El gobierno de Sánchez Cerén ofrece un enfoque prometedor
Si los Estados Unidos han sentido poca necesidad de prestarle atención a la región y sus problemas hasta ahora, los gobiernos de la región, a su vez, han mostrado poca capacidad para desarrollar enfoques razonados. Por un lado, las elites locales y sus socios internacionales han atendido los problemas de desarrollo, por lo general, a través de programas económicos de corto plazo y egoístas; los impuestos se han mantenido bajos; los servicios públicos y programas de bienestar social han sido modestos; y los programas de desarrollo no han dado lugar a la creación de empleo o a un crecimiento equitativo. En cuanto a los problemas de delincuencia e inseguridad, donde la región enfrenta algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo y múltiples fuentes de violencia, incluyendo las pandillas, el narcotráfico y las influencias corruptas de la delincuencia organizada, los gobiernos han recurrido a estrategias populares pero ineficientes como la “mano dura” y el despliegue de los militares a las calles y carreteras. Si bien los gobiernos y líderes centroamericanos pueden ser criticados por su falta de visión e implementación de soluciones políticas miopes y conservadoras, también es cierto que la política de los Estados Unidos a menudo ha promovido y fortalecido estos enfoques.
Ahora que los Estados Unidos comienza a considerar apoyar a la región para abordar los problemas que están generado niveles irregulares de migración, una de las preguntas que se deben plantear es si los gobiernos de la región, las elites y las sociedades civiles tienen serias propuestas para abordar la falta de oportunidades y la inseguridad ciudadana, y si los Estados Unidos apoyarán estas propuestas.
En este contexto, el recién instalado gobierno salvadoreño ofrece algunas posibilidades prometedoras.
Estrategias de seguridad ciudadana en El Salvador
A principios de septiembre y tras dos años de investigación el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) en El Salvador presentó un estudio sobre la situación de delincuencia e inseguridad en el país. El estudio presenta datos importantes sobre temas como las fuentes de criminalidad (las maras, por ejemplo, son responsables de alrededor del 30 por ciento de los homicidios que se resuelven y no del 90 por ciento como a veces ha sido señalado), el funcionamiento del Ministerio Público (menos del 5 por ciento de las denuncias penales que se presentan terminan en condena o absolución) y la situación del sistema penitenciario (aunque sufre de los niveles de hacinamiento más altos de Latinoamérica, el sistema ha experimentado con alternativas al encarcelamiento y ha tratado de reducir la corrupción de los funcionarios y guardias penitenciarios).
Lo más interesante del estudio fue la crítica del manejo que se le dio ala política de seguridad pública en los últimos cinco años bajo el gobierno de centro-izquierda del Presidente Mauricio Funes. Inicialmente, tras asumir la presidencia en el 2009, el gobierno de Funes se alejó de las políticas de “mano dura” de sus predecesores de la derecha y se enfocó en los cambios institucionales necesarios para hacer la policía una fuerza más honesta y eficaz, capaz de detener a criminales y disuadir el crimen. Nuevos líderes fueron nombrados, la unidad de investigación criminal fue reorganizada, y una campaña de lucha contra la corrupción fue lanzada. Pero reacciones negativas de opositores políticos y modestas reducciones en la tasa de homicidios, llevaron al Presidente a cambiar radicalmente sus estrategias. El Ministro de Defensa fue trasladado al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y pronto fueron nombrados funcionarios militares o vinculados a los militares a puestos clave en la investigación policial, inteligencia policial y dirección de la policía. La campaña de lucha contra la corrupción se estancó, y funcionarios quienes anteriormente habían estado bajo sospecha fueron rehabilitados. Se aumentó el número de tropas del ejército asignado a patrullar las calles. E individuos vinculados al gobierno negociaron un pacto entre las dos principales pandillas del país que prohibía el asesinato de miembros de las pandillas rivales, mientras que las pandillas continuaron con la extorsión y otras actividades criminales.
La crítica de la UCA se enfoca en el giró que dio la administración de Funes de un enfoque en la reforma institucional hacia políticas enfocadas en la participación militar en el ámbito policial. El informe finaliza con una llamada a la nueva administración que asumió la presidencia en junio, para renovar el enfoque en la reforma policial, fortalecer el compromiso de contar con una fuerza policial bajo liderazgo civil e invertir más en los esfuerzos de prevención de la violencia basada en la comunidad.
El informe fue presentado en un foro público en la UCA. El autor principal, Jeannette Aguilar y el Rector de la Universidad, el padre P. Andreu Oliva, hablaron. WOLA había escrito un prólogo al informe, como también el representante del Cámara de los Estados Unidos James P. McGovern [D-MA]. Después del foro, hice una serie de entrevistas con funcionarios del gobierno salvadoreño, analistas políticos, activistas de la sociedad civil, y representantes de varias agencias donantes. Quería saber su reacción ante el informe y su evaluación de la estrategia de seguridad pública del gobierno salvadoreño. Salí moderadamente optimista.
El gobierno ha estado en el poder por tres meses, pero las señales iniciales son alentadoras. El nuevo Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, ha afirmado el compromiso de su administración a la estrategia de seguridad pública que guío los dos primeros años del gobierno de Funes, con su enfoque en la lucha contra la corrupción a lo interno de la policía, el fortalecimiento de la policía como institución, la descentralización de la investigación criminal, el fortalecimiento de la calidad de la inteligencia policial y el seguimiento de una doble estrategia enfocada en la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de la policía comunitaria.
Lara ha nombrado a policías ampliamente respetados a puestos de liderazgo y ha reiterado su compromiso a la creencia de que la policía es una función civil, en la que el ejército no debería desempeñar ningún papel de liderazgo. (El gabinete de seguridad del Presidente no incluye al Ministro de Defensa, en contraste con el gobierno anterior.) El Ministro también está buscando promover una estrategia de prevención del delito y la violencia a ser implementada en municipios específicos y enfocada a nivel municipal, con un papel para los gobiernos locales, organizaciones comunitarias, policía local, entre otros actores comunitarios. Muchos expertos y algunas de las agencias donantes que trabajan en la prevención de la violencia concuerdan en la efectividad de estrategias integrales enfocadas a nivel municipal en prevenir la violencia y el delito.
Finalmente la administración parece estar buscando apoyo político para su estrategia. Está convocando una Comisión Nacional de Seguridad Pública (cuyos miembros se anunciará esta semana) que se espera contar con la participación de las iglesias, el sector privado y líderes políticos para revisar y apoyar estrategias coherentes de lucha contra la delincuencia. El gobierno también cuenta con asesores de los gobiernos de España, Colombia y Brasil y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con algún apoyo del gobierno de Japón y USAID, entre otros donantes para la implementación de elementos de la reforma policial y los esfuerzos de policía comunitaria.
Por supuesto, no existe ninguna fórmula mágica para reducir la delincuencia y violencia en El Salvador, o en cualquier lugar en la región, de la noche a la mañana. Los gobiernos seguirán enfrentando presiones significativas de la opinión pública y políticos opositores para volver a las políticas de mano dura. Y los gobiernos, aun teniendo la mejor voluntad, pueden carecer de la capacidad y o los recursos para implementar efectivamente estrategias coherentes y progresivas.
No obstante, parece que el gobierno de El Salvador está haciendo un gran esfuerzo para desarrollar e implementar una estrategia de seguridad ciudadana que sea coherente, liderada por civiles, comprometida con un enfoque orientado hacia la comunidad, preocupada por prevenir el abuso policial y la corrupción, y que incluya elementos de la prevención de la violencia y el fortalecimiento institucional. Esto es probablemente más de lo que se puede decir sobre las estrategias actuales de los gobiernos de Honduras y Guatemala.
La semana pasada, los presidentes del Triángulo Norte presentaron un amplio plan para el desarrollo de la región, el Plan de la Alianza por la Prosperidad (vea el comentario de WOLA sobre el plan aquí). Aunque hay muchas preguntas sobre el plan, si los Estados Unidos quiere trabajar con los gobiernos de Centroamérica que cuenten con planes bien desarrollados y coherentes para reducir la violencia e inseguridad que contribuye a la migración irregular, debería explorar cómo poder brindar asistencia técnica, apoyo político, y cualquier otro tipo de asistencia que pueda apoyar al gobierno salvadoreño a implementar la estrategia que está perfilando.
