AP Photo/Christian Torres
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Este artículo es parte de la iniciativa “Más allá del muro: migración, derechos y seguridad fronteriza” de WOLA, que aborda el impacto de las políticas del gobierno de Trump con análisis basados en hechos, alternativas, y estrategias de defensa y promoción de los derechos humanos.
La mayor parte de las medidas de seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos ha mejorado drásticamente desde la década de 1990. Aun así, la seguridad fronteriza no es perfecta, y todavía quedan pasos de sentido común que Estados Unidos podría tomar para mejorarla. Un “muro” no debería estar en esa lista, sin embargo.
La construcción de muros no hace la diferencia en las áreas remotas y rurales de la frontera, donde actualmente no hay vallado. Un muro no es una gran barrera, en realidad: demora a los individuos durante los 10 o 15 minutos que se tarda en subir. En un área densamente poblada, donde las autoridades pueden responder rápidamente, 10 o 15 minutos hacen una gran diferencia. Pero casi todas estas áreas ya tienen un vallado alto, por la construcción tras la Ley de cerco seguro de 2006. En áreas vacías o silvestres, donde a los agentes les puede tomar una hora o más en llegar, o donde no hay carreteras –esto probablemente describe cerca de la mitad de la frontera– reducir entre 10 y 15 minutos la ventaja de alguien que quiere cruzar no es un factor de disuasión. Y se debe tener en cuenta que las drogas ilegales que más preocupan a los estadounidenses en este momento, la heroína y la metanfetamina, en su mayoría cruzan la frontera en los puertos oficiales de entrada, no en los vastos espacios donde iría el muro propuesto.
Es importante recordar que menos de la mitad de los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos son mexicanos. Esto es consecuencia de un cambio demográfico, del aumento de la migración interna y la creación de empleos limitados pero mensurables en México. En su lugar, la mayoría proviene de Centroamérica, donde familias enteras–y muchas veces niños solos–están huyendo de la violencia y la persecución. Una mayor seguridad fronteriza no va a disuadir a familias y niños centroamericanos que, al solicitar asilo, no intentan evadir a los agentes de la Patrulla Fronteriza después de cruzar la frontera: se entregan.
Con el descenso de la tasa migratoria a niveles que no se veían desde principios de la década de 1970, otros indicadores también están tomando el camino correcto. Las incautaciones de la droga ilegal más traficada entre los puertos de entrada, la marihuana, bajaron significativamente. Los delitos violentos son notoriamente bajos en el lado estadounidense de la frontera: datos del FBI muestran que, de 23 ciudades con más de 100.000 habitantes a 160 kilómetros de la frontera, solo tres tenían tasas de homicidios por encima de la media nacional. Y la Patrulla Fronteriza presenta una notable disminución del uso de la fuerza letal.
Entonces, ¿qué debería hacer Estados Unidos?
Nuestros 52 puertos terrestres de ingreso –cruces fronterizos por donde pasan personas, vehículos y mercancías– enfrentan importantes desafíos. La infraestructura está en ruinas: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) ha identificado alrededor de 5.000 millones de dólares en construcción y renovación necesarias. Hay tanta escasez de personal que el ingreso de rutina a Estados Unidos toma una hora o dos de esperar en fila, como en un supermercado en la víspera del Día de Acción de Gracias. Y aun así, los traficantes no se desalientan: los puertos legales de entrada son los principales métodos de contrabando de heroína, metanfetamina y otras drogas ilegales de alto valor y bajo volumen en Estados Unidos.
Ya sea para el personal de los puertos de entrada o agentes de la Patrulla Fronteriza, los procedimientos de contratación del DHS son un desastre. Las verificaciones de antecedentes, pruebas poligráficas y otras medidas anticorrupción se vieron fortalecidas por una ley de 2010, lo cual es bueno. Pero estas medidas no recibieron los fondos necesarios para su implementación adecuada, y los evaluadores están sobrecargados. Como consecuencia, si bien ha habido mejoras modestas desde 2015, ese año se tardó más de 460 días, en promedio, en contratar a un nuevo oficial de Aduanas y Protección Fronteriza o a un agente de la Patrulla Fronteriza. La Patrulla Fronteriza ni siquiera puede compensar el ritmo de la deserción de personal: necesita contratar mil agentes al año para evitar la reducción de personal, pero sus procedimientos no pueden mantenerse al día. Había 1.585 agentes menos en la Patrulla Fronteriza desplegados en la frontera entre Estados Unidos y México en 2016 que en 2013, y no por recortes presupuestarios.
Si bien reducir la deserción tiene sentido, una gran acumulación de personal de la Patrulla Fronteriza no lo tiene. La Patrulla Fronteriza ya duplicó su tamaño entre 2005 y 2011, y lo quintuplicó entre 1993 y 2011. En la zona entre los puertos de ingreso donde opera la Patrulla Fronteriza, los beneficios del personal adicional están disminuyendo rápidamente. A medida que las capturas de migrantes descienden y el personal aumenta, la cifra de migrantes detenidos por agente de la Patrulla Fronteriza es una décima de lo que era en 2000: 24 migrantes por agente al año en 2016.
Contratar más evaluadores y asegurar que el proceso de verificación de antecedentes tenga los recursos necesarios tiene mucho sentido. Bajar los estándares o apresurar la evaluación no lo tiene. Dado que la actividad del crimen organizado plantea un riesgo constante de confrontación armada y la tentación de corrupción, los agentes del CBP y de la Patrulla Fronteriza deben mantenerse en un nivel muy alto de responsabilidad. No obstante, una de marzo de 2016 solicitada por el DHS advirtió de una preocupante falta de protecciones en cuanto al uso de la fuerza y de anticorrupción, y halló al CBP “vulnerable a un escándalo de corrupción que podría amenazar la seguridad de nuestro país”.
Es fundamental continuar con los logros modestos en cuanto a responsabilidad y la transparencia que tuvieron lugar durante los últimos años del gobierno de Obama, como el uso renovado de pautas sobre uso de la fuerza y el fortalecimiento de las agencias de asuntos internos. La propuesta del gobierno de Trump para contratar a 5.000 agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza, lo que aumentaría la fuerza en un cuarto del total, no solo es innecesaria; sería desastrosa para la institución si sucede en un contexto de deterioro de los derechos humanos y protecciones contra la corrupción.
El sistema de adjudicación de solicitudes de asilo y de protección de los refugiados necesita una reforma. Un aumento de la violencia ha obligado a centenares de miles de familias y niños sin acompañantes de Centroamérica a huir a países vecinos, como Estados Unidos. Pero el Departamento de Justicia todavía tiene solamente 300 jueces en el país para decidir si los migrantes merecen condición de protección, tras un aumento de 65 en los últimos dos años. El caso de un padre y un niño centroamericanos que aparezcan en la frontera y soliciten protección a agentes estadounidenses será agregado a la lista de casos de un juez y probablemente quede en el limbo hasta 2019 o más allá. El acceso a asesoría legal es un factor clave para el éxito de las solicitudes de asilo. Según el Centro de Acceso a Documentos Transnacionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, las familias con acceso a abogados de inmigración tienen una probabilidad “más de catorce veces” mayor de recibir asilo que aquellas que no tienen abogados.
La capacidad de la Patrulla Fronteriza para cubrir áreas remotas, por otra parte, sigue siendo inadecuada. Aviones no tripulados, aerostatos equipados con radar, cámaras en torres y otras tecnologías han brindado una visibilidad sin precedentes sobre los cruces. A veces esto incluye narcotraficantes, pero a menudo comprende migrantes en peligro, perdidos en el calor abrasador del desierto. Pero gran parte de lo que se detecta es en áreas tan remotas que un agente de la Patrulla Fronteriza podría pasar la mayor parte de su turno solamente conduciendo al sitio donde un dispositivo grabó el incidente. En lugar de agregar más agentes de la Patrulla Fronteriza a nivel nacional, la agencia necesitará reubicar a su personal de manera más flexible, ya sea en “puestos de operaciones avanzadas” rústicos o reubicándose temporalmente de la mayoría de los sectores “más tranquilos” a la minoría de los que tienen más movimiento.
El gobierno estadounidense, por su parte, debería hacer más para superar un obstáculo clave: los vínculos corruptos entre el crimen organizado y el gobierno en muchas localidades mexicanas. Estos vínculos locales permitieron atrocidades como el asesinato de 72 inmigrantes mayormente centroamericanos cerca de la frontera de Estados Unidos en 2010 y la destacada desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero en 2014, quienes fueron vistos por última vez bajo custodia policial. Las agencias estadounidenses deben priorizar el apoyo a los reformistas valientes dentro y fuera del gobierno de México.
Los cambios que proponemos aquí pueden sonar como ajustes; y lo son, ya que costarán una fracción de las propuestas del presidente Trump. Ajustes es todo lo que se necesita en este momento: a pesar de lo que se oye a menudo, no hay una emergencia de seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos (el flujo de los centroamericanos que huyen de la violencia es una emergencia humanitaria, pero no una amenaza para la seguridad). Sigue habiendo desafíos y se necesita mantener una frontera fuerte. Pero las propuestas grandilocuentes y costosas que antagonizan a nuestro vecino y ponen en peligro a las personas que buscan refugio son simplemente innecesarias.
