18 May 2016 | Análisis

La liberación de tres soldados acusados de ejecuciones extrajudiciales pone en duda el compromiso de México con la justicia

El 13 de mayo de 2016, Procuraduría General de la República (PGR) anunció la decisión de un tribunal federal de liberar a tres soldados acusados en relación con la masacre de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio de 2014. Esta información causa una profunda preocupación  a WOLA pues, incluso en este caso emblemático y con pruebas claras sobre el crimen,  las autoridades mexicanas han fracasado en sancionar a perpetradores de ejecuciones extrajudiciales.

De acuerdo con una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entre 12 y 15 de los 22 civiles muertos en el enfrentamiento fueron ejecutados por soldados después de rendirse. Un documento hecho público por la organización mexicana Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reveló que los soldados que participaron en la masacre estaban siguiendo una “Orden General de Operaciones” para llevar a cabo rondines con el fin de “abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.

Como WOLA ha indicado anteriormente, esta orden militar para abatir, o matar, “criminales” pone en duda la narrativa oficial del gobierno sobre lo que sucedió en Tlatlaya y resalta la necesidad de determinar si las muertes de civiles durante otros enfrentamientos con militares pudieran tratarse de ejecuciones extrajudiciales. México tiene un número alarmantemente elevado de civiles muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Este “índice de letalidad” (que mide el uso letal de la fuerza) para el Ejército mexicano es de 7,7 en 2013 y 11,4 en el primer trimestre de 2014, el último período en que dicha información está disponible para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Un índice superior a 1 se considera un uso excesivo de la fuerza. Igualmente, la orden de abatir resalta la necesidad de investigar la cadena de mando, esto es, investigar a los oficiales que emitieron la orden y a quienes toleraron estas acciones dentro de la Sedena.

Después de que la masacre fuera descubierta por la prensa internacional y de que Clara Gómez, una sobreviviente de las ejecuciones hiciera público su testimonio, siete miembros de menor rango de 102º Batallón de Infantería del Ejército mexicano fueron investigados y acusados tanto en la jurisdicción civil como en la militar. En la jurisdicción militar, seis de los siete soldados fueron absueltos de delitos relacionados con la disciplina militar y uno de ellos fue condenado a un año de prisión por “desobediencia”, quien ya ha cumplido su sentencia.

En la jurisdicción civil, cuatro soldados que fueron acusados de abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones y alteración de la escena del crimen fueron puestos en libertad en octubre de 2015. Ahora, los tres soldados que fueron acusados de homicidio, encubrimiento, y modificación Ilícita de vestigio del hecho delictivo, han sido puestos en libertad por “falta de elementos para procesar”.

El tribunal federal que liberó estos tres soldados llegó a esta conclusión, en parte, mediante la admisión de declaraciones de testigos obtenidas mediante tortura. La CNDH ha determinado previamente que tres testigos en el caso fueron sometidos a tortura y trato cruel e inhumano con la finalidad de influir en sus testimonios iniciales. A pesar de ello, el juez otorgó mayor valor probatorio a estas declaraciones obtenidas mediante tortura que apoyan la narrativa oficial del gobierno.

Para las organizaciones de derechos humanos en México, el caso de Tlatlaya “confirma que en México la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos y abusos cometidos por los elementos militares está muy lejos de ser una realidad”. El hecho de no procesar efectivamente a los soldados responsables de esta masacre es una clara señal de la impunidad que prevalece en violaciones a los derechos humanos cometidos por soldados mexicanos. A pesar de miles de quejas presentadas ante la CNDH contra el ejército mexicano, desde el año 2007 sólo dos soldados han sido condenados en la jurisdicción civil para violaciones graves de los derechos humanos. En agosto de 2015, un subteniente den infantería del ejército fue condenado a 31 años de prisión por desaparición forzada, y en abril de 2016, un General del ejército fue condenado a 52 años de prisión por tortura, homicidio y destrucción de cadáver en agravio de una persona.

La PGR anunció que ofrecerá nuevas pruebas para procesar a los soldados a fin de que los crímenes cometidos en Tlatlaya no queden impunes. WOLA urge a las autoridades mexicanas a tomar todas las medidas necesarias para investigar a fondo esta masacre y sancionar a los responsables. El gobierno mexicano también debe garantizar la seguridad de Clara Gómez como testigo y víctima en este caso grave.

Si México no investiga y procesa de manera efectiva a los soldados que participaron en la masacre de Tlatlaya, así como a sus superiores, enviaría un mensaje claro de la falta de capacidad o falta de voluntad del gobierno para asegurar que los soldados mexicanos que violan los derechos humanos enfrenten a la justicia por los crímenes que se han cometido.