(Foto AP/Rebecca Blackwell)
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El fracaso de la antigua Procuraduría General de la República de México (PGR) para procesar con éxito casos de corrupción, graves violaciones de derechos humanos y otros delitos de alto impacto fue un factor central en la generación de la violencia generalizada y la inseguridad que afectan a México hoy en día. En los últimos años, ante la impunidad generalizada, organizaciones mexicanas e internacionales de derechos humanos, así como personas expertas en anticorrupción y reformas al sistema de justicia penal han liderado un impulso histórico para reducir la intromisión política en investigaciones criminales federales.
En febrero de 2014, el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional ordenando la transformación de la PGR a una Fiscalía General de la República (FGR) independiente y autónoma, separada del poder ejecutivo. Después de varios años de retraso en la aprobación de las reformas constitucionales y legislativas necesarias para crear formalmente la nueva institución, Alejandro Gertz Manero asumió el cargo como el primer Fiscal General autónomo de México en enero de 2019.
Mientras que la creación de la FGR despertó la esperanza de una nueva era en México—donde los políticos y las fuerzas de seguridad rinden cuentas por sus actos ilícitos y los ciudadanos confían en el sistema de justicia penal—la nueva institución aún no ha realizado su potencial. El Fiscal General Gertz ha incumplido varios aspectos esenciales de su mandato, al realizar el nombramiento ilegal de fiscales especiales, cerrar espacios institucionales para la participación ciudadana, y anunciar el impulso de reformas que son inherentemente incompatibles con el espíritu de la transición a la FGR y con el sistema de justicia penal acusatorio de México en general.
En este informe, nos referiremos a la importancia de esta transición y analizamos el desempeño de la FGR durante el primer año y medio del mandato de Gertz, cuya duración total es de nueve años. También examinamos cómo ha funcionado la FGR durante COVID-19, ya que la respuesta de Gertz a la pandemia ha sido criticada por no implementar salvaguardas adecuadas para los empleados de la Fiscalía y por usar la pandemia como pretexto para reducir el trabajo de la FGR.
