Publicado originalmente aquí por la revista Perspectiva.
Los líderes uruguayos son muy conscientes de que su novedosa aproximación a la política sobre la marihuana representa un significativo punto de partida –histórico en realidad- en relación con el paradigma de política restrictiva reinante. Pero este aspecto es secundario frente a la razón central por la que han perseguido esta reforma: los dirigentes de este país están convencidos de que un mercado legal y regulado ofrece mejores perspectivas para manejar los problemas vinculados con las drogas, en el sentido en que ayuda a proteger los derechos humanos y promueve un clima más seguro y saludable para los ciudadanos. Uruguay no tiene nada en contra de las preocupaciones fundamentales consignadas en las convenciones internacionales sobre control de drogas (“la salud y el bienestar de la humanidad”), pero sus líderes creen que los medios para alcanzar los nobles fines de los tratados han sido definidos en términos excesivamente estrechos y rígidos.
Al llevar la delantera en este tema, Uruguay tendrá que enfrentarse a las presiones políticas de aquellos gobiernos que querrán intimidar y aislar a esta nación por haberse atrevido a llevar la iniciativa, explorando alternativas a las políticas de drogas existentes y desafiando la ortodoxia. Esta actitud pionera es consistente con el progresivo liderazgo demostrado por Uruguay en otros temas sociales, y con la importancia que este país le da a los problemas de derechos humanos en su política exterior, incluyendo el ámbito de la política de drogas.
La disposición de Uruguay de ser el primer país en regular su mercado de marihuana en la región, ayudará a abrir la puerta a otros gobiernos que contemplan iniciativas similares. Aunque los líderes de Uruguay han advertido que su propuesta no tiene la intención de servir como modelo para nadie, sino que está diseñada específicamente para satisfacer las necesidades propias de su país, el hecho de mostrar que tal desviación del status quo es factible, abre un camino que otros países de América y del resto del mundo pueden seguir.
El margen político para buscar este tipo de reformas se está expandiendo, y Uruguay está aprovechando esta coyuntura de mayor libertad y la está ampliando aún más. Una razón por la cual es probable que este espacio se mantenga abierto, es que los Estados Unidos -el principal arquitecto y ejecutor de los tratados de control de drogas de la ONU durante décadas- se ha puesto a un lado respecto a la marihuana legal y regulada.
Los votos de 2012 en los estados de Colorado y Washington para legalizar y regular la marihuana -con regímenes similares a los que se proponen en Uruguay- dejan al Gobierno Federal de los Estados Unidos sin argumentos para montar una campaña de presión internacional contra Uruguay. El tiempo de Uruguay es por tanto afortunado, y si este país sigue adelante con su reforma sin generar un intolerable rechazo internacional, otros gobiernos se sentirán más seguros de seguir un camino similar.
En última instancia, el destino de la iniciativa uruguaya –y su atractivo como ejemplo para otros- dependerá de cuán efectiva sea para lograr las metas propuestas, y si las deficiencias y dificultades que puedan surgir en un proyecto tan innovador son identificadas y abordadas oportuna y continuamente. Ese proceso de seguimiento, aprendizaje y mejora es, en efecto, la evolución descrita en el escenario de “Caminos”, del reciente informe sobre política de drogas de la OEA.
En el apartado de "Caminos" no se menciona a Uruguay por su nombre, pero está claro que el documento asume la reforma uruguaya como un trampolín hacia un movimiento regional más amplio, que dirija sus esfuerzos hacia mercados regulados legales, desde ahora hasta el año 2025. Por supuesto, el reporte de la OEA no es una bola de cristal y solo insinúa un futuro posible, pero hasta ahora, Uruguay parece estar haciendo su parte.
