(Fotos AP/Marco Ugarte)
(Fotos AP/Marco Ugarte)
Este análisis es el primero de una serie de dos partes sobre cómo el gobierno de Biden puede revertir las crueles e ineficaces políticas migratorias del gobierno de Trump y la necesidad de cooperar regionalmente. La primera parte se enfoca en México, la segunda se enfocará en Estados Unidos y la frontera entre Estados Unidos y México.
El gobierno entrante de Biden ofrece la oportunidad de un replanteamiento total de las políticas ilegales—e inusitadamente crueles e ineficaces—del gobierno de Trump. Aunque hay grandes expectativas de cambios importantes en la política de EE.UU., llevará tiempo su implementación. El gobierno de Biden tiene la tarea no sólo de deshacer las políticas dañinas del gobierno de Trump, sino también de responder al probable aumento de migrantes y solicitantes de asilo en la frontera como resultado de la violencia y la persecución constante, la pobreza agobiante, y el impacto devastador de dos huracanes que han destruido la infraestructura y medios de vida en Centroamérica.
Aunque muchos esperen los probables cambios de política con Biden, el gobierno de México también tiene un papel central para abordar los flujos migratorios. México debería también cambiar su enfoque.
Cuando el presidente Andrés Manual López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018, se comprometió inicialmente a seguir un enfoque más humanitario, prometiendo fondos para un plan de desarrollo regional destinado a atender las causas económicas de la migración. Pero como resultado de la presión de Estados Unidos, se dejó rápidamente en segundo plano los loables objetivos de la participación de Estados Unidos y México en el desarrollo de Centroamérica y la actitud de bienvenida a las personas migrantes.
Con la promesa del gobierno de Biden de anular muchas de las políticas de Trump y restaurar el asilo en la frontera, el gobierno de México también tiene una oportunidad importante de no seguir facilitando las crueldades y fracasos del gobierno de Trump e implementar políticas de migración que respeten los derechos humanos. Entre ellas se encuentran las siguientes:
México cuenta ya con la legislación y los reglamentos necesarios para cumplir con los estándares internacionales para atender a los refugiados y solicitantes de asilo.
Entre 2013 y 2019, las solicitudes de asilo en México se incrementaron en más de un 5.300 por ciento.
De hecho, la definición jurídica de México sobre quiénes pueden tener derecho a la protección, que incluye “personas que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva a los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”, es más amplia que la de Estados Unidos, ofreciendo mayores posibilidades de obtener protección. El problema es crear un mayor acceso al asilo ante la creciente demanda.
Entre 2013 y 2019, las solicitudes de asilo en México se incrementaron en más de un 5.300 por ciento. Si bien las solicitudes disminuyeron significativamente en 2020, como resultado del confinamiento y restricciones migratorias por el COVID-19, para octubre de 2020, el número de solicitudes recibidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, (32,272) es ya 53 por ciento más que el total de 2018.
Esta tendencia no va a revertirse, especialmente cuando se levanten las restricciones de viaje implementadas por el COVID-19 y persista la necesidad de protección. Se necesita urgentemente priorizar la expansión de la COMAR para que esté preparada para el aumento de las personas solicitantes de asilo que se anticipan en la región debido a la violencia, la persecución, la pobreza y los desastres del cambio climático que expulsan a las personas de sus hogares.
El plan presupuestario de López Obrador para 2021 incluye una propuesta de recorte del 14.3 por ciento al presupuesto de la COMAR. Sin embargo, la agencia probablemente reciba fondos adicionales a través de los fondos para una oficina ya eliminada que coordinaba los esfuerzos de migración en la frontera sur de México, elevando el presupuesto a un total de 4,685 millones de dólares.
Incluso con estos fondos adicionales, es esencial que la COMAR tenga un presupuesto mayor, particularmente debido a que, bajo la nueva legislación aprobada en septiembre de 2020, la COMAR está adquiriendo la nueva responsabilidad de apoyar a más de 345,000 personas mexicanas desplazadas internamente. En los últimos años la COMAR se ha beneficiado de un apoyo significativo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR), permitiendo que la agencia mexicana mejore la tramitación de los casos e incremente su personal. Sin embargo, las y los funcionarios para asilo deben ser pagados por el gobierno de México. Sin la inversión del gobierno mexicano, la COMAR podrá contratar un número limitado de agentes para hacer la determinación final de los casos. Por todo ello, el titular de la COMAR, Andrés Ramírez, ha instado a que se proporcionen fondos adicionales para satisfacer plenamente las crecientes necesidades y demandas.
La COMAR ha ampliado su presencia en México, con oficinas en siete ciudades, tanto en el sur de México, como más recientemente en Tijuana y Monterrey en el norte. Además, Ramírez anunció recientemente que pronto abrirán una oficina en Saltillo, Coahuila. Aunque esta ampliación de su capacidad es importante, una prioridad para avanzar es asegurarse que la COMAR tenga una presencia sustancial en los puertos de entrada en el sur de México. De esta manera se garantiza que quienes soliciten asilo no tengan que hacer el peligroso viaje a una ciudad fronteriza para solicitar asilo en la oficina de la COMAR o a través de un refugio.
Actualmente, si una persona solicitante de asilo se presenta en un puerto para solicitar asilo, será detenida por el Instituto Nacional de Migración (INM) y retenida por lo menos algunos días hasta que se hagan los trámites. Para evitar la detención, las personas solicitantes de asilo deben intentar viajar sin que sean detectadas a una ciudad fronteriza donde la COMAR tiene oficinas – Tapachula, Palenque, y Tenosique – para solicitar protección.
En muchos casos, los delitos se producen entre el puerto de entrada y estas ciudades fronterizas. Por años, el trayecto de 38 millas entre el cruce fronterizo de Guatemala y México en El Ceibo y la ciudad de Tenosique ha estado plagada de peligros, incluyendo casos documentados de asalto sexual, robos y secuestro porque las personas migrantes tratan de evitar las carreteras principales, y por lo tanto son presas de las bandas delictivas. El riesgo que enfrentan las personas solicitantes de asilo puede reducirse si se incrementa la capacidad de procesamiento en la frontera México – Guatemala, porque ellas tendrían un documento que les permitiría viajar legalmente dentro del estado donde presentaron su solicitud de asilo.
El despliegue de agentes de la COMAR a los puertos de entrada y el aumento de su presencia en el sur de México debe ir de la mano con ampliar las alternativas a la detención para las personas solicitantes de asilo en México.
México ya tiene un programa de “alternativas a la detención” que libera a las personas solicitantes de asilo de la detención y las coloca en albergues para su alojamiento en coordinación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Varios miles de personas han sido liberadas de la detención desde que el programa inició en 2016.
Sin embargo, dado su limitado alcance y la falta de protocolos estandarizados en relación a quién califica para salirse, miles de personas con frecuencia quedan en detención durante el proceso de resolución de su solicitud de asilo. Dadas las condiciones en las estaciones migratorias, que con frecuencia carecen de suficiente alimento, agua, servicios de salud, y acceso a asistencia legal, algunas personas solicitantes de asilo terminan abandonando sus demandas solo para ser liberadas.
Ampliar las alternativas a la detención para las personas solicitantes de asilo, aparte de los casos excepcionales, es también una medida importante para proteger la salud de esta población durante la pandemia del COVID-19. Se ha reportado que una estación migratoria en Chiapas registró al menos un brote de COVID-19 en octubre, cuando 19 migrantes dieron positivo al virus. Dadas las condiciones precarias en las estaciones migratorias y la falta de acciones por parte del INM para prevenir y contener el COVID-19, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), ha recomendado a las autoridades que implementen medidas cautelares en dos estaciones migratorias en Chiapas, incluyendo la más grande del país, el Siglo XXI.
El 18 de noviembre, el gobierno de México dio otro paso importante para limitar la detención para las personas solicitantes de asilo cuando publicó las reformas a sus leyes sobre la migración y sobre refugiados y asilo político que prohíben retener a las y los niños migrantes en estaciones migratorias, incluyendo a las y los niños que viajen con sus familias. La responsabilidad de albergar a esta población ahora se ha transferido a la entidad encargada de bienestar infantil de México, el DIF.
La COMAR y el INM deben desarrollar un sistema mejorado de comunicación y cooperación para mejorar y agilizar los procedimientos.
Debido a su papel central en la detención y procesamiento de migrantes, existe una necesidad urgente para que las y los agentes del INM desempeñen eficazmente su función actual en la revisión a las posibles personas solicitantes de asilo e informarles plenamente de su derecho de solicitar protección en México.
Cómo se ha documentado ampliamente, las y los agentes del INM con frecuencia priorizan la detención, la disuasión, y la deportación por encima de informar adecuadamente a las personas migrantes detenidas de su derecho a buscar protección en México. Esto es ilegal de acuerdo con la legislación mexicana y el derecho internacional sobre asilo; cualquier persona migrante detenida que desee solicitar asilo en México debe tener un rápido acceso a la COMAR.
Además de mejorar la capacitación de las y los agentes del INM para asegurar que comunican claramente a las personas solicitantes de asilo sus derechos, los mensajes de las autoridades del INM son importantes para subrayar que México está cumpliendo sus compromisos internacionales de proporcionar protección internacional a quienes la necesitan. La declaración emitida por el INM en respuesta a la caravana migrante que se originó en Honduras a principios de octubre, amenazando con procesar penalmente a cualquier migrante que entrara al país en violación de los protocolos de salud, parecería desviarse de este compromiso.
Además, la COMAR y el INM deben desarrollar un sistema mejorado de comunicación y cooperación para mejorar y agilizar los procedimientos. Esto incluye asegurarse que una vez que se admita una solicitud de asilo por la COMAR, las personas solicitantes de asilo reciben una visa por razones humanitarias por parte del INM para que puedan trabajar mientras esperan la resolución de su solicitud de asilo.
En 2019, tras el aumento de presión por parte del gobierno de Trump, el gobierno de López Obrador comenzó a desplegar a la recién creada Guardia Nacional para acompañar a las y los agentes de migración a puestos de control y otras operaciones.
En su punto más alto del año pasado después del acuerdo de migración entre Estados Unidos y México, había cerca de 12,000 miembros de la Guardia Nacional desplegados en la región de la frontera sur. En octubre de 2020, el gobierno mexicano informó que alrededor de 4,950 miembros de la Guardia estaban en Chiapas y Tabasco, los estados fronterizos que se encuentran entre los principales corredores migratorios en México.
Los comisionados actuales y pasados han destituido a miles de agentes por presuntos actos de corrupción
La Guardia Nacional, creada para ayudar a atender las cifras récord de violencia en México, se ocupa actualmente de una amplia gama de funciones de seguridad pública y de otro tipo. Mientras oficialmente es un cuerpo policiaco, en la práctica principalmente está financiada, dirigida y dotada de personal militar.
La Guardia Nacional no debe desempeñar un papel en la aplicación de la legislación migratoria en México porque el personal militar no está entrenado para entrar en contacto con civiles, incluidas las personas migrantes, las familias y las y los niños solicitantes de asilo. Esto ha causado incidentes, como cuando la Guardia utilizara lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describió como niveles de fuerza “preocupantes” contra migrantes en enero de 2020, así como los informes de que la Guardia ha amenazado y hostigado a casas de migrantes.
Entre enero y septiembre de 2020, la CNDH registró 209 quejas de violaciones a los derechos humanos en las que participaron miembros de la Guardia Nacional, incluida una docena de quejas de abusos contra migrantes y miembros de sus familias. La primera recomendación de la Comisión contra la Guardia Nacional, emitida el 29 de octubre de 2020, fue en relación a las acciones de la Guardia, en conjunto con el INM, en respuesta a la caravana migrante de enero de 2020. La Comisión señaló que el INM violó los derechos de las víctimas al permitir que la Guardia Nacional revisaba el estatus migratorio de personas migrantes y las detuviera, que la Guardia Nacional había usado arbitraria y desproporcionadamente la fuerza contra personas migrantes, y que ambas autoridades omitieron salvaguardar los derechos de las y los niños que iban en la caravana. Debido a los riesgos inherentes de tener una fuerza militarizada como la Guardia en la aplicación de la legislación migratoria, el gobierno mexicano debe retirar a la Guardia Nacional de estas operaciones.
En su lugar, el gobierno mexicano debe invertir recursos adicionales para profesionalizar al INM, mejorando sus mecanismos internos de rendición de cuentas, y contar con el personal suficiente. Esto incluye establecer plenamente un servicio civil de carrera para las y los agentes, establecer perfiles claros para quienes se integren al instituto y apliquen para puestos de dirección, y avanzar en los esfuerzos para mejorar y consolidar la capacitación y evaluar la eficacia de estos cursos. El INM también debe fortalecer los controles internos de sus agentes. Aunque los comisionados actuales y pasados han destituido a miles de agentes por presuntos actos de corrupción, estos despidos no deben reemplazar la existencia de una unidad de asuntos internos dentro del INM capaz de llevar a cabo investigaciones constantes de posibles infracciones y remitir determinados casos a la Fiscalía General de la República.
Mientras el INM trabaja con las fuerzas de seguridad en las operaciones de aplicación de la ley en materia de migración, estas colaboraciones deben establecer protocolos claros que regulen y limiten el uso de la fuerza durante operaciones de aplicación de la ley en materia migratoria, garantizar la capacitación de la totalidad de sus agentes en dichas directrices, y establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
Las personas migrantes en México se enfrentan a un viaje peligroso: son muy vulnerables a las amenazas de grupos delictivos y funcionarios corruptos. Muy pocos de estos delitos son investigados. El gobierno mexicano puede ayudar a reducir los riesgos que enfrentan las personas migrantes dando pasos para fortalecer la investigación y procesamiento de abusos como el robo, la extorsión, el secuestro, la violación, el asalto, y otros delitos y facilitando la capacidad de las personas migrantes para denunciar estos delitos.
Algunos grupos enfrentan riesgos particulares cuando transitan por México. Como ha documentado Amnistía Internacional, las personas migrantes LGBT+ enfrentan discriminación y violencia, con frecuencia a manos de funcionarios mexicanos, como resultado de su orientación sexual y/o identidad de género. De las personas solicitantes de asilo LGBT+ entrevistadas por la Agencia de la ONU para los Refugiados para un estudio de 2016, dos tercios señalaron haber sufrido violencia sexual y de género en México después de cruzar la frontera sur. Bajo la legislación mexicana, quienes han sufrido persecución de género son elegibles para solicitar asilo, pero las personas migrantes LGBT+ informan que las autoridades mexicanas nunca les informaron debidamente de su derecho a hacerlo.
Las personas solicitantes de asilo LGBT+ y migrantes también tienen necesidades especiales de protección si son enviadas a estaciones migratorias, pero las políticas oficiales no reconocen lo anterior: en cambio, las mujeres transgénero con frecuencia son recluidas en celdas para hombres; las personas LGBT+ son mantenidas en aislamiento e informan experimentar acoso sexual y discriminación generalizadas.
Las personas migrantes negras de África y del Caribe enfrentan un viaje particularmente duro y peligroso; con frecuencia han tenido que recorrer casi todo Sudamérica y Centroamérica para llegar a México. Y con un número de migrantes récord de países africanos que viajaron a través de México en 2019, las autoridades necesitan tener en cuenta el racismo, la falta de visibilidad, las barreras lingüísticas, y acceso restringido a ayuda legal que esta población reporte experimentar.
En noviembre de 2019, cuando el Grupo de Congresistas Negro (Congressional Black Caucus) visitó a los migrantes negros provenientes de Africa, el Caribe y otros lugares en Tijuana, se informó a los miembros del congreso sobre la violencia física y sexual, el racismo y otros traumas a los que se enfrentan las personas migrantes negras en su travesía. En algunos casos, los retos que plantea tienen que esperar una respuesta a su situación de parte de las autoridades migratorias mexicanas han empujado a las personas migrantes africanas y caribeñas a tomar decisiones mortales. En octubre de 2019, al menos dos personas migrantes de Camerún murieron cuando el grupo de migrantes optó por viajar por mar saliendo de la costa de Chiapas y su bote zozobró. Conforme aumenta el número de migrantes extracontinentales, así como afrodescendientes de otros países como Honduras, las solicitudes de asilo en México, las autoridades deben examinar las formas de apoyar a las personas afrodescendientes solicitantes de asilo que se enfrentan a mayores obstáculos debido al racismo y discriminación sistémico; esto debe incluir continuar con las campañas que se han implementado con el ACNUR para combatir la xenofobia en el país.
El gobierno de Biden pretende proporcionar mil millones de dólares al año para apoyar a Centroamérica.
Existen también formas en las que el gobierno mexicano puede colaborar con Estados Unidos para proporcionar protección a las personas solicitantes de asilo que enfrentan vulnerabilidades especiales y que no están seguras en México. Una de dichas áreas de preocupación se refiere a las y los niños migrantes no acompañados en México que tienen familia en Estados Unidos. Si es en el interés superior del niño o niña estar reunidos con su padre o madre en Estados Unidos,independientemente del estatus migratorio de su padre o madre,tanto México como Estados Unidos deben desarrollar formas de asegurar que esto suceda.
El gobierno de López Obrador se comprometió a dar prioridad a la inversión en Honduras, El Salvador y Guatemala, a fin de ayudar y abordar la pobreza, los fenómenos relacionados con el cambio climático, y otros problemas que conducen a la migración. En su primer día como presidente, López Obrador firmó un memorando con los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala, para llevar a cabo un plan de desarrollo integral para la región. El gobierno de Trump expresó su apoyo a lo anterior (aunque gran parte de los 5,800 millones de dólares prometidos eran fondos comprometidos anteriormente), como lo hizo la Unión Europea.
Un programa fundamental, dirigido por la agencia internacional de México, AMEXCID, tiene por objeto ayudar a personas agricultoras rurales; otro ofrece becas educativas y oportunidades de capacitación laboral. Sin embargo, han habido varios informes en relación a la falta de claridad sobre a dónde está yendo realmente el dinero y la forma como las autoridades están llevando a cabo los programas. Un informe de la Associated Press de septiembre de 2020 encontró que una parte del dinero destinado a los programas de desarrollo se gastó realmente en transportar migrantes y solicitantes de asilo a la frontera sur de México y para mejorar las condiciones dentro de las estaciones migratorias en México.
Debido a la pandemia, estos fondos ahora han quedado en suspenso sin que se esté realmente implementando ningún programa en Centroamérica (aunque el informe anual de actividades del gobierno de México de septiembre 2020 afirma que beneficiarios de El Salvador y Honduras se han inscrito en los programas).
El gobierno de Biden, que tiene como objetivo proporcionar mil millones de dólares al año para apoyar a Centroamérica, revela una gran oportunidad para que López Obrador vuelva a comprometerse con su promesa original. Es especialmente importante volver a centrarse en abordar las causas de la migración, dado el impacto económico del COVID-19 y la devastación causada por los Huracanes Eta y Iota, que impulsarán la futura migración en la región.
Si bien México está lidiando con su propia recesión económica, pueden haber oportunidades de asociarse con Estados Unidos y otros potenciales donantes, incluyendo a la Unión Europea y Canadá, y los bancos de desarrollo, para implementar programas específicos dirigidos a atender los factores económicos que conducen a la migración. Cualquier proyecto debe asegurar la transparencia para que los fondos sean aplicados de forma apropiada y se asocien con esfuerzos conjuntos para combatir la corrupción y fortalecer el estado de derecho.
Mediante agresivos esfuerzos de aplicación de la ley, México está tratando de construir su propio “muro fronterizo” en su frontera sur con Guatemala. En un ejemplo reciente, cuando un grupo de migrantes y solicitantes de asilo de Honduras intentó un viaje hacia el norte en octubre, las autoridades tanto de Guatemala como de México detuvieron y deportaron casi al grupo entero.
Muy pocos casos de delitos contra migrantes son siquiera llevados a la justicia, lo que significa que los responsables tienen muy poco que temer del gobierno.
Es inevitable que se produzca un aumento de migración en la frontera sur de México. Si México continúa duplicando las políticas de detención y deportación masiva, el resultado será un desastre humanitario ya que más personas serán detenidas en las estaciones migratorias superpobladas e inhumanas, más solicitantes de asilo con peticiones válidas serán deportadas de vuelta al peligro, y más personas migrantes serán forzadas a tomar rutas cada vez más peligrosas. Enfocarse en la detención de un gran número de migrantes incrementará el riesgo de brotes mortales de COVID-19 en las estaciones migratorias mientras la pandemia persista. El gobierno mexicano necesita actuar ahora para prepararse para el próximo flujo migratorio a su frontera sur en una forma humana, respetuosa de la ley y respetuosa de los derechos.
En la frontera norte de México, el gobierno de Biden y el gobierno de México necesitan trabajar juntos para atender la catástrofe humanitaria causada por las políticas de Trump, y prepararse para una siguiente ola migratoria. Debemos esperar que, aún si México y Guatemala continúan con la contención en la frontera sur, un gran número de personas migrantes y solicitantes de asilo lograrán llegar a la frontera norte, ya sea viajando por su cuenta o a través de contrabandistas que pagan a funcionarios corruptos (de hecho, el número de personas detenidas en la frontera entre Estados Unidos-México en octubre sugiere que estamos experimentando la primera ola de migración como resultado de la crisis económica del COVID-19 y la persistente violencia).
Además de las nuevas llegadas, existen más de 60,000 personas solicitantes de asilo que fueron expulsadas de Estados Unidos a México bajo el programa de Trump “Quédate en México”. Muchas se encuentran en ciudades fronterizas mexicanas, pero otras personas se han relocalizado a otras partes del país (Monterrey, Saltillo, Ciudad de México o incluso en el sur de México). Las expectativas sobre la elección de Biden podrían atraer a algunas de estas personas,así como otras bajo el programa que optaron por regresar a sus países de origen, dado los peligros a los que se enfrentaban en México,para regresar a la frontera norte.
Con el fin de prepararse mejor para este previsible incremento de llegadas, el gobierno mexicano debe aumentar sus esfuerzos para proporcionar a las personas solicitantes de asilo en la frontera norte vivienda adecuada y servicios de salud. En particular, en 2019, el gobierno de López Obrador recortó los fondos federales para apoyar el trabajo de los gobiernos locales con los migrantes en la frontera norte. El gobierno mexicano también anunció en 2019 su intención de construir refugios temporales en seis ciudades fronterizas, pero sólo se abrieron dos (en Tijuana y Ciudad Juárez). Esto significa que las organizaciones de la sociedad civil trabajan en gran medida solas en la lucha por satisfacer las demandas de alojamiento y acceso a los servicios de salud. Si el gobierno mexicano no hace más para prepararse para un incremento significativo de las llegadas en su frontera norte, y para coordinar sus esfuerzos con la sociedad civil y los órganos humanitarios internacionales, es probable que veamos más campamentos surgiendo en las ciudades fronterizas, más violencia contra las personas solicitantes de asilo, y las condiciones que facilitan la propagación del COVID-19.
El gobierno mexicano también necesita proteger mejor a las personas migrantes y solicitantes de asilo a lo largo de su frontera norte. La violencia endémica contra su población está bien documentada. Muy pocos casos de delitos contra migrantes son siquiera llevados a la justicia, lo que significa que los responsables tienen muy poco que temer por parte del gobierno. Esto necesita cambiar.
Es mucho lo que el gobierno mexicano puede hacer para desarrollar un plan para hacer frente al aumento de migración en una forma que se dé prioridad a la seguridad y el acceso a la protección. Si México se limita a un enfoque basado en la aplicación de la ley, centrado en la detención y deportación de la mayor cantidad posible de personas, pondrá en peligro a miles de personas que huyen de la violencia y la persecución en sus países de origen, forzando a las personas migrantes a utilizar rutas más remotas donde están expuestas a mayores daños y peligros, lo que puede exacerbar la pandemia del COVID-19, y en última instancia, no logrará frenar la migración a largo plazo, ya que no estará abordando las razones por las que las personas están migrando en primer lugar.
El gobierno de Biden tiene una tarea trascendental para desmantelar las políticas y programas que cerraron las puertas de EE.UU a las personas migrantes y solicitantes de asilo; pero el gobierno de México también tiene un papel fundamental que jugar en cómo manejar los flujos migratorios y protegera quienes lo necesitan.
