21 May 2013 | Análisis | Noticias

La seguridad pública en El Salvador: el liderazgo civil y los retos por enfrentar

La destitución de los generales Munguía Payés y Salinas por la Sala de lo Constitucional

El viernes 17 de mayo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador afirmó que el nombramiento del ex general David Munguía Payés como Ministro de Justicia y Seguridad Pública y el nombramiento del ex general Francisco Salinas como director de la Policía Nacional Civil (PNC) violaron la constitución salvadoreña, la cual requiere que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la PNC sean dirigidas por autoridades civiles. WOLA considera esta decisión como una importante reafirmación del carácter civil de la PNC. En el 2011, durante los debates sobre la posibilidad de nombrar a Munguía como ministro, expresamos preocupaciones por el efecto que este nombramiento tendría sobre el carácter civil de las instituciones de seguridad pública en El Salvador. (Nuestras preocupaciones no estaban sobre Munguía en particular, pero sobre la aparente confusión de los límites entre el papel de los militares y el papel de la policía y las instituciones civiles de seguridad pública.) Nos alegra que el tribunal haya mandado una señal muy clara sobre esta cuestión.

La importancia del fallo

Munguía Payés es un militar de carrera y coronel quien se retiró del servicio militar activo en 2001. Fue devuelto al servicio activo (y ascendido a general) cuando el presidente salvadoreño Mauricio Funes lo nombró como Ministro de Defensa en 2009, y se retiró de nuevo de las fuerzas armadas (sin dejar de servir como Ministro de Defensa) en junio de 2011. Dejó el Ministerio de Defensa y fue nombrado Ministro de Justicia y Seguridad Pública en noviembre de 2011. Salinas es un militar de carrera quien se retiró del servicio activo sólo unas horas antes de su nombramiento como director de la PNC en enero de 2012.

En su fallo, el tribunal señaló que los militares retirados pueden ser reincorporados al servicio activo y no han renunciado formalmente su relación con las fuerzas armadas. Por lo tanto, los oficiales militares retirados no son civiles y por eso no tienen el derecho de asumir posiciones que la Constitución exige ser llenado por civiles. Además, el tribunal examinó el significado del mandato constitucional que separa las funciones policiales y militares y requiere que la policía y el liderazgo de la seguridad pública sean “autoridades civiles”. Examinando el lenguaje y la intención de los Acuerdos de Paz, que habían dado forma a la constitución, el tribunal consideró que la formación y la doctrina de las fuerzas armadas son distintas de e incompatibles con el entrenamiento y la doctrina de las instituciones de seguridad pública, incluida la PNC. Por lo tanto, las personas que han recibido su formación en el ejército y han dedicado sus carreras a éste están constitucionalmente impedidas de asumir posiciones de liderazgo en las instituciones de seguridad pública.

Como era de esperar, la decisión del corte ha generado reacciones fuertes. A ningún gobierno le gusta tener sus decisiones impugnadas o sus altos funcionarios destituidos por un tribunal. Pero el principio de la separación de poderes y de la independencia judicial exige que el presidente y los partidos políticos  acepten la decisión de la corte y que lo pongan en práctica, incluso si no están de acuerdo. El año pasado, la Sala de lo Constitucional de El Salvador hizo varias decisiones polémicas, y tanto el gobierno de Funes como la Asamblea Nacional respondieron con intentos de anular la decisión de la Corte y con una propuesta para cambiar la composición del propio tribunal. Finalmente, el gobierno y los partidos políticos abandonaron esos esfuerzos y aceptaron las sentencias de la corte. Nos alegra que en este caso, el Presidente Funes y los partidos en la Asamblea Nacional parezcan haber aceptado la decisión de la corte y que se esté avanzando la búsqueda de las sustituciones de Munguía y Salinas. Creemos que sus acciones reafirman la separación de poderes y la independencia judicial, y aplaudimos la madurez política que demuestra.

Próximos pasos

El presidente y sus asesores se enfrentan al reto de nombrar un nuevo Ministro de Justicia y Seguridad Pública y un nuevo director de la PNC.

Esto llega en un momento delicado. Durante el mandato de Munguía, un ex asesor de Munguía y el capellán católico de la policía y las fuerzas armadas negociaron una tregua entre las maras principales del país. La tregua se ha traducido en una fuerte caída en los homicidios, que sin duda es una buena noticia. Pero la tregua sigue siendo muy polémica, en parte debido a las dudas acerca de lo que se negoció y del papel que jugaron las autoridades gubernamentales. Ciertamente, nadie quiere ver el colapso de la tregua y un aumento de homicidios. El nuevo Ministro de Justicia y Seguridad Pública y el nuevo director de la PNC tendrán que transformar la tregua en un acuerdo más sostenible y transparente, y tendrán que trabajar con el resto del gobierno y la comunidad de donantes internacionales para aprovechar de la pausa en homicidios para invertir en la prevención de la violencia, la capacitación laboral y programas de creación de empleo en las comunidades de alta incidencia criminal.

La nueva dirección de seguridad pública también tendrá que hacer frente a las acusaciones de corrupción dentro de la policía. Poco después del nombramiento de Munguía, la Inspectora General de la PNC—quien había sido nombrado por el presidente Funes y se había llevado a cabo investigaciones agresivas de corrupción y abusos a los derechos humanos dentro de la PNC—renunció a su cargo. Su sucesor cerró muchas de las investigaciones que había abierto, y ha hecho muy poco para abordar las preocupaciones constantes sobre la corrupción o la influencia criminal en la policía.

WOLA insta al presidente Funes a nombrar como Ministro de Justicia y Seguridad Pública y como director de la PNC individuos con un fuerte compromiso con el fortalecimiento de la PNC como institución; con un compromiso con la reafirmación de los esfuerzos para erradicar la corrupción; y con un compromiso con el apoyo a los esfuerzos para que las comunidades más seguras a través de un combinación de vigilancia inteligente y el apoyo a la inversión en la prevención de la violencia, la capacitación laboral y programas de creación de empleo.