3 Jul 2014 | Análisis | Noticias

La otra crisis: Abusos contra los niños y otros migrantes durante su viaje por México

Por Maureen MeyerClay Boggs

Más de 52.000 niños no acompañados han cruzado la frontera hacia los Estados Unidos desde octubre de 2013, y se estima que hasta 90.000 puedan cruzar este año; más de 39.000 de estos niños son de tres países de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras. Al igual que con los crecientes flujos de migración de adultos provenientes de Centroamérica, la mayoría de estos niños han entrado por el sur de Texas, agobiando los albergues y los centros de detención.

Gran parte del debate sobre los niños se ha centrado en qué ha producido este aumento en la migración de Centroamérica; se ha analizado la gestión migratoria del gobierno de Obama, así como las causas fundamentales de la migración, en particular la violencia y la pobreza en Centroamérica. Sin embargo, se ha prestado menos atención a qué sucede a los migrantes centroamericanos en su viaje hacia los Estados Unidos. De hecho, el argumento de que los centroamericanos están recibiendo un “pase libre” a los Estados Unidos es mucho menos creíble cuando se consideran los enormes riesgos y peligros que los migrantes enfrentan en su viaje a través de México.

Los centroamericanos han cruzado por México desde hace décadas. En los años 80, miles de personas huyeron de las guerras civiles. Algunos se quedaron en México, pero más siguieron hacia los Estados Unidos. Desde entonces, los centroamericanos han continuado abandonando sus hogares para poder huir de la pobreza y la violencia. En los últimos años, a medida que la violencia en Centroamérica ha aumentado (Honduras ya es el país más violento del mundo) y el estado de derecho ha seguido deteriorándose, más y más personas han tomado la difícil decisión de hacer el viaje hacia el norte.

Aunque los migrantes en tránsito han sido históricamente victimizados, tanto por grupos criminales como por las autoridades mexicanas, la situación ha empeorado significativamente en los últimos años, especialmente porque la delincuencia organizada, que opera en las regiones donde los migrantes transitan, ha llegado a considerar a esta población como una presa fácil para el secuestro, la trata de personas, la extorsión y otros delitos. Un informe de 2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (CNDH) encontró que 10.000 migrantes fueron secuestrados en un periodo de seis meses. Un informe posterior por la Comisión en 2011 documentó más de 11.000 secuestros en otro período de seis meses. El secuestro de migrantes a menudo ocurre en masa—hasta 400 migrantes pueden ser secuestrados juntos y mantenidos en “casas de seguridad”.

El secuestro sigue ocurriendo con una frecuencia escalofriante. Los albergues de migrantes han revelado a WOLA que la mayoría de los secuestros son orquestados por la delincuencia organizada, y que los traficantes de personas entregan de manera rutinaria migrantes a los secuestradores una vez que llegan al norte de México. Periódicos mexicanos publican con frecuencia historias sobre el “rescate” de los migrantes por parte de las autoridades. El uso del término “rescate” es preocupante porque en muchos casos no está claro si los migrantes realmente fueron víctimas de secuestro o trata, o si estaban simplemente detenidos por las autoridades cuando viajaban por el tren o en otro medio de tránsito, y porque en muchas ocasiones, las autoridades mexicanas no atienden a estos migrantes como posibles víctimas de la delincuencia. Durante los primeros seis meses de 2014, los medios de comunicación informaron de los siguientes “rescates” de migrantes de secuestros masivos en el estado de Tamaulipas (lo que limita al norte con Texas en los Estado Unidos):

Estas notas de prensa, por supuesto, no incluyen aquellos migrantes que no fueron rescatados. Los informes tampoco proporcionan información sobre si las víctimas, quienes podrían ser elegibles para recibir visas humanitarias bajo la ley mexicana, fueron deportadas.

Los Zetas y otras organizaciones criminales logran secuestrar a los migrantes en una escala tan grande debido a la corrupción generalizada de la policía y las autoridades migratorias en México. Los albergues de migrantes en México han recibido testimonios de migrantes que describen incidentes generalizados de extorsión, secuestro y otros abusos cometidos por grupos criminales con la participación o complicidad de agentes del Estado, incluyendo funcionarios de la policía federal, estatal y local, funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y miembros de las fuerzas armadas mexicanas. En 2013 la CNDH recibió 454 quejas de violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios del INM. En 2010 y 2011, los cadáveres de 314 personas, muchas de ellas migrantes, fueron encontrados en tres fosas comunes ubicadas en San Fernando, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León. Todavía no se han identificado a 200 de ellos, y hay evidencia de la colusión de autoridades, ya sea directamente o por omisión, en las masacres en Tamaulipas.

Desde 2006, miles de personas han desaparecido en México. Los funcionarios del gobierno han dado cifras muy diferentes en relación al número de desaparecidos. Una base de datos del gobierno de Calderón indicó 26.000 desaparecidos; el Secretario de Gobernación Osorio Chong ajustó esa cifra a 8.000 en mayo de 2014, pero en junio de 2014 afirmó que en realidad había 16.000 desaparecidos. A pesar de las peticiones de la organización mexicana de sociedad civil, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
, las autoridades han sido incapaces de proporcionar estimaciones de cuántas de estas personas eran migrantes centroamericanos o de otros países.

Como WOLA destacó en un reciente informe, de enero a octubre de 2013, el personal de la Casa del Migrante de Saltillo, Frontera con Justicia, A.C., en Coahuila, recogió testimonios de migrantes centroamericanos que habían sufrido abusos durante su viaje a través de México. Veinte de estos testimonios involucraban migrantes que fueron víctimas de abusos por parte de agentes de la Policía Federal; dieciocho de estos casos se trataban de extorsión. Los incidentes ocurrieron principalmente durante las inspecciones de los autobuses en los puestos de control en las carreteras en diferentes partes del país; en muchos casos parece que los migrantes fueron blancos de búsqueda cuando los oficiales de la Policía Federal registraban los vehículos. Por lo menos en ocho de los casos, la Policía Federal amenazó con entregar a los migrantes al INM. En otros casos, los agentes de la policía utilizaron fuerza o la amenaza de fuerza para obligar a que los migrantes les pagaran. Aunque en muchos casos los oficiales de policía pidieron cantidades relativamente pequeñas (menos de US$100 dólares), en otros casos obligaron a los migrantes a darles todo el dinero que llevaban (normalmente cientos de dólares). La Casa del Migrante de Saltillo también ha documentado casos de tortura por parte de la Policía Preventiva Municipal de Saltillo; en el primer semestre de 2013, el personal de la Casa del Migrante de Saltillo documentó 35 casos de tortura cometidos por este cuerpo.

Los casos de extorsión y tortura registrados por la Casa del Migrante de Saltillo reflejan una tendencia que se ha observado por otros albergues y organizaciones de derechos humanos en México. Un informe de noviembre de 2013 realizado por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes en colaboración con el Servicio Jesuita al Migrante analizó 931 testimonios de migrantes obtenidos por siete albergues en México durante los primeros seis meses del año 2013. De estos testimonios, 167 migrantes denunciaron haber sufrido abusos a manos de las autoridades mexicanas. La Policía Federal fue responsable del mayor número de casos de abuso (59 casos, 35 por ciento del total de los casos documentados) con 31 de los incidentes relacionados a extorsión y 16 a robo.

Dada la generalizada y bien documentada participación de las autoridades mexicanas con los traficantes de personas y el crimen organizado, un endurecimiento de la aplicación de las leyes migratorias en México probablemente aportará poco a la situación, y sólo contribuirá a un mayor enriquecimiento de los criminales y funcionarios corruptos, y a la victimización de los migrantes inocentes, incluyendo niños y familias.

Entonces, ¿qué deberían hacer los responsables políticos de los Estados Unidos en respuesta al aumento de la migración centroamericana hacia los Estados Unidos?

  • Enfocarse en las causas fundamentales. La pobreza y la violencia no son problemas fáciles de resolver, y los Estados Unidos no puede esperar transformar Centroamérica de la noche a la mañana. Pero hay programas para reducir la violencia y proporcionar empleo que han demostrado que funcionan. Al centrar la asistencia en las comunidades de origen de los migrantes y de las poblaciones vulnerables, como los jóvenes en situación de riesgo, los Estados Unidos puede ayudar a generar alternativas viables a la migración. Al gastar solamente una fracción de lo que gasta en seguridad fronteriza, el gobierno de los Estados Unidos podría hacer una diferencia significativa en Centroamérica y aliviar las presiones que obligan a las personas a abandonar sus hogares en busca de una vida mejor y más segura.
  • Dirigir la asistencia de los Estados Unidos a mejorar la rendición de cuentas del INM y de la Policía Federal de México. El INM y la Policía Federal son los dos organismos que tienen la tarea de hacer cumplir las leyes migratorias del país. Hasta que estas agencias traten las cuestiones endémicas de corrupción y abusos, los agentes continuarán coludiendo con los traficantes de personas y grupos de delincuencia organizada. Los Estados Unidos ofrece actualmente asistencia a ambas agencias a través de la Iniciativa Mérida. Dicha asistencia debe centrarse en el fortalecimiento de los controles internos y externos y la profesionalización.