La fallida investigación del gobierno mexicano sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes

Por Clay Boggs y Maureen Meyer

El gobierno de México ha llevado a cabo una investigación de alto perfil sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014. Hasta ahora, las autoridades han detenido a mas de 100 individuos con conexiones al caso. Sin embargo, el proceso de investigación ha estado incompleto, y reportes recientes han elucidado sus deficiencias.

El 23 de julio de 2015, ejerciendo su autoridad para investigar graves violaciones de derechos humanos,  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México presentó un informe sobre el estado de la investigación sobre la desaparición de los estudiantes. Al emitir el reporte, el Ombudsman llamó al rompimiento de la alianza entre el crimen y las autoridades, diciendo que “No tenemos que esperar para ello a que suceda otro caso de igual o mayor gravedad. El momento de actuar es ahora”.

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A continuación los seis puntos claves del reporte de la CNDH para la Procuraduría General de la República (PGR) que señalan varios pasos básicos en cualquier investigación criminal que las autoridades mexicanas aún no han tomado:

1. Familiares de los estudiantes desaparecidos les han dicho a oficiales de la CNDH que en los días 26 y 27 de septiembre de 2014, tres de los estudiantes desaparecidos mandaron mensajes de texto a sus familiares. El 26 de septiembre, un cuarto estudiante llamó a alguien a quien él conocía bien. Sin embargo, las autoridades aún no han establecido la ubicación geográfica exacta de estas llamadas y mensajes. Saber esta información podría corroborar o complicar la narrativa del gobierno sobre el caso, dependiendo de lo que nos diga sobre la ubicación de los estudiantes en momentos específicos de tiempo.
2. Según la narrativa presentada por el entonces procurador general Jesús Murillo Karam el 27 de enero de 2015, los estudiantes fueron llevados a un basurero en Cocula, Guerrero, donde sus cuerpos fueron incinerados en un incendio. Sin embargo, las autoridades aún no han solicitado los datos climáticos en esa área para el 26 y 27 de septiembre de 2014. Si estaba lloviendo, sería significativamente menos probable que los autores del crimen hubieran podido construido una fogata lo suficientemente grande como para quemar 43 cuerpos.
3. El 7 de noviembre de 2014, las autoridades declararon que habían encontrado seis bolsas con cenizas en el río San Juan. Luego identificaron los restos de un estudiante, Alexander Mora Venancio, presuntamente encontrados en una de esas bolsas; los otros restos no pudieron ser identificados, ya que estaban demasiado quemados. Las autoridades aún no han solicitado que se compare científicamente la tierra encontrada en estas bolsas junto con los restos, con la tierra en el basurero en Cocula, para ver si coinciden. El gobierno tampoco ha llevado a cabo un análisis químico de la tierra encontrada en las bolsas para determinar si hay rastros de gasolina, algo que, según ellos, fue utilizado como combustible para el fuego.
4. Los investigadores encontraron botones, hebillas y otros objetos, tanto en las bolsas recuperadas del río como en el basurero. Sin embargo, las autoridades aún no les han mostrado estos artículos a los familiares de las victimas para que puedan identificarlos.
5. Los investigadores encontraron casquillos de bala en el basurero, pero aún no han llevado a cabo exámenes forenses de balística para determinar si esos casquillos coinciden con alguna de las armas de fuego incautadas como parte de la investigación.
6. Varias prendas han sido encontradas cerca de los buses implicados en la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, las autoridades aún no han examinado esta evidencia para establecer si estas prendas contienen algún rastro biológico que podría ser vinculado a las victimas usando exámenes de ADN.

Estos puntos están lejos de ser las únicas preocupaciones con respecto a la investigación. Las familias de los estudiantes y sus representantes legales han cuestionado fuertemente la versión de los hechos del gobierno. En enero, los familiares de las víctimas publicaron una lista de las “10 razones por las que no se debe cerrar la investigación del caso Ayotzinapa” como respuesta a la presentación de Murillo Karam de la “verdad histórica”. La lista indica que múltiples líneas de investigación, incluyendo investigar si las autoridades federales tienen alguna responsabilidad, aún no han sido perseguidas. También señala que la narrativa del gobierno federal no toma en cuenta el homicidio de Julio Cesar Mondragón, otro estudiante de la Escuela Normal en Ayotzinapa, cuyo cuerpo fue descubierto con claros signos de tortura el día después de que las desapariciones forzadas fueron llevadas a cabo.

El reporte de la CNDH subraya el trabajo que aún tiene que hacerse para resolver este caso y proveer certeza a los familiares de los estudiantes. Ninguna investigación es perfecta y algunos casos son casi imposibles de resolver. Sin embargo, el informe de la CNDH deja muy claro que hay pasos específicos y que meritan acción legal que el gobierno mexicano podría tomar para fortalecer la investigación y demostrar que está seriamente comprometido en llegar al fondo de este caso.

El informe también contribuye a otros esfuerzos que se han tomado para analizar la investigación del gobierno mexicano de la desaparición de los estudiantes y proporcionar ayuda técnica. Desde octubre de 2014, el Equipo Argentino de Antropología Forense(EAAF),actuando en nombre de las familias de los estudiantes, ha acompañado la investigación forense del caso, emitiendo una serie de declaraciones con observaciones y recomendaciones. Por ejemplo, EAAF ha dejado claro que no estuvo presente cuando las bolsas con los restos, incluyendo la bolsa con los restos que luego fueron identificados como los de Alexander Mora Venancio, fueron recuperadas en el río San Juan. El EAAF ha pedido que la PGR confirme la cadena de custodia de las bolsas, y también destacó la falta de evidencia científica que conecte estas bolsas con el basurero en Cocula.

Además, desde marzo de 2015, un grupo de expertos, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo un acuerdo con el gobierno mexicano y los representantes legales de las familias de las víctimas, ha estado revisando la investigación del gobierno y proporcionando ayuda técnica para la investigación del caso. El Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) ha emitido cuatro reportes preliminares. Su reporte final está previsto para septiembre. Ese reporte probablemente proporcionará una evaluación más completa de la narrativa y el análisis del caso.

Abordar los puntos planteados por la CNDH, así como las preocupaciones que se han planteado por los otros expertos que apoyan la investigación, enviaría rápida e integralmente una señal positiva a los miembros de familia de las víctimas, a los sobrevivientes del incidente, al público mexicano y a la comunidad internacional sobre el compromiso del gobierno mexicano con la verdad, la justicia y las reparaciones necesarias en este importante caso.