4 Sep 2015 | Análisis | Noticias

México debería dar prioridad a la calidad sobre la cantidad en proceso de reforma judicial

El 2 de septiembre, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto dio su discurso anual para presentar su Tercer Informe de Gobierno en el que pronunció una larga lista de avances y logros realizados durante el tercer año de su gobierno, a pesar de la crisis de derechos humanos, el estancamiento económico y la desconfianza generalizada de población en las instituciones del país.

El Estado de Derecho es entre las áreas en las que el presidente Peña Nieto anunció logros, incluyendo avances en la implementación del nuevo sistema de justicia penal de México. “[H]emos sumado esfuerzos con las entidades federativas para concretar la transformación del Sistema de Justicia Penal en tiempo y forma, como lo mandata la Constitución”, afirmó. Si bien es cierto que se están realizando actualmente grandes esfuerzos para reformar el sistema judicial de México, todavía es demasiado pronto para cantar victoria en su aplicación.

El nuevo sistema de justicia penal de México

Por lo general, se ha considerado el sistema de justicia penal de México como ineficiente y plagado de  corrupción,  con  una gran acumulación de casos, y poca capacidad para obtener condenas. En 2015, World Justice Project clasificó el sistema de justicia penal de México en el puesto 93 de 102 países en su Índice de Estado de Derecho. Con base en encuestas ciudadanas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha estimado que sólo se denuncia el 9,9 por ciento de los delitos y que se inician averiguaciones previas en el 6,2 por ciento de todos los delitos cometidos en México. Esto significa que aproximadamente el 93,8 por ciento de los delitos ni son investigados en el país.

Reconociendo las deficiencias del sistema de justicia, en junio de 2008 el Congreso mexicano aprobó una serie de reformas constitucionales importantes diseñadas para hacer que su sistema de justicia penal sea más eficaz y transparente, y salvaguardar las protecciones para los derechos humanos. Dada la magnitud de las reformas, el Congreso mexicano estableció un período de ocho años para implementar las reformas. Con sólo diez meses restantes antes de la fecha límite en junio del 2016, el progreso en la implementación de las reformas históricas es inconsistente a lo largo del país y permanecen retos significativos.

Las reformas transforman el sistema judicial de México de un modelo cuasi-inquisitivo, en el que la mayoría de la evidencia se presenta en forma escrita al juez y el procedimiento tiene lugar en gran medida fuera de la vista del público, a un modelo acusatorio adversarial, en el que el procurador y el abogado defensor presentan pruebas y argumentos contrarias en una audiencia pública. Tocando prácticamente todas las áreas del sector de la justicia penal, las reformas también establecen nuevas funciones para las fuerzas del orden; introducen mecanismos alternativos al proceso penal, tales como la mediación y el procedimiento abreviado, que alientan que los delitos no graves sean procesados fuera de la corte; crean nuevas categorías de jueces para cada etapa del proceso penal; y delinean protecciones importantes para los derechos de los imputados, como la presunción de inocencia y una defensa legal adecuada.

Avances y desafíos

Durante su discurso del 2 de septiembre, el presidente Peña Nieto informó que el sistema de justicia penal acusatorio opera totalmente en el ámbito estatal en seis entidades federativas (Chihuahua, Durango, Estado de México, Morelos, Nuevo León y Yucatán), y en 25 entidades de manera parcial. En el ámbito federal, el nuevo sistema de justicia opera en ocho entidades federativas (Durango, Puebla, Yucatán, Zacatecas, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí) y el presidente declaró que para finales del 2015 se espera que esté funcionando por delitos de la jurisdicción federal en seis entidades adicionales. (Sólo Sonora no ha avanzado en la implementación). El Tercer Informe de Gobierno 2014-2015 afirma que seis de cada diez mexicanos tienen acceso al sistema de justicia reformada, lo que deja alrededor del 40 por ciento del país bajo el antiguo sistema con sólo diez meses antes de la fecha límite para su implementación.

Asimismo, faltan evaluaciones significativas por parte del gobierno de cómo van los sistemas ya reformados de las entidades federativas, por ejemplo la preparación y desempeño de los agentes judiciales en los juicios orales, la calidad, el alcance y las consecuencias de los procesos alternativos de resolución y la calidad general de la justicia que se imparte. Las evaluaciones e indicadores de desempeño deben ser una prioridad del gobierno mexicano con el fin de consagrar las mejores prácticas y seguir adaptándose a los obstáculos. Sin este control, todos los avances están en riesgo de ser superficial o de corta duración, ya que volver a caer en hábitos familiares es tentador.

Además, se necesita capacitar a todos los involucrados en el nuevo sistema de justicia penal. Procuradores, defensores, estudiantes y educadores deben ser entrenados en la nueva normativa y en cómo presentar los argumentos en una audiencia pública y oral; los jueces deben estar preparados para evaluar los argumentos presentados y determinar un veredicto; y la policía y expertos forenses deben estar preparados para investigar efectivamente un caso.

Según datos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) sólo aproximadamente el cinco por ciento de los policías mexicanos han sido entrenados en las reformas del sistema de justicia penal. Esto es especialmente importante dado que las reformas judiciales del 2008 otorgan a todas policías ciertos poderes de investigación, mientras que antes sólo los policías ministeriales bajo el control del Ministerio Público fueron los responsables de la investigación de casos. Esto significa que el 95 por ciento de los policías mexicanos (más de 333.000 agentes) no sólo tienen que aprender el nuevo sistema de justicia, sino también la manera de cómo llevar a cabo con éxito y respeto de los derechos humanos una investigación criminal, incluyendo la preservación de la escena del crimen, recolección de evidencias y entrevistas preliminares a testigos.

Los resultados cualitativos vs. cuantitativos

El tercer informe del presidente Peña Nieto cita que el sistema de justicia reformada ha reducido la duración de los procedimientos legales de un promedio de 180 días a 78 días, y a 27 días cuando se utilizan medios alternativos de resolución. Bajo el nuevo sistema, la justicia alternativa, como la mediación en la que las partes involucradas en un conflicto negocian y acuerdan una solución (a menudo la compensación) fuera de la corte, se ven como clave para reducir la acumulación de casos y los costos de los procesos penales. Mientras que la justicia alternativa es importante y proporciona los agentes judiciales con una variedad de opciones para resolver los casos de manera efectiva, últimamente su éxito depende de su uso apropiado.

En febrero de 2015, la organización mexicana FUNDAR analizó los tiempos más breves de la resolución de casos bajo el nuevo sistema de justicia en Oaxaca y se encontró que en los casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, los tiempos breves de resolución fueron resultado del uso frecuente del procedimiento abreviado, en el que el imputado admite culpabilidad y a menudo recibe una sentencia reducida del procurador. En Oaxaca, la violencia intrafamiliar se tipifica como un delito grave, es decir, los procuradores deben llevar el caso ante un tribunal y no permitir que el imputado sea liberado bajo caución sin un juicio. Como resultado de la utilización del procedimiento abreviado, muchos casos de violencia intrafamiliar en Oaxaca se resolvieron mediante el pago de una pequeña multa entre $2.000 y $5.000 pesos, incluso en los casos de abusos graves. El presidente Peña Nieto informa que sólo en 2014, 10.640 casos fueron resueltos a través del procedimiento abreviado. Si los resultados cuantitativos, tales como el número de casos resueltos o la duración de los procedimientos, siguen siendo la medida estándar de éxito, los agentes judiciales pueden seguir priorizando soluciones rápidas y fáciles sobre la calidad de la justicia impartida.

Además, en los distritos judiciales que operan bajo el nuevo sistema de justicia, se han reportado incidentes en que los jueces solicitaron las carpetas de investigación del caso antes de las audiencias. Esta es una clara violación de las reformas, ya que puede afectar la imparcialidad de los jueces y puede crear prejuicios antes de que se escuche un juicio. Estas instancias, junto con los casos de la utilización cuantiosa de la justicia alternativa, podrían sugerir que los agentes judiciales que trabajan en el nuevo sistema de justicia no se sienten preparados para celebrar un juicio oral en una audiencia pública, y reafirma la necesidad de evaluaciones cualitativas de las capacitaciones y de su desempeño. Una revisión del 2012 de los sistemas de justicia reformados en cinco estados, que se produjo con el apoyo de USAID, encontró que muchos de los agentes judiciales no habían suficientemente capacitados en el nuevo sistema y más bien habían ido aprendiendo sobre la marcha.

En cuanto a infraestructura y equipamiento, las reformas requieren la construcción de nuevas salas de audiencias adecuadas para los juicios orales. Además de los esfuerzos realizados a nivel estatal, nuevos Centros de Justicia Penal Federal, equipados con nuevas salas, se han completado en ocho estados en 2015. Si bien la construcción de nuevas salas de audiencia es un paso hacia adelante, la realización de un juicio oral efectivo depende mucho más en el desempeño de los agentes judiciales que en los arreglos de las salas. A medida que el proceso de implementación se mueve hacia adelante a nivel estatal y federal, más atención se debe dar a la calidad de los juicos que se realizan en estas salas y si todos los agentes judiciales están plenamente preparados para hacer un buen uso de ellas.

Con diez meses restantes, puede ser que México no cumple plenamente con la fecha límite de implementación en junio del 2016. En lugar de apresurarse a cumplir ciertos requisitos y presentar resultados inmediatos, lo que es importante ahora es seguir trabajando de manera constante para superar los obstáculos y cumplir con las metas establecidas, incluso después de que se alcance la fecha límite de 2016. La construcción de una base sólida de personal bien preparado ayudará a asegurarse de que estas reformas históricas tendrán efectos significativos y duraderos en el país.