7 Jan 2012 | Informe

Los Esfuerzos Bolivianos Para el Control de las Drogas: Avances Genuinos, Desafíos Considerables

Por Asesora Principal de WOLA Coletta A. Youngers y Kathryn Ledebur de la Red Andina de Información

Tras una victoria abrumadora en las urnas, Evo Morales se convirtió en Presidente de Bolivia en enero de 2006.[i] Presidente de las Seis Federaciones cocaleras, Morales fue durante muchos años opositor de las políticas de drogas propugnadas por los EE.UU., y muchos observadores anticipaban un quiebre total de las relaciones entre los EE.UU. y Bolivia y, por consiguiente, el fin de la cooperación en cuanto a políticas de drogas. En lugar de ello, tanto Morales como la administración de George W. Bush inicialmente mantuvieron bajo control la retórica y desarrollaron una relación bilateral suficientemente cordial—aunque en ocasiones ésta ha estado cargada de tensiones. Luego que Bolivia expulsó al Embajador estadounidense Philip Goldberg en 2008, acusado por Morales de interferencia en asuntos internos del país y por fomentar la conmoción civil; y tras la posterior expulsión de la Agencia Antidrogas de los EE.UU. (Drug Enforcement Administration, DEA), la Casa Blanca incrementó sus críticas al gobierno boliviano y, durante los últimos cinco años, ha emitido una “determinación” que declara que Bolivia ha “fracasado de manera manifiesta durante los 12 meses anteriores en cumplir [sus] obligaciones contenidas en los acuerdos internacionales sobre estupefacientes”.[ii] La asistencia económica de los EE.UU. dirigida a los programas bolivianos para el control de drogas se ha reducido a un nivel mínimo. Ello no obstante, en 2011 ambos países firmaron un acuerdo marco para orientar las relaciones bilaterales, y se comprometió un intercambio de embajadores. Más aún, continúa la cooperación entre la principal agencia encargada del control de drogas en Bolivia—el Vice-Ministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas del Ministerio de Gobierno—y la Sección de Asuntos Narcóticos (NAS) de la Embajada de los EE.UU.

A nivel internacional, Bolivia está tratando de reconciliar su nueva constitución, la cual reconoce el derecho a consumir la hoja de coca para fines tradicionales y legales e identifica a la hoja de coca como parte de la herencia nacional del país, con sus compromisos respecto a convenciones internacionales. En junio de 2011, Bolivia denunció la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972, y anunció su intención de re-acceder al tratado con una reserva que permita el consumo tradicional de la hoja de coca. (La Convención de 1961 clasifica erradamente a la hoja de coca como un estupefaciente peligroso, junto con la cocaína). A menos de un tercio de los estados miembros de las ONU presenten una objeción hasta la fecha límite del 10 de enero de 2013, la reserva planteada por Bolivia será aceptada y el país volverá a ser miembro pleno de la Convención Única.

La proximidad de la fecha para el retorno potencial de Bolivia a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes ofrece un momento oportuno para evaluar los avances del gobierno boliviano en alcanzar sus objetivos de políticas sobre drogas. Más aún, Morales ha ocupado el cargo durante casi seis años, lo cual brinda un claro récord de antecedentes por evaluar. Adoptando el enfoque “coca sí, cocaína no”, Bolivia ha tratado de disminuir el cultivo de la hoja de coca—la materia prima empleada para fabricar la cocaína—al mismo tiempo que ha incrementado acciones contra la producción de la cocaína y las organizaciones traficantes de drogas. En 2011, el territorio dedicado al cultivo de la hoja de coca en Bolivia se redujo en un 13 por ciento, según estimados del gobierno de los EE.UU., en contraste a los incrementos netos producidos en el Perú y Colombia. Desde que el Presidente Morales asumió el cargo, se han aumentado de manera sostenida las incautaciones de pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína, así como la destrucción de laboratorios de producción de drogas. Sin embargo, a pesar de los resultados positivos alcanzados a la fecha, el gobierno enfrenta crecientes retos en la medida en que ha aumentado la cantidad de pasta básica de cocaína y de clorhidrato de cocaína que fluye a través de la frontera con el Perú, que la producción de cocaína en la propia Bolivia se ha incrementado, y que los traficantes de drogas han diversificado y expandido las áreas de producción y transporte de estas sustancias dentro del país.

El gobierno boliviano ha logrado significativos avances al enfrentar los continuos desafíos de la producción y el tráfico de drogas, en parte gracias a la asistencia proporcionada por la Unión Europea (UE), los EE.UU. y otros actores. El gobierno de los EE.UU. debe ahora reconocer dichos avances en sus determinaciones anuales. La cadena de “descertificaciones” está cada vez más desconectada de la realidad en Bolivia, y no tienen credibilidad para el gobierno boliviano y otros gobiernos de la región, que continúan considerando las calificaciones anuales de los EE.UU. como ofensivas y políticamente motivadas. La firma de un acuerdo marco entre los EE.UU. y Bolivia marcó un significativo avance en las relaciones bilaterales de estos países. Ambos gobiernos deben consolidar dicho éxito, empleando el acuerdo como un espacio para discutir áreas de interés, de fricción y de consenso. Aunque sin duda surgirán diferencias, mantener un diálogo abierto es en el mejor interés de ambos países.

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[i]Morales ganó las elecciones presidenciales en diciembre de 2005 con el 53.7 por ciento del voto popular. Fue reelegido en diciembre de 2009.

[ii]La Casa Blanca. Resolución Presidencial de la Casa Blanca: Memorándum de Justificación para Países Principales en Relación al Tránsito de Drogas o la Producción de Drogas Ilícitas, correspondiente al Año Fiscal 2013. Washington, D.C.: 14 de septiembre, 2012.