Esperanza en medio de la oscuridad: las víctimas continúan en su búsqueda de justicia por crímenes del conflicto armado interno de Guatemala

*Este análisis es una traducción del comentario que fue publicado por WOLA el 2 de diciembre de 2021, que refleja algunas actualizaciones de contexto

En el último año, las élites de Guatemala han buscado reafirmar su control sobre el sistema de justicia. En su intento han desatado campañas de intimidación a fiscales y jueces independientes buscando destituirlos de sus puestos, mientras que otros han debido enfrentar denuncias espurias que buscan criminalizarlos. En varios casos, estos jueces han sido sustituidos por operadores leales a esas élites, deshaciendo años de progreso en el fortalecimiento de la independencia fiscal y judicial y la lucha contra la corrupción y la impunidad.

A pesar de estos preocupantes retrocesos en el Estado de derecho y los esfuerzos anticorrupción, varios casos de justicia transicional de alto perfil se encuentran actualmente ante los tribunales de Guatemala. El caso del Diario Militar, que incluye a 195 víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual entre 1983 y 1985, es el más dramático de ellos. En mayo de 2021, 12 militares y policías de alto y medio rango fueron detenidos, y 11 de ellos fueron ligados a proceso. Otra docena de casos de derechos humanos relacionados con el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996) se están abriendo paso actualmente en los tribunales guatemaltecos, avanzando a pesar de grandes obstáculos, dado el clima cada vez más hostil para la justicia.

Estos avances se deben en gran medida a la persistencia y el empoderamiento de los sobrevivientes y las familias de las víctimas, así como los operadores de justicia que siguen haciendo su trabajo con profesionalismo y rigor, en ocasiones a pesar del gran riesgo personal que esto implica. Sin embargo, los continuos esfuerzos por bloquear estos juicios y cooptar el sistema judicial por parte de exoficiales militares, élites políticas conservadoras y miembros de la oligarquía, amenazan el futuro de estos casos.

Este artículo analiza el sorprendente éxito del proceso de justicia transicional de Guatemala, los intentos concertados de las élites para poner fin a los juicios de derechos humanos, y resume los casos que actualmente están ante los tribunales guatemaltecos. Concluye con breves recomendaciones para que el gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional apoyen los esfuerzos de justicia transicional en curso en Guatemala.

El proceso de justicia transicional en Guatemala

Desde la firma de los acuerdos de paz en 1996, los tribunales guatemaltecos han dictado 26 sentencias en 21 casos de violaciones de derechos humanos durante la época del conflicto, incluyendo genocidio, masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y otros crímenes de lesa humanidad. Casi 70 militares, soldados, policías y miembros de las Patrullas de Autodefensa civil (PAC) han sido condenados por graves violaciones de los derechos humanos. Entre los condenados se encuentran altos mandos militares que diseñaron y aplicaron políticas de contrainsurgencia que dieron lugar a graves atrocidades contra la población civil no combatiente. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido 14 sentencias contra Guatemala por violaciones de los derechos humanos en tiempos de guerra.

CONDENAS EN CASOS DE DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE GUERRA EN GUATEMALA, 1993-2021

Varios de estos juicios representan esfuerzos pioneros para lograr justicia por las atrocidades cometidas durante la guerra. El juicio en 2013 del general retirado del ejército Efraín Ríos Montt fue la primera vez que se juzgaba a un ex jefe de Estado en Guatemala por graves violaciones a los derechos humanos y la primera vez que un tribunal nacional enjuiciaba el delito de genocidio. Aunque la Corte de Constitucionalidad retrotrajo el proceso judicial, dejando la condena a Ríos Montt sin efecto, en 2018 un segundo tribunal declaró por unanimidad que el ejército guatemalteco cometió genocidio durante su reinado de terror de 17 meses.

La condena en 2016 de dos militares en el caso Sepur Zarco por violencia sexual y esclavitud sexual y doméstica fue otro momento parteaguas para la justicia global. Quince mujeres q’eqchi’ rompieron el silencio sobre uno de los aspectos menos reconocidos de la guerra contrainsurgente guatemalteca: la práctica del ejército guatemalteco de utilizar la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra. Esta fue la primera vez que un tribunal guatemalteco juzgó la violencia sexual en tiempos de guerra, así como también la primera vez que un tribunal nacional juzgó el delito de esclavitud sexual.

En el juicio Molina Theissen 2018, cuatro altos mandos militares fueron condenados por delitos contra los deberes de la humanidad, agresión sexual agravada y desaparición forzada. Esta fue la primera vez que miembros del alto mando del ejército fueron procesados como autores intelectuales de violencia sexual en tiempos de guerra y por la desaparición forzada de un niño: Marco Antonio Molina Theissen. Entre los condenados están el general retirado del ejército Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército Guatemalteco y artífice de la política de contrainsurgencia de tierra arrasada que dio lugar a atrocidades masivas, así como su jefe de inteligencia militar, el general retirado Manuel Callejas y Callejas.

También en 2018, el exmilitar Santos López Alonso fue condenado por su responsabilidad en la masacre de Dos Erres de 1982, en la que la unidad de fuerzas especiales conocida como los Kaibiles mató a unos 200 civiles, entre ellos mujeres, niños y ancianos. López Alonso fue juzgado tras ser deportado de Estados Unidos en 2016. Ramiro Osorio Cristales, un niño sobreviviente de la masacre de las Dos Erres que fue secuestrado y adoptado ilegalmente por López Alonso después de la masacre, viajó a Guatemala desde Canadá para testificar contra el antiguo instructor kaibil. López Alonso es el sexto militar condenado en este caso, con condenas anteriores en 2011 y 2012.

Estos procesos exitosos animaron a las víctimas de otras graves violaciones a los derechos humanos a buscar justicia en sus casos. Bajo el liderazgo de la entonces Fiscal General Claudia Paz y Paz (2010-2014), la Fiscalía de Derechos Humanos desarrolló protocolos para investigar casos de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno, incluyendo crímenes que son difíciles de procesar, como la violencia sexual. Aprendieron a trabajar de manera colaborativa con las organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas y que por años vienen documentando las violaciones de los derechos humanos, tomando testimonio de las personas sobrevivientes y familias de las víctimas, así como recolectando otras pruebas. A su vez, aprendieron la importancia de respetar la dignidad de las víctimas y de garantizar que el proceso de búsqueda de justicia no se traduzca en una revictimización. En este sentido, los esfuerzos por fortalecer la independencia del poder judicial, liderados por magistrados pioneros como César Barrientos y apoyados por la comunidad internacional, animaron a las víctimas a buscar justicia en los tribunales guatemaltecos.

Retroceso en el Estado de Derecho y la independencia judicial

La reacción a estos esfuerzos de búsqueda de justicia por los crímenes de guerra por parte de poderosos exoficiales militares, élites políticas conservadoras y miembros de la oligarquía ha sido rápida y feroz. La decisión de la Corte de Constitucionalidad que suspendió el juicio de Ríos Montt después de que se hubiera dictado un veredicto, borrando de hecho la condena por genocidio, fue una muestra de ello, al igual que la destitución de Claudia Paz y Paz de su cargo de Fiscal General en 2014 varios meses antes de concluir sus mandato. A la vez, sectores pro militar presentaron una lluvia de demandas penales contra jueces, fiscales y peritos que participaron en el juicio por genocidio. Parecía que el experimento de Guatemala en materia de justicia posconflicto no iba a avanzar más.

Las protestas que duraron meses en 2015 y que exigían la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina, y que finalmente resultaron en su arresto junto con docenas de altos funcionarios del gobierno por cargos de corrupción, generaron nuevas oportunidades para las víctimas que aún buscaban justicia. La entonces Fiscal General Thelma Aldana (2014-2018) presentó varios casos de gran envergadura y logró condenas en casos emblemáticos, incluyendo Sepur Zarco y Molina Theissen. A su vez, bajo su liderazgo, la Fiscalía de Derechos Humanos continuó investigando otros casos de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. Sin embargo, las fuerzas contrarias siguieron presionando contra los esfuerzos de la justicia transicional.

Por ejemplo, en algunos casos, decisiones judiciales muy cuestionadas provocaron el estancamiento de casos críticos. Esto ocurrió con el caso CREOMPAZ, el mayor caso de desaparición forzada masiva en América Latina. Este caso se basa en la exhumación de los restos humanos de 565 personas de la Zona Militar No. 21 en Cobán, Alta Verapaz, por el cual hasta la fecha se han identificado más de 160 personas como víctimas de desaparición forzada. La jueza de instrucción Claudette Domínguez dictaminó que ocho de los once militares detenidos en el caso en 2016 debían enfrentarse a un juicio por cargos de crimen de lesa humanidad y desaparición forzada. Sin embargo, su fallo excluyó al 80 por ciento de las víctimas y negó la condición de parte civil a una de las asociaciones de víctimas relacionadas con el caso, lo que dio lugar a una serie de recursos que no se han resuelto aún y que han dejado el caso en un limbo jurídico por más de cinco años.

La misma jueza desestimó el caso contra seis ex miembros de las PAC de Rabinal detenidos en mayo de 2019 y acusados de actos de violencia sexual contra 36 mujeres maya achi a principios de los ochenta, lo que dio lugar a su liberación en julio de 2019. Las víctimas recusaron con éxito a la jueza Domínguez, y el caso fue transferido a un nuevo juez de instrucción: Miguel Ángel Gálvez, quien ha dictaminado enviar a juicio a cinco hombres por el caso, incluyendo tres de los liberados en 2019, uno que fue deportado de Estados Unidos en 2020, y otro que fue capturado en 2021 en Belice. Varios de los acusados, incluidos algunos de los liberados en 2019, siguen en libertad.

Los esfuerzos de las élites corruptas para cooptar las instituciones judiciales de Guatemala son a estas alturas bastante notorios. El exitoso cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por parte de la administración de Jimmy Morales (2016-2020) sentó las bases para el asalto a la independencia judicial que se ha producido bajo el actual gobierno de Alejandro Giammattei. En abril, a la presidenta en funciones de la Corte de Constitucionalidad Gloria Porras le fue impedido asumir su nuevo cargo en la Corte tras haber sido reelegida para cumplir otro período de cinco años. En junio, el jefe de la unidad anticorrupción Juan Francisco Sandoval fue destituido abruptamente de su cargo, y sigue enfrentándose a intentos de criminalización. A esto se suman otros exjueces y fiscales, como las exfiscales generales Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, que se vieron obligadas a abandonar el país por hacer su trabajo: luchar contra el crimen, la corrupción y la impunidad.

Campañas difamatorias e intentos de criminalización contra otros operadores de justicia actualmente en funciones —como ha sido el caso de los jueces Erika Afian y Pablo Xitumul y el procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas, entre otros— demuestran que tales acciones son parte de una estrategia calculada para librar a Guatemala de los funcionarios que defienden el Estado de derecho, con el fin de garantizar la impunidad de actores corruptos, así como la de los violadores de derechos humanos. El juez Xitumul, presidente del Tribunal de Alto Riesgo “C”, fue uno de los jueces que condenó a Ríos Montt por genocidio en 2013 y a cuatro altos oficiales militares en el caso Molina Theissen en 2018, y ha calificado los esfuerzos por levantar su inmunidad por quienes ha condenado como actos de “venganza”.

Estos mismos actores corruptos han conspirado para acabar con el experimento de justicia posconflicto de Guatemala. En 2019, miembros conservadores del Congreso de Guatemala, con el respaldo de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) —que surgió para oponerse al proceso de paz y, posteriormente, al trabajo de la CICIG y a los esfuerzos anticorrupción y contra la impunidad que ayudó a poner en marcha— intentaron aprobar el proyecto de ley 5377, que de haberse convertido en ley, habría puesto fin a todos los procesos penales actuales y futuros por abusos de los derechos humanos en tiempos de guerra y habría liberado a todas las personas que se enfrentaban a cargos o que habían sido condenadas por dichos crímenes. Los sobrevivientes y las familias de las víctimas, junto con las organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, se opusieron al proyecto de ley y trabajaron para impedir su aprobación. Recurrieron a la CIDH, que determinó que el proyecto de ley violaba las obligaciones internacionales de Guatemala en materia de derechos humanos y ordenó al Congreso que dejara de examinar la propuesta. Posteriormente, la Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso que archivara el proyecto de ley. Aunque los defensores del proyecto de ley no acataron el fallo de la Corte y siguieron intentando que se convirtiera en ley, finalmente no lo consiguieron. Sin embargo, en junio de 2021, justo una semana después de las detenciones en el caso del Diario Militar, los miembros del Congreso del Partido Valor, de Zury Ríos —la hija de Ríos Montt y aspirante a la candidatura presidencial para 2024— presentaron un nuevo proyecto de ley que, al igual que el fallido proyecto de ley 5377, pretende conceder una amnistía general para proteger de la persecución penal a los responsables de las atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno de Guatemala.

Además de los esfuerzos por imponer una nueva ley de amnistía, los sectores proimpunidad están buscando otras formas de frenar u obstruir los esfuerzos de justicia en el posconflicto. En octubre de 2021, la jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos Hilda Pineda fue trasladada de su cargo para dirigir una unidad de investigación de delitos contra turistas. No se explicó por qué una fiscal con más de diez años de experiencia en la investigación y el litigio de casos de violaciones de derechos humanos, incluidos casos clave de guerra como el caso de genocidio maya ixil y el caso Sepur Zarco, y que había dirigido con éxito a otros fiscales bajo su supervisión para obtener condenas en casos emblemáticos como el de Molina Theissen y el de las Dos Erres, debía ser apartada de su cargo. Su sustituto, Tomás Ramírez López, un fiscal de carrera, no tiene experiencia en casos de derechos humanos, y está por ver si protegerá o socavará el trabajo de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno que investiga las violaciones de los derechos humanos durante la guerra.

Justicia posconflicto en un entorno hostil

En medio de esta contraofensiva de la oligarquía, políticos conservadores y exmilitares contra el Estado de derecho, la independencia judicial y la lucha contra la impunidad, los sobrevivientes, las familias de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil continúan con sus esfuerzos por acceder a la justicia. A pesar de este ambiente hostil, actualmente están activos en los tribunales de Guatemala 12 procesos penales relacionados con 10 casos de graves violaciones de los derechos humanos[1] (ver tabla).

Estos procedimientos activos se encuentran en diferentes fases del proceso judicial. Cinco casos se encuentran en la etapa de juicio oral y público. En algunos casos se han fijado las fechas de inicio del juicio público, entre ellos el caso violencia sexual maya achi, que comenzó el 4 de enero de 2022. Otros cuatro casos se encuentran en la fase probatoria, durante la cual el juez de instrucción escucha la acusación final, así como las pruebas y determina si envía a los acusados a juicio. Dos casos están a la espera de la lectura de cargos. Un caso, en el que se emitió un veredicto en 2018, se enfrenta a recursos de la defensa.

Casos actuales de derechos humanos en tiempos de guerra ante los tribunales de Guatemala, 2021

Fuente: Elaborado por los autores a partir de la revisión de documentos legales y  la observación judicial de los procesos judiciales en los Tribunales de Guatemala.

Estos casos activos de justicia transicional representan a 3.908 personas que fueron víctimas de diferentes crímenes, como el genocidio, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, el intento de asesinato y otros crímenes contra la humanidad, incluyendo violencia sexual. Más de 40 personas han sido acusadas en estos casos, entre ellas oficiales militares y policiales de alto y medio rango, soldados, comisionados militares y miembros de PAC, las organizaciones paramilitares creadas por el Ejército de Guatemala con la finalidad de controlar a la población indí­gena.

Cada uno de estos casos y quienes participan en ellos ­—desde los abogados y los querellantes, hasta los fiscales que los han investigado, los jueces que llevan los procesos judiciales en sus diferentes fases, y los peritos— se enfrentan a graves riesgos por el simple hecho de estar involucrados activamente en los procesos de justicia transicional. Los medios de comunicación tradicionales prestan poca atención a estos casos, por lo que poca gente sabe que hay tantos casos activos en los tribunales guatemaltecos y la magnitud del riesgo para quienes juegan un rol en ellos.

Estos procesos de justicia transicional son el resultado de la persistente lucha de los sobrevivientes y familiares de las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y los fiscales y jueces independientes que han trabajado para garantizar el derecho de las víctimas a acceder a la justicia. El apoyo de la comunidad internacional también ha sido clave. Pero las fuerzas de la reacción han lanzado su contragolpe, y con fuerza.

RESÚMENES DE CASOS DE VIOLACIONES DE DDHH COMETIDAS DURANTE EL CONFLICTO ARMADO ANTE LOS TRIBUNALES DE GUATEMALA, 2022

Algunos de los casos posconflicto que están en los tribunales guatemaltecos involucran a individuos que están conectados con las redes ilícitas que operan en Guatemala, lo cual ha revelado la profunda conexión entre los crímenes del pasado y del presente en Guatemala. Un ejemplo es el del exjefe de inteligencia militar y general retirado del ejército Manuel Callejas y Callejas, condenado en 2018 en el caso Molina Theissen y quien está a la espera de que inicie un nuevo juicio penal en su contra por el caso de genocidio Maya Ixil. Cuando fue detenido en 2016 por el caso Molina Theissen, El Periódico se refirió a él como el “capo de los capos” por su presunta implicación en la Red Moreno y la Cofradía, una estructura del crimen organizado formado por exfuncionarios de inteligencia militar implicados en abusos de los derechos humanos, corrupción y narcotráfico. Otro es el general retirado Marco Antonio González Taracena, el más veterano de los militares recientemente imputados en el caso del Diario Militar. Es cofundador y actual vicepresidente de Avemilgua, la cual sostiene falsamente que los acuerdos de paz conceden amnistía para todos los crímenes relacionados con la guerra. González Taracena apoyó activamente los esfuerzos por imponer una ley de amnistía en 2019. El presidente Giammattei ha estado estrechamente asociado con Avemilgua y militares retirados de línea dura que se oponen firmemente a los juicios penales por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, algunos de los cuales están vinculados a las redes del crimen organizado, incluida la Cofradía. El propio Giammattei fue investigado por la CICIG y procesado por la masacre de la prisión de Pavón en 2006, pero finalmente fue absuelto.

A pesar del laborioso y dedicado trabajo de los defensores de los derechos humanos, de los sobrevivientes y de las familias de las víctimas, así como de los jueces y fiscales independientes, los esfuerzos para buscar justicia por las atrocidades cometidas durante la guerra en Guatemala están en grave peligro. La comunidad internacional puede desempeñar un papel fundamental en presionar a Guatemala para que cumpla sus obligaciones internacionales de garantizar a las víctimas el acceso a la verdad y la justicia. Esto debería incluir apoyar el trabajo de jueces y fiscales independientes a través de declaraciones públicas y privadas, reconociendo la importancia de su trabajo en estos casos de justicia transicional; así como proporcionar apoyo financiero o de otro tipo al trabajo de las asociaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos e investigadores que trabajan junto a las víctimas en su búsqueda de justicia; reuniéndose con los líderes de la justicia guatemalteca, las víctimas y los defensores de los derechos humanos; y apoyando el trabajo de los medios de comunicación independientes que cubren el desmantelamiento del Estado de derecho en Guatemala. Mediante sanciones y restricciones de visas para funcionarios implicados en graves violaciones de los derechos humanos (así como para aquellos implicados en actos de corrupción o en la obstrucción de investigaciones sobre corrupción) los funcionarios estadounidenses también pueden hacer frente a los funcionarios corruptos del gobierno de Guatemala y a los esfuerzos en curso para criminalizar y difamar a las víctimas, los defensores de los derechos humanos y los operadores de justicia. Pero no hay tiempo que perder.

Jo-Marie Burt es Investigadora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y profesora asociada de la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason.

Paulo Estrada es defensor de los derechos humanos. Son cofundadores y codirectores de Verdad y Justicia en Guatemala, que monitorea, analiza e informa sobre los procesos judiciales por crímenes de guerra en Guatemala.