Por Clay Boggs y Maureen Meyer
El 6 de diciembre, los estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero anunció que se habían identificado los restos de Alexander Mora Venancio. Alexander, junto con otros 42 estudiantes, desapareció en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014 a manos de policías municipales quienes estaban trabajando en nombre del alcalde de esta localidad, y quienes luego entregaron a los estudiantes a un grupo criminal. La identificación de los restos de Alexander llegó tras más de dos meses de una investigación sobre el paradero de los estudiantes; durante este tiempo se han descubierto numerosas fosas comunes en la zona. Aún se desconoce el paradero de los demás estudiantes. Este caso trágico y la incapacidad del gobierno mexicano de proporcionar a las familias de los estudiantes y a la sociedad mexicana información oportuna y clara sobre su paradero han provocado una ola de protestas en el país.
La desaparición forzada de los estudiantes también ha vuelto a centrar la atención en el fracaso del gobierno de Peña Nieto para luchar de manera eficaz contra la delincuencia organizada, la corrupción y la violencia que han afectado a México en los últimos años, y sirve como un recordatorio doloroso de la incapacidad del gobierno mexicano para hacer avances reales en materia de derechos humanos en el país. Mientras que se han visto avances para restringir la jurisdicción militar en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles y algunos avances limitados en casos emblemáticos de derechos humanos durante los primeros dos años del gobierno de Peña Nieto, todavía hay problemas severos en varias áreas, incluyendo la tortura, desapariciones, privación arbitraria de la vida, agresiones contra los migrantes en tránsito y la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas, los cuales se describen con más detalle a continuación.
Detrás de todos estos problemas es la impunidad; el gobierno mexicano ha fallado en investigar y sancionar de manera efectiva a los funcionarios responsables por violaciones de derechos humanos. En su discurso del 27 de noviembre, "Por un México en paz con justicia y desarrollo", el presidente Peña Nieto afirmó que asume “la responsabilidad de encabezar todos los esfuerzos necesarios para liberar a México de la criminalidad, para combatir la corrupción y la impunidad". El presidente ahora debe pasar de las palabras a las acciones. Las importantes reformas legales para proteger los derechos humanos que se han aprobado en los últimos años no podrán lograr cambiar la situación en el país a menos que se haga más para combatir la impunidad en México.
Tortura
La tortura sigue siendo utilizada ampliamente por diversas autoridades en todo México, incluyendo los militares y las policías federales, estatales y municipales, y agentes fiscales, mayormente como un medio de obtener confesiones. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, visitó recientemente a México y encontró que la situación de tortura es "generalizada" en el país. Además, en su informe de 2013 sobre las prácticas de derechos humanos en México, el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció el uso continuo y generalizado de la tortura para obtener confesiones y citó casos de detención arbitraria que llevaron a la tortura y confesiones forzadas. Es preocupante que este patrón de abuso haya continuado incluso en aquellos estados que han adoptado plenamente el nuevo sistema penal acusatorio, que contiene disposiciones destinadas a eliminar el uso de pruebas obtenidas mediante la tortura.
Al igual que con otras violaciones de derechos humanos, los perpetradores de la tortura rara vez se investigan. Durante su visita a México, Relator Especial Méndez también expresó su preocupación por la falta de investigaciones sobre los responsables de la tortura y "la ausencia casi absoluta, tanto a nivel federal como estatal, de sentencias condenatorias". Según el Consejo de la Judicatura Federal, entre 2005 y 2013 había sólo siete condenas federales por tortura.
Desapariciones
Los datos más recientes disponibles en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas citan 22.610 desaparecidos mexicanos desde 2007. El año en curso parece ser el peor año para las desapariciones desde al menos 2007, con 5.098 reportados entre enero y octubre. Desde la desaparición forzada de los estudiantes en septiembre, las familias de otros 375 individuos han denunciado la desaparición de sus seres queridos en la misma región de Guerrero.
Como es evidente con el caso de los estudiantes, las autoridades mexicanas no tienen medidas eficaces para buscar a los desaparecidos con vida; en cambio, la mayoría de los esfuerzos parecen estar centrados en la identificación de los desaparecidos entre los muertos, incluso en los más de 1.200 fosas clandestinas que se han encontrado en el país desde 2006. Esto ha dejado a las familias de las víctimas con pocas opciones salvo llevar a cabo sus propias investigaciones, a menudo con gran riesgo personal.
En mayo de 2013, la Procuraduría General de la República (PGR) creó la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD). Pero esta unidad ha producido escasos resultados: entre 2013 y mayo de 2014 había localizado a menos de 100 personas desaparecidas, 55 de los cuales eran vivas, y 38 fallecidas. En lugar de fortalecer la unidad de modo que cuente con el personal y los recursos necesarios, el presupuesto de 2015 del gobierno disminuye los fondos de la UEBPD en un 63 por ciento. En su reciente discurso, el presidente Peña Nieto anunció la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, similar al Plan Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas presentado este julio pasado, que todavía no ha logrado ser eficaz.
Privación arbitraria de la vida
Antes de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueran desaparecidos forzosamente, la policía municipal de Iguala abrió fuego contra los autobuses en los que los estudiantes estaban viajando. En los hechos violentos de la noche del 26 de septiembre, tres estudiantes y otras tres personas murieron y más de 20 estudiantes resultaron heridos. Este uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad mexicanos no es un incidente aislado. Casi tres años antes, policías federales y estatales habían abierto fuego contra los manifestantes estudiantiles de Ayotzinapa, matando a dos estudiantes.
El ejército mexicano también ha estado involucrado en varios casos de la privación arbitraria de la vida; el más reciente fue en junio de 2014, cuando los soldados mataron a 22 personas en una bodega abandonada en Tlatlaya, Estado de México. Las Fuerzas Armadas y el gobierno del Estado de México originalmente mantenían que el asesinato fue el resultado de un tiroteo entre soldados y civiles y rechazaron las acusaciones de mala conducta por parte de los soldados. Sin embargo, el gobierno federal se vio obligado a abrir una investigación sobre el incidente tres meses más tarde, cuando unos testigos decidieron presentarse y reportajes investigativos revelaron que al menos algunos de los civiles estaban desarmados cuando fueron matados. En septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que al menos 12 de los individuos, entre ellos una niña de 15 años de edad, fueron privados arbitrariamente de su vida y que los soldados habían alterado la escena del crimen, moviendo los cuerpos en un intento de simular que las muertes ocurrieron en un enfrentamiento.
La PGR ha consignado a siete soldados por “homicidio calificado en agravio”, abuso de autoridad y “alteración ilícita” de la escena del crimen; se ha acusado a un teniente también por su papel en el encubrimiento del crimen. El hecho de que este caso está siendo procesado en el sistema de justicia civil es sin duda una señal positiva, pero la encubierta original del caso por las Fuerzas Armadas y la demora en la investigación federal son preocupantes. El 6 de noviembre, la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) aceptó la recomendación que la CNDH emitió por este caso, pero indicó que no está de acuerdo con algunas de sus conclusiones.
Los migrantes en tránsito
Los reportajes en los medios de comunicación sobre los peligros que enfrentan los migrantes que cruzan por México han puesto de manifiesto la generalización de delitos cometidos contra los migrantes, como el secuestro, la extorsión y el abuso sexual, que son perpetrados por grupos criminales como los Zetas. Sin embargo, la colusión de las autoridades mexicanas en estos delitos también es preocupantes; como destaca el informe de 2014 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos humanos de los migrantes en México, “los altos beneficios económicos que genera el secuestro de migrantes, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes han conllevado a que muchos de estos delitos y violaciones a los derechos humanos se hayan perpetrado por la colusión entre distintas autoridades estatales y organizaciones criminales.”
En una encuesta de migrantes en tránsito realizados en 2013 por varias casas de migrantes y en colaboración con el Servicio Jesuita a Migrantes, el 18 por ciento de los encuestados (167 de un total de 931) informaron haber sido víctimas de delitos a manos de autoridades mexicanas. La Policía Federal fue responsable del mayor número de casos de abuso (59), con 31 de los incidentes relacionados con la extorsión y otros 16 con el robo.
Además de estos abusos, los migrantes en tránsito son también víctimas de violaciones de derechos humanos a manos de autoridades mexicanas. Este fue el caso de Ángel Amílcar, un migrante hondureño quien fue detenido por la policía en Tijuana en 2009 durante una redada de la casa de seguridad en que se quedaba, y luego torturado por la Policía Federal y soldados y obligado a firmar una confesión autoinculpatoria. Pasó cinco años en prisión preventiva hasta que fue liberado de manera incondicional en octubre de 2014, cuando la PGR retiró los cargos en su contra. El caso de Ángel tampoco es un incidente aislado. En el primer semestre de 2013, el personal de la Casa del Migrante en Saltillo, Coahuila documentó 30 casos de tortura de los migrantes cometidos por la Policía Preventiva Municipal de Saltillo.
El Instituto Nacional de Migración (INM) también ha sido implicado en prácticas delictivas y abusivas contra los migrantes. Una evaluación en 2013 por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) encontró profundas debilidades institucionales en el INM que producen patrones persistentes de abusos y criminalidad dentro de la agencia. Por ejemplo, una investigación en 2013 por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas implicó agentes del INM en una red de trata de personas; en el mismo año, la CNDH recibió 454 quejas de violaciones de derechos humanos por parte de agentes del INM.
Los ataques contra los defensores de derechos humanos y periodistas
México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y los defensores de los derechos humanos. En los primeros seis meses de 2014, la sección mexicana de la organización internacional Artículo 19 documentó 157 agresiones contra miembros de la prensa.
En un informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México, la Red Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" documentó 104 casos de ataques contra defensores de los derechos humanos entre 2011 y 2013, incluyendo 27 asesinatos. El 23 de noviembre de 2014, dos defensores de derechos humanos que proporcionan ayuda humanitaria a los migrantes en tránsito fueron asesinados en el Estado de México; este horrible crimen ocurrió meses después de que ambos defensores frenaron un intento de secuestrar a los migrantes a lo largo de las vías del tren en la zona.
A la luz de estas agresiones y amenazas continuas, y en respuesta a la presión de organizaciones de la sociedad civil, en 2012 el gobierno mexicano estableció el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. A más de dos años de su creación, el Mecanismo sigue enfrentando múltiples desafíos que limitan su capacidad de proteger de manera eficaz a periodistas y defensores de los derechos humanos vulnerables. El personal puesto a disposición del Mecanismo hasta el momento ha sido insuficiente para proporcionar respuesta oportuna y eficaz a las peticiones de protección. Incluso cuando los periodistas y defensores de los derechos humanos logran obtener medidas de protección a través del Mecanismo, a menudo son ineficaces y faltan una plena implementación. En varios casos en que los defensores han solicitado de manera urgente la asistencia de la policía, las autoridades no aparecen o su respuesta se retrasa durante horas. Por último, y más importante, no ha habido avances significativos en las investigaciones de las amenazas contra defensores y periodistas, lo que hace que los beneficios de las medidas de protección son, como mucho, una solución temporal.
Abordar la crisis en México
Tras la desaparición forzada de los estudiantes y la indignación pública sobre el fracaso del gobierno mexicano en brindar justicia a las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, el gobierno de Peña Nieto está en una encrucijada. Es claro que el gobierno tiene que resolver los problemas profundos de la corrupción y el crimen organizado. Al mismo tiempo, los incidentes recientes, como la desaparición forzada de los 43 estudiantes y la matanza de 22 civiles a manos de soldados, han dejado en claro que las reformas legales recientemente promulgadas para la protección de los derechos humanos, aunque importantes, no logran solucionar la grave crisis de derechos humanos que enfrenta México. Para ello, el gobierno tiene que trabajar con urgencia para combatir la impunidad mediante el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas internos y externos con el fin de investigar y sancionar a los funcionarios que cometen delitos y abusos. Además hay que implementar plenamente las reformas al sistema de justicia penal para asegurar investigaciones eficaces y la recolección y preservación adecuada de evidencia, aparte de garantizar el debido proceso. El gobierno mexicano también debe fortalecer las instituciones que ha creado, como la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el recientemente anunciado Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Estas son tareas importantes y difíciles, pero es urgente realizarlas para que el respeto a los derechos humanos sea una realidad en México.
(Foto por Notimex / UN1ÓN)
