Verdad y Justicia en Guatemala
Verdad y Justicia en Guatemala
Pedrina López de Paz se sienta ante el tribunal para contarle sobre la noche más calamitosa de su vida. Era el 20 de agosto de 1982, en pleno auge del conflicto armado interno en Guatemala. Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio en 2013, era el presidente de facto.
Pedrina vivía con sus padres y cuatro hermanos menores en la aldea de Pacotzij, ubicada en el municipio de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz. Cerca del 80 por ciento de la población de Rabinal se identifica como Maya Achi.
Dos vecinos, los hermanos Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, llegaron a la casa. Pedrina, que entonces tenía 12 años, recuerda que su mamá les dio de comer. Pasado el tiempo, los hermanos Ruiz Aquino se retiraron, pero horas después regresaron vestidos con uniforme militar y sus caras pintadas. Estaban acompañados de soldados. Pedrina los reconoció de inmediato.
Entraron a la casa gritando y sacaron a su padre a golpes. Lo acusaban de ser guerrillero y le exigieron que les diera información. Hicieron lo mismo con su madre, luego de empujar a su hijo menor, un bebé de apenas un año y tres meses, al suelo. Fue entonces que se los llevaron hacia el monte. Pedrina nunca más los volvió a ver.
Esa misma noche, los hermanos Ruiz Aquino regresaron a la casa de Pedrina. Cuando los vio acercarse a su hermano Agustín, de diez años, Pedrina les gritó para que no le hicieran daño. Voltearon hacia ella y durante dos horas los hermanos Ruiz Aquino la violaron varias veces, delante de sus hermanos.
Luego se fueron y se llevaron todo lo que había: sus animales, su ropa, y los pocos bienes que tenían, como una radio y unos pocos quetzales. “Nos quedamos sin nada”, Pedrina dijo al tribunal. Siendo ella todavía una niña, se tuvo que encargar de sus cuatro hermanos menores. Su hermano Agustín y la hermana de su madre, Feliciana de Paz, quien ayudó a cuidarla después de su violación, también testificaron sobre los hechos.
Al final de su intervención, Agustín dijo al tribunal que después de lo que pasó, “se apagó el fuego de la olla de nuestros tamalitos”.
Tras cuarenta años de sufrir en silencio, Pedrina encontró justicia. El 24 de enero de 2022, un tribunal guatemalteco encontró a los hermanos Aquino y a otros tres hombres, Francisco, Damián y Gabriel Cuxum Alvarado, culpables de crímenes de lesa humanidad en la forma de violencia sexual contra ella y otras cuatro mujeres denunciantes, y fueron condenados a la pena máxima de 30 años de prisión. Uno de ellos, Gabriel Cuxum Alvarado, fue sentenciado a diez años adicionales por alteración de su identidad y por falsificar documentos, que le permitió evadir la justicia por varios años.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, creada en el context de los acuerdos de paz para investigar las graves violaciones de derechos humanos sucedidas durante el conflicto armado interno en Guatemala, determinó que el 20 por ciento de la población Maya Achi fue eliminada durante el conflicto armado guatemalteco, y Rabinal fue identificada como una de las cinco regiones donde el Ejército cometió genocidio. La Asociación Bufete Jurídico Popular de Rabinal (ABJP), creada en 1999, se ha dedicado a trabajar sobre el legado de la guerra sobre la población Maya Achi. Brinda apoyo psicológico a las víctimas, busca reconstruir relaciones comunitarias resquebrejadas por el miedo y el terror, y presenta demandas legales para lograr la justicia para las víctimas.
Durante sus investigaciones sobre una serie de masacres del ejército en Rabinal y sus alrededores —Plan de Sánchez, Río Negro, Chichupac—, los y las investigadores de la ABJP detectaron patrones claros en los que soldados y miembros de las patrullas de autodefensa civil (PAC) cometieron violencia sexual contra las mujeres. En general, la violación sexual ocurrió en el contexto de otros delitos, tales como masacres, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada. En 2011, la ABJP presentó una denuncia de 36 mujeres Maya Achi que fueron víctimas de violencia sexual entre 1981 y 1985.
Pedrina López de Paz sentada en la sala del tribunal el último día del caso de violencia sexual Maya Achi, 24 de enero de 2022. Foto: Verdad y Justicia en Guatemala.
El camino hacia la justicia ha sido tumultuoso. Recien en 2018 se dieron las primeras capturas en el caso: Siete exmiembros de las PAC de Rabinal —entre ellos los hermanos Ruiz Aquino— fueron detenidos. Tres hombres denunciados por las mujeres Achi lograron evitar ser capturados. Los siete detenidos fueron ligados a proceso, aunque uno de ellos murió en custodia.
En 2019, ya en la etapa intermedia del proceso, la jueza de primera instancia, Claudette Domínguez, sobreseyó la acusación contra los seis hombres —provisionalmente para tres de ellos, incluyendo los hermanos Ruiz Aquino, y de modo definitivo para los otros tres—. No deja de ser llamativo que una jueza mujer decidiera no creer a otras mujeres que sufrieron la violencia sexual.
Pero las mujeres Achi y sus tenaces defensoras, ellas mismas indígenas, no se dieron por vencidas. Lograron recusar a la jueza Domínguez, no solo por su actitud discriminatoria y por tener un sesgo en su contra por ser indígenas, sino también por no tomar en cuenta sus testimonios como prueba de la probable culpabilidad de los expatrulleros.
Un nuevo juez, Miguel Ángel Gálvez, retomó el caso cuando uno de los fugitivos, Francisco Cuxum Alvarado, fue deportado de Estados Unidos a Guatemala en enero de 2020. En este contexto, el juez citó a los hermanos Ruiz Aquino y el Damián Cuxum Alvarado, quienes habían sido liberados de modo provisional en 2019 y los procesó. Otro fugitivo, Gabriel Cuxum Alvarado, fue capturado en mayo de 2021. Luego de revisar las evidencias del caso, el juez Gálvez envió a los cinco a juicio. Simeón Enriquez Gómez, Felix Tum Ramírez y Pedro Sánchez Cortez, los otros tres liberados por la jueza Domínguez, permanecen en libertad, pero las mujeres Achi han pedido la revocatoria de su dictamen para que sean enjuiciados también. Aún hay un denunciado que se mantiene fugitivo de la ley.
Es una justicia parcial, por cierto. De las 36 mujeres que presentaron la denuncia en 2011, en este proceso sólo se juzgaron los responsables de los crímenes cometidos contra cinco de ellas.
Y por el momento, sólo se ha logrado responsabilizar a los perpetradores directos, no a los autores intelectuales de los crímenes que sufrieron. Aún nadie responde por la desaparición forzada, ni les han informado del destino final, de sus esposos, sus padres y otros familiares asesinados por las PAC en combinación con el Ejército de Guatemala.
Aún así, es una justicia que se debe celebrar. Son pocas las veces que mujeres que fueron violadas sexualmente durante un conflicto armado interno han logrado acusar y condenar a los perpetradores. En Guatemala, es solo la segunda vez que se ha enjuiciado un caso de violencia sexual contra mujeres indígenas durante el conflicto armado interno, siendo el primero el juicio histórico de Sepur Zarco, celebrado en 2016, cuando 15 mujeres Q’eqchíes lograron la condena de un exmilitar y un excomisionado militar por haberles violado de manera sistemática, y por someterlas a un sistema de esclavitud sexual y doméstico durante varios años en el destacamento militar de Sepur Zarco. En 2018, cuatro altos mandos militares fueron condenados por crímenes de lesa humanidad y por violencia sexual agravada contra Emma Molina Theissen y por la desaparición forzada de su hermano en 1981.
Es una victoria para las mujeres Achíes que pudieron mirar a la cara a los perpetradores de horrendos crímenes contra su cuerpo y alma, y que pudieron contar a toda la sociedad lo que les pasó. Pudieron dejar atrás, como nos contó Pedrina luego del juicio, la vergüenza que por años sentía por las violaciones que sufrió a manos de los hermanos Aquino Ruiz: “Me dio vergüenza contar todo lo que nos pasó, pero ahora, con esta condena, ya no siento vergüenza”.
Pedrina y sus codemandantes demostraron a otras sobrevivientes de violación, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, que no son responsables de lo que les sucedió y que tienen derecho a buscar justicia.
También es una victoria que la corte ordenara un programa de reparación integral para las mujeres, que incluye reparaciones económicas, atención médica y psicológica, y becas educativas para sus hijos y nietos, para ayudar a compensar a las mujeres por el terrible daño emocional y físico que han sufrido por tantos años. Además del trauma emocional, la mayoría de las mujeres quedaron en condiciones de extrema pobreza y obligadas a desplazarse de sus comunidades, se refugiaron en la costa sur, donde vivían en condiciones infrahumanas. Esto, según la Dra. Velásquez Nimatuj, quien fue perita en el caso, volvió a reproducir en sus cuerpos la larga historia de trabajo forzado que aseguraba los intereses de los terratenientes. Muchas de ellas abandonaron su idioma y su vestimenta —tuvieron que “ocultarse y borrar su ser Achi”— para poder sobrevivir.
Se demostró en este juicio, así como en el Sepur Zarco, que la violencia sexual y la esclavitud fueron estrategias del Ejército de Guatemala para controlar los cuerpos de las mujeres y de subyugarlas no solamente a ellas, sino a toda la comunidad, a través del terror. La violencia y la violencia sexual tuvieron como objetivo desarticular la capacidad organizativa social y colectiva de la comunidad Achi. La violencia sexual no es un hecho aislado, sino es parte de la estrategia contrainsurgente: la violencia sexual era un arma de guerra, como un rifle o una bomba.
El juicio logró evidenciar también como el Ejército de Guatemala buscó dividir a las comunidades indígenas no sólo con las políticas de tierra arrasada, masacres, torturas y violencia sexual, sino también a través de la creación de las PAC. Los cinco condenados en el caso son hombres Achi. El juicio reveló cómo la formación militar y las órdenes que recibieron deshumanizaron a los hombres indígenas, llevando a que se convirtieran en perpetradores directos de violencia contra mujeres de su propia comunidad —y en algunos casos, de sus propias familias—.
También se logró esclarecer a través de este juicio que la violencia ejercida por el Ejército de Guatemala y grupos paramilitares como las PAC tuvieron, en muchas ocasiones, objetivos no militares sino económicos. Tanto en Sepur Zarco como en Rabinal, se estableció a través de estos procesos judiciales que no eran zonas de gran presencia guerrillera, y que el motivo de la violencia estatal era otro. En el caso de Sepur Zarco, los terratenientes de la zona querían parar un proceso de organización comunitaria para recuperar tierras despojadas de las comunidades Q’eqchi’ y por ello llamaron a los militares a eliminar a los “guerrilleros” que no eran más que miembros de la comunidad que lideraban este proceso de recuperación.
En el caso Maya Achi, el motivo fue la necesidad de remover a las comunidades indígenas de Rabinal que se oponían a la represa Chixoy. Fue para construir este llamado proyecto de desarrollo, financiado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que el ejército guatemalteco llevó a cabo una secuencia de masacres contra las comunidades Maya Achi —Plan de Sánchez, Río Negro, Chichupac— en las que más de 400 personas fueron asesinadas, unas 6.000 fueron desplazadas por la fuerza y mujeres y niñas fueron violadas sistemáticamente. A través del juicio, se evidencia, en palabras de la Dra. Velásquez Nimatuj, “una conexión entre el sistema capitalista depredador y el sistema machista y racista que se impulsaba desde el Estado”.
El tribunal, presidido por la jueza Yassmin Barrios, una icónica figura en el país por su papel en casos de alto nivel, incluyendo el caso de genocidio de 2013 y el de Sepur Zarco en 2016, les creyó a las mujeres Achi y ayudó a reescribir su historia. Con juicios como el que se acaba de celebrar en Guatemala se logra recuperar un trozo más de una historia negada y distorsionada por parte de los militares y las élites que jamás han querido reconocer la violencia estatal contra la población civil. Para ellos estos son meros “daños colaterales” de la guerra, y la guerra es justificada por razones ideológicas. Con juicios como este, la verdad se va abriendo paso, para que generaciones futuras puedan entender lo que realmente pasó en Guatemala: un Estado depredador, excluyente y genocida mató, torturó y violó para mantener el poder y privilegio de unos cuantos sobre el resto de la población.
Esta es una victoria, sí. Pero las victorias legales solo llegan hasta cierto punto. Pedrina dice estar satisfecha con el veredicto, pero aún siente dolor físico y estrés postraumático. “Me robaron la juventud”, dice. “Nada puede borrar el recuerdo de lo que mi hicieron”. Hasta ahora no conoce el paradero de sus padres. “Mamá y papá están muertos. No tenemos sus restos, todavía están desaparecidos,” dice Pedrina. “No podemos darles sepultura. Hasta ahora no los encontramos”. Los hermanos Ruiz Aquino negaron cualquier responsabilidad por lo sucedido a Pedrina y sus padres. “Pero”, dijo Pedrina, “ellos saben dónde los tienen”. Para mujeres como Pedrina, la verdadera justicia aún está muy lejos de alcanzar.
*Este artículo fue publicado originalmente en ingles en el medio digital salvadoreño El Faro el 9 de febrero de 2022 y traducido y republicado con permiso. Vea el artículo original aquí.
Jo-Marie Burt es Investigadora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y profesora asociada de la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason.
Paulo Estrada es defensor de los derechos humanos. Son cofundadores y codirectores de Verdad y Justicia en Guatemala, que monitorea, analiza e informa sobre los procesos judiciales por crímenes de guerra en Guatemala.
