A medida que se agrava la crisis de derechos humanos en Venezuela, Estados Unidos y otras partes interesadas internacionales continúan insistiendo en la necesidad de entablar negociaciones creíbles que puedan restablecer las instituciones democráticas de Venezuela y el Estado de derecho. Si bien este es un objetivo importante, los responsables políticos también deberían trabajar para garantizar que cualquier negociación incluya un canal sólido y seguro para que actores de la sociedad civil participen en el proceso.
A grandes rasgos, la reciente respuesta internacional a la crisis de Venezuela se ha centrado en tratar de dar nueva vida a un marco de negociaciones que se inició en la Ciudad de México en agosto de 2021, cuando representantes del gobierno de Maduro y de la oposición política firmaron un memorando de entendimiento en el que se esbozaba una agenda de siete puntos para las conversaciones. En este documento, las partes se comprometieron a discutir lo siguiente:
- Derechos políticos para todas las personas;
- Garantías electorales para todos y un calendario electoral con observación;
- Levantamiento de las sanciones y devolución de los bienes incautados;
- Respeto al Estado de Derecho Constitucional;
- La convivencia política y social, la renuncia a la violencia y la reparación de las víctimas de la violencia;
- Protección de la economía nacional y medidas de protección social para el pueblo venezolano; y
- Garantías de aplicación, seguimiento y verificación de lo acordado.
Las partes venezolanas se reunieron en México tres veces entre el 13 de agosto y el 27 de septiembre y llegaron a dos acuerdos parciales sobre el papel (uno que ratificaba la reclamación territorial de Venezuela contra la vecina Guyana y otro que creaba una junta conjunta para desviar los fondos congelados para hacer frente a la emergencia humanitaria). Sin embargo, los representantes de Maduro se retiraron de las conversaciones en octubre tras la extradición de aliado de Maduro, Alex Saab, y el proceso está estancado desde entonces.
En los meses siguientes, la comunidad internacional ha intentado encontrar formas de convencer al régimen de que vuelva a la mesa ofreciendo un alivio condicional de las sanciones. Estados Unidos y otros gobiernos han emitido declaraciones en las que insisten en que la vuelta a las negociaciones en México incluya reformas judiciales, el fin de las violaciones de los derechos humanos y la liberación de los presos políticos. Pero hay un aspecto del memorando de la Ciudad de México que recibe menos atención pública: el compromiso de las partes de “establecer mecanismos de consulta con otros actores políticos y sociales”. No quedó claro cómo se estructuraría exactamente este mecanismo, pero en una declaración conjunta de septiembre los equipos negociadores dijeron que habían discutido hacer estos mecanismos “tan inclusivos como sea posible.”
Los beneficios de crear un mecanismo sólido de la sociedad civil
Hay una serie de razones por las que las partes interesadas internacionales deberían apoyar la creación de un proceso consultivo bien diseñado, amplio y bien estructurado. Entre ellas se encuentran:
- Teniendo en cuenta la falta de información fiable, la sociedad civil puede aportar conocimientos y datos sobre cuestiones clave. En un contexto en el que el Estado de Derecho se ha desmoronado y el Estado venezolano no publica datos o estadísticas fiables, las organizaciones de la sociedad civil han llenado ese vacío durante años: haciendo un seguimiento de las irregularidades y los abusos en el sistema de justicia, trazando el alcance de la emergencia humanitaria y su impacto diferenciado en las mujeres y las niñas, documentando las violaciones de derechos humanos y las redes de corrupción, y manteniendo registros actualizados sobre los presos políticos, por ejemplo. Para avanzar de forma creíble en cualquiera de estas cuestiones será necesario tener una visión precisa del problema, y para ello la sociedad civil será indispensable.
- Los procesos de consulta pueden proporcionar una plataforma para que los actores de la sociedad civil influyan en la agenda. En muchos casos, ofrecer a grupos cívicos y al público formas de participación indirecta en las negociaciones ha contribuido a avanzar en cuestiones que, de otro modo, las partes negociadoras podrían descuidar. Este fue el caso del proceso de paz colombiano de 2012-2016. Mientras que los espacios “oficiales” para este tipo de aportaciones se limitaban al principio a formularios en línea y a consultas a través de canales formales, los actores de la sociedad civil colombiana -en particular las autoridades territoriales afrodescendientes e indígenas, las organizaciones de derechos humanos, los grupos de base y las organizaciones de víctimas del conflicto- se movilizaron dentro de estos canales y en paralelo a ellos para ampliar los temas debatidos entre el Gobierno colombiano y los negociadores de las FARC. Este activismo presionó a las partes para que incluyeran muchas de sus demandas en el acuerdo de paz definitivo. En el contexto del memorando de México, por ejemplo, es difícil imaginar un avance significativo en el quinto punto (que menciona la reparación a las víctimas) sin la participación de los grupos de víctimas, que abogan no sólo por la reparación sino también por la verdad, la justicia y las garantías de no repetición.
- La participación de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres, refuerza la durabilidad de cualquier acuerdo potencial. Un consenso emergente en el ámbito de la pacificación es que, aunque las partes negociadoras suelen preferir excluir las voces de la sociedad civil para agilizar las conversaciones, la creación de oportunidades para la participación directa o indirecta de la sociedad civil aumenta las posibilidades de que cualquier acuerdo se mantenga. Los análisis de las negociaciones de paz en los siglos XX y XXI han encontrado repetidamente un vínculo entre la durabilidad de los acuerdos y el grado en que las conversaciones incorporaron a actores de la sociedad civil y sus comentarios. Una de las formas en que se cree que funciona esta dinámica es que la participación de la sociedad civil ayuda a crear partes interesadas en un acuerdo, proporcionando una red de apoyo que puede mantener a las partes en la mesa. Los expertos en pacificación también señalan la importancia de involucrar a las mujeres en las negociaciones. Según un estudio, la incorporación de grupos de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres, hace que los acuerdos tengan un 64 por ciento menos de probabilidades de fracasar. Otros investigadores han descubierto que un acuerdo tiene un 35 por ciento más de probabilidades de durar al menos 15 años si las mujeres participan en un proceso de paz. Esto tiene implicaciones para las negociaciones que se iniciaron en México. Aunque el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria se comprometieron a “esforzarse por incluir a las mujeres” en el memorando, las dos delegaciones de nueve miembros en las conversaciones de México estaban dirigidas y dominadas por hombres. Las futuras negociaciones podrían beneficiarse de una perspectiva más diversa, en particular de la incorporación de voces afrovenezolanas, LGBTI e indígenas.
- Los canales de consulta de la sociedad civil pueden crear un espacio para ventilar el escepticismo. Muchas personas en Venezuela son, comprensiblemente, escépticas respecto a las negociaciones. En los últimos ocho años se han producido cinco intentos distintos por parte de actores internacionales de negociar acuerdos políticos entre el gobierno de Maduro y la oposición. Ninguno de ellos ha dado lugar a acuerdos tangibles, y Maduro ha utilizado las conversaciones para buscar legitimidad internacional mientras desmoralizaba y dividía a la oposición. La creación de un espacio para que las ONG de derechos humanos, los grupos religiosos, los líderes empresariales, los sindicatos, así como las víctimas y los grupos de víctimas defiendan sus demandas podría generar una aceptación, especialmente si estas demandas se abordan realmente.
La sociedad civil bajo ataque
Si se aplica bien, un mecanismo que permita a actores de la sociedad civil interesados participar directa o indirectamente podría beneficiar a las futuras negociaciones entre los actores políticos de Venezuela. Pero es imposible hablar de la participación de la sociedad civil en las negociaciones sin reconocer la realidad de que el gobierno de Venezuela ha amenazado sistemáticamente a actores de la sociedad civil y a medios de comunicación independientes, ha silenciado la disidencia y ha cerrado el espacio cívico.
La amenaza de la represión se cierne sobre la sociedad civil venezolana. En los últimos años, el gobierno ha adoptado nuevas normas que crean una base legal para restringir a las organizaciones no gubernamentales y a los medios de comunicación independientes, y el partido en el poder ha amenazado con aprobar una legislación que, en efecto, criminalizaría a estas organizaciones. Personas defensoras de derechos humanos han sido atacadas y detenidas arbitrariamente, y los principales funcionarios del gobierno han utilizado el poder judicial para intentar intimidarlas para que guarden silencio. De hecho, la Misión de Investigación de la ONU sobre Venezuela ha encontrado una base razonable para concluir que los actores estatales venezolanos han llevado a cabo crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales sistemáticas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, y el gobierno de Maduro está siendo investigado por estos crímenes por el Fiscal de la Corte Penal Internacional.
Por estas razones, los actores de la sociedad civil venezolana necesitarán garantías creíbles de que no sufrirán represalias antes de intentar incidir en futuras negociaciones. La realidad autoritaria de Venezuela significa que no se puede esperar que las víctimas, sus familiares, los grupos de víctimas, las organizaciones de derechos humanos y los representantes de otras organizaciones compartan libremente sus preocupaciones y demandas de negociación en foros públicos o con las autoridades locales. Más bien, cualquier mecanismo para recoger las aportaciones de la sociedad civil tendrá que demostrar su independencia del gobierno y su capacidad para reunir y asegurar información sensible. Esto puede requerir un papel importante de los organismos de las Naciones Unidas, o incluso de instituciones independientes como las universidades privadas o la Iglesia Católica. Algunas de estas mismas instituciones desempeñaron un papel importante en el avance del proceso de paz en la vecina Colombia, y pueden ser idóneas para promover la participación de la sociedad civil en las eventuales negociaciones venezolanas.
