(Foto AP/Fernando Vergara)
(Foto AP/Fernando Vergara)
Esta traducción fue hecha por Lauren Hecht, una pasante en WOLA.
A los colombianos lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, e intersexuales, se les ha concedido protecciones trascendentales en las últimas dos décadas. Incluido en estas hazañas está el reconocimiento histórico de las personas LGBT+ en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el primer en el mundo en incluir específicamente a las personas LGBT+. Pero no obstante, la violencia continua contra la comunidad LGBT+, especialmente contra las personas trans, refleja una paradoja de larga data en Colombia: en papel, el país tiene uno de los marcos legales más fuertes de América Latina que defiende los derechos de las personas LGBT+; sin embargo, en la práctica estas protecciones rara vez se aplican.
Después de Brasil, Colombia es quizás el país más peligroso de las Américas para las personas LGBT+. El año pasado, una investigación encontró que, de nueve países de América Latina y el Caribe, Colombia registró el mayor número de asesinatos de personas LGBT+ en un período de cinco años. En 2020, los ataques contra los líderes LGBT+ y las personas trans continúan incluso en medio del confinamiento por COVID-19. En lo que va del año, sólo en la región del Caribe, al menos 15 personas LGBT+ fueron asesinadas. A medida que el Mes del Orgullo llega a su fin, los grupos de la sociedad civil y la comunidad LGBT+ de Colombia siguen en una lucha constante para combatir la estigmatización, asegurar la justicia para crímenes del pasado y garantizar que las autoridades apliquen protecciones bajo el marco de la ley.
Colombia ha experimentado hitos importantes en términos de representación política y de otras formas de representación para las personas LGBT+, abriendo el camino hacia una sociedad más incluyente. En octubre de 2019, Bogotá eligió a Claudia López como su primera mujer y alcaldesa lesbiana. Varios representantes elegidos a nivel nacional, departamental y local como Andrés Cancimance en Putumayo y Oriana Zambrano en La Guajira se identifican como LGBT+. Los programas de televisión siguen presentando más personajes LGBT+ y la cobertura mediática de los temas relacionados con la comunidad LGBT+ se ha vuelto más consistente. Estos mayores niveles de visibilidad son el resultado de campañas incansables de grupos de la sociedad civil y activistas que trabajan para educar y transformar la sociedad.
Triunfos legales liderados por organizaciones locales de la sociedad civil y movimientos de base han dado un impulso significativo a la lucha por la igualdad LGBT+ en Colombia. En el 2015, a las personas trans mayores de 18 años se les concedió el derecho de cambiar su género legal en todos los documentos de identificación. Al año siguiente, se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Otras legislaciones progresistas defienden el derecho de las personas y parejas LGBT+ a adoptar, las protecciones contra la discriminación en el empleo y los crímenes de odio, y las sanciones explícitas establecidas en el Código Nacional de Policía para cualquier acto de discriminación por motivos de género.
Incluso el histórico acuerdo de paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Colombia contiene un enfoque diferencial de género. A través de un Subcomité de Género que incluyó a un representante LGBT+, las partes negociadoras reconocieron que las mujeres y las personas LGBT+ se vieron afectadas de manera desproporcionada por el conflicto armado, y en consecuencia, incluyeron 41 disposiciones específicas de género a lo largo del acuerdo. Incluir este enfoque sobre las mujeres y los grupos LGBT+ ayudó a hacer el acuerdo de paz de Colombia de 2016 uno de los acuerdos de paz más inclusivos de la historia. Según el grupo de derechos LGBT+ Colombia Diversa, aunque muchas de estas disposiciones siguen estancadas, alrededor del 70 por ciento han comenzado por lo menos la implementación.
Un mecanismo clave en el acuerdo de paz incluye la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de tres componentes distintos que conforman el actual sistema de justicia transicional. Como resultado de la labor realizada por Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, las organizaciones LGBT+ más destacadas del país, la JEP abrió dos casos sobre la persecución de personas LGBT+ durante el conflicto armado. Dos informes presentados por las organizaciones a la JEP describen la violencia sistemática perpetrada por las FARC y los grupos paramilitares contra las personas LGBT+ en Nariño y Antioquia. La JEP es, por lo tanto, el primer tribunal de justicia transicional del mundo en reconocer que, durante un conflicto armado, las personas LGBT+ fueron objetivo a violencia debido a su orientación sexual e identidad de género.
La discriminación hacia la comunidad LGBT+ aún persiste en Colombia, como resultado de los estereotipos de larga data y la información errónea difundida sobre la identidad de género y la orientación sexual. Esta retórica perjudicial se expresa en parte a través de un movimiento de oposición que busca restringir el gran reconocimiento de los derechos LGBT+, movilizándose en contra de la llamada “ideología de género”. Este argumento cuestionable no es exclusivo de Colombia y las Américas; es una estrategia global liderada por facciones evangélicas que tratan de socavar los derechos de las mujeres y las personas LGBT+. Los defensores de este argumento apuntan a las organizaciones LGBT+ porque su existencia y su trabajo desafían el patriarcado, las normas heteronormativas y las creencias religiosas.
En 2014, el estudiante Sergio Urrego murió por suicidio después de enfrentar la discriminación de los funcionarios de su colegio debido a su orientación sexual. Después de esta tragedia, la Corte Constitucional declaró en el 2015 que los manuales de convivencia en colegios en todo el país debían revisarse para abordar el matoneo de los estudiantes LGBT+. Luego, en el 2016, la ex-Ministra de Educación Gina Parody, que también resulta ser una mujer lesbiana, obedeció el fallo y publicó un manual extenso con recomendaciones a los colegios sobre cómo prevenir la discriminación y cómo tener conversaciones propicias con los estudiantes sobre la identidad de género y la orientación sexual. Sin embargo, esto encendió una controversia nacional, ya que sectores evangélicos y conservadores argumentaron que el Ministerio de Educación estaba promoviendo la homosexualidad y adoctrinando una “ideología de género” entre los estudiantes
Estos mismos sectores se movilizaron para sostener una oposición feroz al proceso de paz con las FARC. La propaganda sobre la llamada “ideología de género”, supuestamente incluida en el acuerdo de paz, en última instancia contribuyó al plebiscito fallido del 2016. El acuerdo de paz final con las FARC en noviembre de 2016 eliminó varias referencias a “género” y “LGBTI”, e incluso eliminó completamente cualquier mención del término “orientación sexual”.
Si bien el acuerdo de paz de 2016 todavía ofrece reconocimiento a las personas LGBT+, la eliminación de estas referencias específicas para apaciguar a los sectores conservadores es indicativa del poderoso papel que los prejuicios LGBT+ siguen desempeñando en la sociedad colombiana. También revela la necesidad continua de asegurar la protección y las garantías a los colombianos LGBT+, incluso fuera del marco del acuerdo de paz.
La retórica anti-LGBT+ contribuye a unos aumentos alarmantes de la hostilidad y la violencia contra los colombianos LGBT+. Entre 2014 y 2018, más de 545 colombianos LGBT+ fueron asesinados. Los miembros de la fuerza pública son los principales responsables de actos de violencia y acoso contra los colombianos LGBT+, según un informe de 2020 de la ONG colombiana Temblores. Esta violencia destaca la brecha preocupante que existe entre las protecciones legales progresivas de Colombia y la aplicación real de dichas protecciones.
Desafortunadamente, la recopilación de datos actuales sobre tales abusos y violencia contra los colombianos LGBT+ es limitada por varias razones. Wilson Casteñada, director del grupo de derechos humanos Caribe Afirmativo, indica que las organizaciones locales son en gran parte responsables de documentar los casos de violencia contra las personas LGBT+. Las entidades estatales no mantienen bases de datos que registren estos abusos, y cuando existen, carecen de voluntad política y la financiación para mantenerse adecuadamente. Además, hay una gran probabilidad de que la violencia contra las personas LGBT+ por parte de la fuerza pública no sea denunciada, ya que los que sufren de estos actos de violencia pueden ser reacios a consultar a las autoridades para denunciar estos crímenes. Todo esto contribuye a la falta de datos detallados sobre la violencia y los crímenes no sólo contra la comunidad LGBT+ de Colombia, sino en toda la región.
La transfobia es desenfrenada en Colombia. Las personas trans que son trabajadoras sexuales se enfrentan a niveles particularmente extremos de violencia y acoso porque la estigmatización en torno al trabajo sexual aumenta el riesgo de que esas denuncias de violencia no se tomen en serio. Esto se vio en un caso reciente del 29 de mayo cuando Alejandra Monocuco murió después de haber sido negada erróneamente tratamiento médico y el transporte al hospital en una ambulancia. El 20 de junio, cinco trabajadoras sexuales trans fueron atacadas brutalmente por miembros de la Policía Nacional de Colombia en Bogotá. Estos incidentes son comunes porque los estigmas culturales permiten la violencia física y estructural contra la comunidad trans.
La exclusión a la que se enfrentan los colombianos trans también se manifestó en la respuesta de emergencia del estado a la pandemia COVID-19. Bajo pico y género, una medida de cuarentena basada en el sexo aplicada temporaralmente en Bogotá y Cartagena, se permitió a mujeres y hombres salir para realizar funciones esenciales en días alternos de la semana; las mujeres y hombres trans podían salir según su identidad de género. Según la organización de derechos de las personas trans Red Comunitaria Trans, en Bogotá la política resultó en unos 20 casos de discriminación selectiva contra personas trans. La medida es un ejemplo de cómo las políticas estatales a menudo pasan por alto a las realidades de la discriminación y la violencia institucional contra las personas disidentes del género y trans.
Los colombianos LGBT+ tienen muchas razones para celebrar. Pero su batalla por garantizar la aplicación de las protecciones de identidad de género y orientación sexual continúa. La implementación y la aplicación de los mecanismos diseñados en el acuerdo de paz también son desafíos que no sólo afectan a las personas LGBT+, sino que también afectan a las comunidades afrocolombianas e indígenas que son silenciadas de manera similar.
Es precisamente el trabajo de los grupos de la sociedad civil y los activistas que hicieron posible las hazañas actuales y este trabajo debe ser amplificado. La comunidad internacional debe seguir responsabilizando a las autoridades para que apliquen las leyes establecidas para proteger los derechos de las personas LGBT+. Y al final, ese apoyo debe tener en cuenta las intersecciones entre estrato social, raza, etnia, y discapacidad que profundizan la discriminación a la que se enfrenta la comunidad LGBT+ en Colombia y más allá.