Entre 2000 y 2017, el encarcelamiento de mujeres a nivel mundial aumentó un 53%, mientras que el de hombres un 19%. En América Latina, la causa principal del encarcelamiento de mujeres son las políticas severas de drogas. En países como Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú y Venezuela, más de la mitad de mujeres están privadas de libertad por delitos de drogas menores y no violentos.
En conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Procuración Penitenciaria de la Nación de Argentina y RESET Política de Drogas y Derechos Humanos lanzaron un video e infografías para promover la implementación de políticas de drogas con perspectiva de género y derechos humanos. El video subraya el impacto desproporcionado del enfoque punitivo de la llamada “guerra contra las drogas” sobre las mujeres en América Latina.
La mayoría de las mujeres privadas de libertad viven en condiciones de vulnerabilidad y pobreza y tienen bajos niveles de educación. Estas mujeres rara vez son una verdadera amenaza para la sociedad. La mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel pero de alto riesgo como distribución de drogas a pequeña escala o por transportar drogas. Por lo general, entran en el comercio de drogas por necesidad económica o porque es una empresa familiar; algunas son obligadas por sus parejas o familiares abusivos. Según una encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo desarrollada en 8 países de América Latina, el 87% de las mujeres encarceladas son cuidadoras de sus hijos, hijas y/o personas mayores, el 72% son acusadas de delitos no violentos y el 56% han sido víctimas o testigos de violencia doméstica.
El encarcelamiento desproporcionado de mujeres tiene consecuencias desbastadoras para ellas, sus hijos, familias y comunidades. Varios estudios han señalado que, en ausencia de fuertes redes de protección social, las personas dependientes pueden estar expuestas a situaciones de abandono y mayor marginación.
Sin embargo, esto no tiene que ser así. La privación de libertad debe ser utilizada como último recurso y ser reservada para los delitos graves y violentos. Los países de América Latina deben implementar políticas de drogas con perspectiva de género y derechos humanos. Además, las mujeres afectadas deben ser parte de los debates de políticas de drogas. Algunas de las reformas necesarias incluyen la descriminalización del consumo, la proporcionalidad de las penas, la eliminación de penas mínimas obligatorias y la excarcelación.
