente a los hombres. Datos compilados por WOLA muestran que, en Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y el Perú, la proporción de mujeres que son encarceladas por delitos relacionados con drogas es al menos un 30% más alta que en el caso de hombres encarcelados por este motivo en esos mismos países. El uso excesivo de la detención preventiva es un factor fundamental que contribuye al desmesurado encarcelamiento de mujeres por delitos relacionados con drogas en América Latina. Investigaciones realizadas muestran que, en todos los países estudiados, hay más mujeres que hombres en situación de detención preventiva por delitos relacionados con drogas.
El encarcelamiento de estas mujeres no consigue alterar en absoluto los mercados de drogas ni desbaratar el tráfico de estas sustancias, porque ellas cumplen primordialmente funciones menores que conllevan un alto riesgo y son fácilmente reemplazadas, mientras que quienes conducen estas redes criminales rara vez terminan en la cárcel. Sin embargo, las consecuencias del encarcelamiento para estas mujeres, su familias y comunidades pueden ser devastadoras. La pandemia del COVID-19 —y su impacto desproporcionado sobre las personas encarceladas— confiere incluso mayor urgencia a la implementación de reformas para reducir dramáticamente el número de mujeres que se encuentran tras las rejas. El informe concluye con un llamamiento a adoptar recomendaciones para desarrollar e implementar políticas referidas a drogas y prisión con enfoque de género, basadas en criterios de derechos humanos y salud pública—políticas que también tomen en cuenta las interseccionalidades y vulnerabilidades múltiples de mujeres en situaciones de pobreza o extrema pobreza; personas LGBTI+, afrodescendientes, extranjeras, o indígenas; y mujeres embarazadas y/o con niños.
