Las organizaciones internacionales y regionales firmantes de este comunicado, que hemos venido apoyando—desde hace muchos años—la lucha por garantizar y respetar los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, expresamos nuestra preocupación sobre la forma cómo se han llevado a cabo los recientes procesos de selección judicial para la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones.
Los estándares internacionales en materia de selección de autoridades judiciales, establecidos, por ejemplo, en los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura y en el Informe sobre Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establecen que estos procesos deben estar orientados a la evaluación objetiva de los méritos personales y profesionales de candidatas y candidatos.
Lamentablemente, después de dar un seguimiento cercano a los recientes procesos de selección judicial, por medio de un monitoreo constante y de varias misiones de observación, hemos observado que tanto las comisiones de postulación comoel Congreso de la República no han cumplido con los estándares de derecho internacional aplicables. Tampoco se respetó la legislación interna ni las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sobre el tema.
En concreto, algunas de las serias deficiencias que hemos podido constatar son:
1. Las tablas de gradación para calificar a las y los postulantes se basaron principalmente en la cantidad de años de servicio, absteniéndose de evaluar su calidad y capacidad profesional.
2. No se realizó un trabajo de verificación serio de la información aportada por las y los candidatos.
3. Faltó claridad sobre las razones para la desestimación de la mayoría de las objeciones (tachas) que fueron presentadas por diversos actores en contra de numerosos postulantes.
4. Faltó claridad sobre cómo se calificó el requisito de “reconocida honorabilidad”.
5. Faltó un razonamiento público del voto por parte de los comisionados.
6. Las entrevistas no se realizaron de una manera seria: la comisión para las salas de apelaciones no hizo entrevista alguna y la comisión para la Corte Suprema organizo entrevistas de 5 minutos de duración por postulante, tiempo insuficiente para evaluar sus capacidades.
7. Se acortó el plazo previsto legalmente para presentar objeciones por parte del Congreso de la República.
En el contexto de estas serias deficiencias, resultan de mucha preocupación las denuncias realizadas por diferentes actores de la sociedad civil y medios de prensa sobre presuntas negociaciones políticas que podrían poner en riesgo la futura independencia de los magistrados electos. Reconocemos la valentía de la magistrada Claudia Escobar Mejía, quien ha denunciado públicamente las irregularidades cometidas en los procesos de selección y le manifestamos públicamente nuestro respaldo solidario.
Sobre la base de todo lo expuesto, hacemos un llamado a las autoridades guatemaltecas para que respeten, garanticen y protejan el derecho a la justicia de los ciudadanos de su país y rectifiquen las irregularidades en los procesos de selección de quienes integrarán la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones.
Organizaciones firmantes:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Guatemala Human Rights Commission/USA
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Open Society Justice Initiative (OSJI)
