AP Photo/Fernando Vergara

16 Jun 2022 | Análisis

La política de Colombia está cambiando drásticamente. La de Estados Unidos debe cambiar también

Si la Cumbre de las Américas mostró algo es que las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia se encuentran en su mejor momento. El presidente Iván Duque fue celebrado, una vez más, por su decisión de conceder un estatus legal a 1,8 millones de personas refugiadas venezolanas en el país. El presidente Biden aprovechó la ocasión para hablar, nuevamente, de su “amigo de siempre” y de la estrecha relación que tienen.

Y no se trata sólo de Duque. “Colombia es la piedra angular de la política estadounidense en América Latina y el Caribe”, ha dicho Biden en más de una ocasión. Hace un mes, Colombia se convirtió en el 17º “Aliado principal no perteneciente a la OTAN” de Estados Unidos. Más recientemente, el gobierno de Biden celebró los 200 años de relaciones entre Estados Unidos y Colombia en una reunión llena de celebridades en el Kennedy Center de Washington D.C.

Sin embargo, en casa, las cosas no parecen tan brillantes para el futuro expresidente colombiano, cuyo mandato termina el 7 de agosto. No sólo su índice de aprobación está en su punto más bajo, sino que además deja a su país en peor estado del que lo encontró.

En 2021, la tasa de homicidios se disparó a su nivel más alto desde 2013, y siguió aumentando en los primeros cuatro meses de 2022. Colombia ha seguido siendo el país más peligroso del mundo para defender los derechos humanos, según datos recogidos por Front Line Defenders. En 2021, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recibió 202 denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos, y pudo comprobar que 100 de las muertes estaban relacionadas con su trabajo. Esto supone un gran aumento respecto a las 133 denuncias y 53 verificaciones de 2020.

El esfuerzo de Duque por imponer una reforma fiscal, que habría gravado a personas que ya habían sido afectadas por la pandemia del COVID-19, dio lugar a protestas en gran medida pacíficas en forma de una huelga nacional a mediados de 2021, a las que las fuerzas de seguridad respondieron con una represión alarmante. La Policía Nacional colombiana cometió ejecuciones extrajudiciales, practicó tortura, ejerció violencia sexual y usó fuerza de manera excesiva, en algunos casos causando ceguera a manifestantes que llevaban armas “no letales”. Unas 51 personas murieron y más de 1.100 resultaron heridas. La violencia continuó en 2022, con al menos 161 casos de brutalidad policial documentados por la ONG Temblores. Las investigaciones sobre estos abusos avanzan muy lentamente, al igual que los esfuerzos por abordar la urgente necesidad de una reforma significativa de la policía y de la estrategia de seguridad pública.

Aunque es imposible predecir quién será el próximo presidente de Colombia, lo que sí es cierto es que el gobierno de Estados Unidos tendrá que recalibrar su política exterior con su amigo más cercano en Suramérica, al menos si está dispuesto a situarse en el lado correcto de la lucha por la justicia y los derechos humanos.

El Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora ampliamente desmovilizadas, es una parte esencial del camino a seguir.

Aunque la administración Biden ha apoyado el acuerdo mucho más que la administración Trump, incluso animando al gobierno de Duque a aplicarlo, los esfuerzos no han ido lo suficientemente lejos. El deseo de mantener una “relación especial” con Colombia a menudo lleva a los diplomáticos a suavizar graves problemas de derechos humanos, corrupción, gobernanza y militarización. También contradice muchos esfuerzos que su propia agencia de cooperación, USAID, y partes del Departamento de Estado están llevando a cabo para promover los derechos de personas afrocolombianas, indígenas y de víctimas a la tierra. Elementos clave dentro del aparato político de Estados Unidos siguen aferrándose a estrategias anticuadas y fallidas de reducción de la oferta de drogas. Estos elementos también persisten en promover estrategias que pueden haber ayudado a debilitar a la guerrilla de las FARC hace 15 años, pero que tienen poco efecto sobre los grupos armados y criminales más pequeños que prosperan gracias a las relaciones corruptas con el gobierno. De hecho, estas estrategias de carácter militar hacen que la población esté menos segura.

El Acuerdo de Paz de 2016 fue mucho más que un trozo de papel firmado con un grupo guerrillero: sus 310 páginas ofrecen un plan ya acordado para alcanzar los objetivos de seguridad, derechos humanos, gobernanza y política de drogas. El capítulo 1 (reforma rural) prevé un ambicioso esfuerzo basado en la consulta para llevar al gobierno a territorios abandonados durante mucho tiempo por los grupos armados y los cultivos ilícitos, abordando factores históricos del conflicto como la desigualdad en la tenencia de la tierra y la falta de servicios básicos. El capítulo 2 (participación política) pretende crear un espacio para que los grupos excluidos durante mucho tiempo, como los campesinos, los afrodescendientes y los indígenas colombianos, las mujeres, los LGBTQ y los partidos de la oposición, participen -sin miedo a la violencia- en las decisiones que afectan a sus vidas. El capítulo 3 (fin del conflicto) busca reintegrar a 13.000 excombatientes y evitar que se rearmen. El capítulo 4 (solución al problema de las drogas ilícitas) busca reducir, en la medida de lo posible a corto plazo, el número de familias colombianas que dependen del cultivo de la coca para sobrevivir. El capítulo 5 (víctimas del conflicto) establece un sistema de justicia transicional, que incluye una Comisión de la Verdad cuyo informe debe presentarse el 28 de junio, y un tribunal que imponga penas reducidas a violadores de derechos humanos de todos los bandos que compartan la verdad sobre lo sucedido y reparen de forma significativa a sus víctimas.

Estos capítulos siguen ofreciendo un conjunto relevante y vital de programas y prioridades para ayudar a Colombia a resolver sus retos a largo plazo en materia de gobernanza, Estado de derecho, seguridad, derechos humanos y política de drogas. Es alentador que ambos candidatos presidenciales lo apoyen (aunque con distintos niveles de detalle), y la administración Biden haría bien en unirse al próximo presidente de Colombia para volver a comprometerse con la implementación del acuerdo, que se quedó atrás durante el gobierno de Duque. Debería alentar activamente al próximo gobierno para que redoble su apoyo político y aumente el presupuesto nacional dedicado a promover el acuerdo de paz.

El Plan de Acción Racial EE.UU.-Colombia (CAPREE) puede servir como medio eficaz para avanzar en el innovador capítulo étnico del acuerdo de paz. Ningún programa, especialmente un programa antinarcóticos para sacar a la gente de la economía de la coca, será eficaz si no cuenta con la plena participación de las comunidades afectadas, especialmente los pueblos rurales afrodescendientes e indígenas.

El gobierno de Estados Unidos también debe renovar su enfoque de 40 años sobre la política de drogas en Colombia. La propuesta de “enfoque holístico” de la administración Biden, que pretende ir más allá del enfoque demasiado estrecho de los últimos años sobre la erradicación de cultivos y las operaciones de las fuerzas de seguridad, sería un buen comienzo. El próximo cambio de gobierno en el país, con ambos candidatos criticando el enfoque de las últimas décadas en la reducción de la oferta de drogas, ofrece el momento ideal para poner en marcha esa propuesta.

En lugar de seguir apoyando las fumigaciones aéreas con herbicidas y otras formas de erradicación de la coca que castigan a las familias pobres productoras de coca sin lograr resultados en el suministro de cocaína, se debería centrar la atención en aumentar la presencia del gobierno en las zonas rurales. Cuando se trata de zonas afrocolombianas e indígenas, la forma de hacerlo debe determinarse de la mano de las autoridades étnicas. Esto es exactamente lo que propone el capítulo de reforma rural del Acuerdo de Paz. Los avances deben medirse no en la reducción de hectáreas de plantaciones, sino en la disminución del número de familias que viven en un abandono tan extremo que cultivan coca para sobrevivir.

Por último, pero clave, Estados Unidos debe apoyar los esfuerzos de Colombia para lograr una seguridad y gobernabilidad duraderas. La única manera de hacerlo es asegurando la presencia del Estado en todo el territorio nacional y construyendo un sector judicial capaz de frenar la corrupción.

El crimen organizado se nutre de su relación con el Estado y con las fuerzas de seguridad a todos los niveles, por lo que la proliferación actual de grupos armados que se aprovechan de la población es tan difícil de combatir. Este tipo de corrupción también ayuda a explicar por qué la seguridad no está mejorando para las comunidades en Colombia, a pesar del gran número de líderes de grupos armados que han sido detenidos o asesinados. Romper los lazos y la corrupción que existen entre los miembros de las fuerzas de seguridad y los grupos criminales y sancionar a los que colaboran con estos grupos reduciría significativamente su alcance.

La única manera de debilitar a las organizaciones que prosperan gracias a sus vínculos con el Estado es investigar y castigar esos vínculos corruptos. Y la única manera de hacerlo es dotando a los fiscales, investigadores y jueces de los recursos humanos, la tecnología, la presencia física y la seguridad que necesitan para hacer su trabajo. Su eficacia, a su vez, depende de quienes están al frente de la lucha por la justicia, incluidos líderes sociales y activistas de derechos humanos, que necesitan protección y una justicia rápida para quienes les perjudiquen.

El gobierno de Estados Unidos debe ser firme con su buen amigo, Colombia, si quiere avanzar en los objetivos mutuos de ambos países de promover la democracia, mejorar la seguridad, combatir el narcotráfico y avanzar en el desarrollo económico.