(AP Photo/Eduardo Verdugo)

28 Jun 2018 | Análisis

El primer año de trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento para el Caso Ayotzinapa

El 6 de junio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un Informe de Balance tras el primer año de trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento para el Caso Ayotzinapa. Este mecanismo fue establecido en julio de 2016 con base en un acuerdo entre la CIDH, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y sus representantes legales, y el gobierno mexicano para dar seguimiento al trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El Mecanismo de Seguimiento comenzó a operar en noviembre de 2016. A través de su trabajo, las y los comisionados de la CIDH, la secretaría ejecutiva y su equipo técnico han llevado a cabo visitas técnicas y oficiales a México, reuniones de trabajo y audiencias públicas durante las sesiones de la CIDH. También han recibido información del gobierno mexicano y los representantes legales de las familias de los estudiantes.

En la conferencia de prensa para dar a conocer dicho informe, la Comisionada Esmeralda A. De Troitiño y el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva reconocieron al Estado mexicano por la aceptación de sus recomendaciones sobre el caso, las medidas propuestas para seguir adelante con la investigación, y el avance en varios aspectos de la misma.

La CIDH también destacó la importancia de la sentencia del 31 de mayo de un juzgado federal en México que resolvió no sólo concediendo el amparo a nueve personas detenidas en el caso de los estudiantes desaparecidos, sino también a favor de los derechos constitucionales de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos que fueron víctimas de violaciones graves de derechos humanos.

La CIDH dio la bienvenida a este fallo que ordena la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia que continúe la investigación de Ayotzinapa, como una forma de avanzar en el caso. En un nuevo comentario, WOLA explica la importancia de la sentencia del tribunal federal y su resolución ordenando la creación de esta nueva Comisión de Investigación.

Durante la presentación del Informe de Balance, la CIDH también pidió al gobierno mexicano cambiar la narrativa del caso dada la abrumadora evidencia de que su teoría de que los estudiantes fueron llevados a un tiradero de basura local y asesinados no está respaldada por evidencia científica. En palabras del Comisionado Vargas Silva, “la supuesta verdad histórica [sobre el caso] quedó sepultada”.

La Comisión recomendó que el gobierno mexicano continúe buscando a los estudiantes y proporcione asistencia a las víctimas, incluyendo a los estudiantes Édgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano que resultaron heridos en el ataque. En términos de la investigación sobre las desapariciones forzadas del Gobierno mexicano, el Mecanismo de Seguimiento encontró lo siguiente:

Ha habido pocas detenciones adicionales de sospechosos en el caso:

Aunque se ha detenido a algunos sospechosos más, existen varias órdenes de aprehensión pendientes en el caso que el gobierno mexicano no ha ejecutado. Además, la CIDH hizo notar que no ha habido detenciones por actos u omisiones cometidas por las autoridades del estado de Guerrero que pudieran tener algún nivel de involucramiento en la desaparición de los estudiantes.

El informe también solicita que se continúen las investigaciones sobre la participación de otras fuerzas policiacas municipales de otros lugares—además de Iguala, Cocula y Huitzuco—respecto de las cuales obran indicios que deberían indagarse.

La necesidad de profundizar la investigación en cuanto al papel de la Policía Federal y clarificar el papel del Ejército:

En sus informes, el GIEI recomendó investigar el papel de la Policía Federal que no protegió a los estudiantes y su posible participación en los hechos, así como su papel en escoltar uno de los autobuses (el quinto autobús) afuera de Iguala la noche que los estudiantes desaparecieron.

El informe destaca que, aunque se ha ejercido la acción penal a tres oficiales de la Policía Federal que se considera habían estado trabajando para Guerreros Unidos, por los delitos de delincuencia organizada, ejercicio indebido del servicio público y otros los tribunales federales han rechazado estas acusaciones y la Procuraduría General de la República (PGR) ha impugnado dicha decisión.

El informe recomienda también que el gobierno mexicano proporcione más detalles sobre la súbita transferencia de toda la plantilla de la Policía Federal activa en la estación de Iguala el 10 de octubre de 2014, poco tiempo después de que los estudiantes desaparecieran, y que se investigue la cadena de mando de la Policía Federal cuando estos hechos ocurrieron.

La CIDH también revisó las entrevistas de la PGR a varios militares e hizo notar varias inconsistencias en dichas entrevistas y la ausencia de repreguntas a las mismas. El Mecanismo de Seguimiento también señaló la necesidad de clarificar los daños en el disco duro de la computadora que tenía las fotografías originales tomadas por el personal militar durante la desaparición de los estudiantes y profundizar las investigaciones de las supuestas conexiones entre miembros del 27 Batallón de Infantería del Ejército y el tráfico de armas.

Tráfico de drogas y asistencia legal internacional:

La CIDH señala que el gobierno mexicano está investigando varias compañías de autobuses que fueron presuntamente utilizadas para traficar drogas o dinero entre México y los Estados Unidos y que podrían estar relacionadas con la desaparición de estudiantes.

A través del Tratado de Asistencia Legal Mutua (Mutual Legal Assistance Treaty, MLAT) con los Estados Unidos, personal del Mecanismo de Seguimiento pudo revisar la información que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos proporcionó a la PGR en relación con la acusación de ocho miembros de Guerreros Unidos, quienes usaron autobuses para transportar heroína a Chicago.

Sin embargo, se hace notar que no pudieron obtener copia de dichos documentos y que se tuvieron que limitar a revisar las transcripciones de los mensajes de texto de dos miembros de Guerreros Unidos, incluyendo el presunto líder de la célula en Chicago, Pablo Vega Cuevas, en las fechas cercanas al momento que ocurrieron las desapariciones.

La CIDH reiteró la importancia de continuar investigando la utilización de autobuses en operaciones de tráfico de drogas a través de la frontera, así como las conexiones de Guerreros Unidos tanto en Estados Unidos como en México.

La necesidad de profundizar las investigaciones de tortura:

A la CIDH le llamó la atención “que en 12 de los 17 casos en que el GIEI concluyó que había serios indicios de tortura, la PGR concluyó en sentido contrario”. La Comisión también subrayó un informe de marzo de 2018 emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Doble Injusticia, que examina las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la investigación del caso de los estudiantes. La ONU-DH reunió información que indica la existencia de posibles actos de tortura en 51 casos de personas procesadas en relación con el caso, encontrando fuerte evidencia de tortura en 34 de los casos analizados.

De acuerdo con la Comisión, “es alarmante la diferencia existente entre los casos positivos de tortura determinados por un lado por la PGR, y por otro por la OACNUDH-MX y por el GIEI. Esta discordancia en resultados amerita un análisis exhaustivo. Asimismo, la Comisión también manifiesta preocupación porque en los dos casos confirmados de tortura, la PGR no ha ejercido acción penal contra ninguna persona responsable”. La Comisión también subraya la necesidad de investigar la muerte de Emmanuel Alejandro Blas Patiño, ya que el informe de la ONU-DH indica que “habría fallecido a raíz de la tortura infligida por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que habrían participado en su detención”.

A través de entrevistas con las personas detenidas, testigos y autoridades, como también a través del análisis del expediente judicial y los reportes médicos de las lesiones físicas que las personas detenidas mostraban, la ONU-DH identificó “un patrón consistente de violaciones de derechos humanos y modus operandi prácticamente uniforme” en relación a cómo las personas fueron detenidas arbitrariamente y torturadas para extraer información o confesiones, y cómo hubo demoras significativas en la presentación formal de las personas detenidas ante agentes del Ministerio Público, dejándolas así fuera de la protección del a ley.

Las formas de tortura encontradas por la ONU-DH incluyen toques eléctricos, agresiones sexuales y violación, amenazas de muerte a las personas detenidas y sus familias, golpes contundentes en los oídos, asfixia a través de la colocación de bolsas de plástico en la cabeza y ahogamiento a través de la colocación de trapos en la cara seguido de derramamiento de agua.

Posible obstrucción de justicia en la investigación:

La Comisión destaca que el segundo informe del GIEI encontró varias irregularidades en los procedimientos llevados a cabo por los funcionarios federales mexicanos en el Río San Juan donde se encontró una bolsa que contenía un fragmento de un hueso de uno de los estudiantes. Estos incluyen el “traslado ilegal de un detenido que fue interrogado en la ausencia de su defensor [y] los indicios de que dicho detenido fue torturado bajo custodia”.

Como también se documentó en el informe de la ONU-DH, la investigación interna original en las alegaciones de obstrucción de justicia dentro de la Visitaduría General de la PGR concluyó que siete personas habían sido retenidas ilegalmente y que la Subprocuraduría Especializadas en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR era responsable por la sustracción ilegal y entrega de un sospechoso, Agustín García Reyes, y por conducirlo al Río San Juan, sin la presencia de su abogado, el 28 de octubre de 2014.

La investigación original también determinó que “la responsabilidad del entonces Director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR por realizar actos de investigación sin estar bajo la conducción del Ministerio Público; el quebranto de la cadena de custodia y la no formalización de las actuaciones en contra del derecho a la verdad”. Después de que el visitador original fue forzado a renunciar y amenazado, la Comisión subraya que el informe final, emitido por un nuevo visitador en diciembre de 2016, eliminó los principales hallazgos de la resolución inicial y encontró sólo faltas leves en la investigación.

En febrero de 2017, las familias de los estudiantes interpusieron un amparo para que los tribunales determinen si la resolución del visitaduría de la PGR fue exhaustiva y conforme a los más altos estándares, pero los tribunales mexicanos no han emitido una resolución final para este amparo.

Uso de spyware:

La CIDH señaló sus preocupaciones en relación al hecho de que los representantes de las familias y los miembros del GIEI han sido objeto de espionaje y han llamado al gobierno mexicano a investigar cualquier vínculo entre funcionarios gubernamentales y el uso ilegal de spyware.

Próximos pasos

El Mecanismo de Seguimiento continuará su trabajo hasta diciembre de 2018. Dados los esfuerzos del gobierno mexicano para desafiar y retrasar la implementación de Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia, como lo determinó la sentencia del tribunal federal mexicano, es muy pronto para saber cómo podría colaborar el Mecanismo de Seguimiento con esta Comisión y si el GIEI tendrá un papel en esta nueva etapa de la investigación.

Sin embargo, el Mecanismo nuevamente ha dejado en claro durante sus primeros 18 meses de trabajo la importancia de la supervisión internacional de los esfuerzos del gobierno mexicano para investigar la desaparición de los 43 estudiantes y de las muchas deficiencias y violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en el contexto de la investigación a nivel federal.

Sin la supervisión internacional que se ha realizado y la persistencia de las familias de los estudiantes, queda claro que el Gobierno mexicano habría cerrado el caso hace años— y con esto, el derecho de las familias de las víctimas a la verdad y la justicia.