A lo largo de América Latina, las sentencias por delitos de drogas de bajo nivel y no violento son desproporcionadas y resultan particularmente difíciles para las mujeres. Tras visitas a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, Colombia, y San José, Costa Rica, WOLA creó una serie de ensayos fotográficos que muestran el costo humano de las actuales políticas sobre drogas en las Américas. Las fotografías narran las historias de seis mujeres, y cada una de ellas ofrece una perspectiva aguda y singular sobre el perturbador ciclo de pobreza, participación marginal, encarcelamiento y reincidencia, al cual las mujeres se ven sometidas con demasiada frecuencia.
Muchas de las mujeres que terminan transportando drogas fueron cooptadas por redes criminales que usan métodos similares a los usados para el delito de trata de personas. Es el caso de Liliana, una mujer venezolana con dos hijos que accedió a transportar drogas bajo la amenaza de que su familia sería lastimada si se negaba. Está detenida en una cárcel federal argentina. Sus hijos están en Venezuela.
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Johana cuenta de la pobreza que la llevó a vender droga para apoyar a sus hijos, y también como la cárcel solo ha empeorado su situación.
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Ángela, 24 años de edad y madre de tres hijos, cuenta de los abusos que sufría y cómo llegó a ser parte del mercado de drogas.
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Más de 90 por ciento de las mujeres encarceladas en el Centro Penitenciario Buen Pastor de Costa Rica tienen tres hijos o más. Sostener a estos hijos mientras se encuentran encarceladas puede resultar difícil, si no imposible. Estos relatos fueron escogidos por ser representativos de los perfiles vistos a menudo en mujeres encarceladas a lo largo del continente. Las mujeres en las siguientes presentaciónes están encarceladas allí cumpliendo condenas reducidas por haber admitido su involucramiento en el mercado de drogas. Sus casos son representativos de lo que sucede a lo largo del continente. Ellas nos comparten sus historias.
Lidieth, de 45 años de edad y con cuatro hijos, cuenta que fue arrestada por vender desde su vivienda pequeñas cantidades de crack y cocaína para mantener a su familia. Dos de sus hijos adultos fueron involucrados en el negocio familiar y enviados también a prisión. Incluso desde la prisión, Lidieth continúa cuidando a sus dos hijos menores, y ella cree que la más pequeña está siendo sometida a abusos en la casa donde vive. Lidieth actualmente cumple una sentencia de cinco años y cuatro meses, por declararse culpable de forma anticipada.
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Johanna, de 31 años, creció en un hogar donde sus padres vendían drogas, y estuvo expuesta a esta actividad desde temprana edad. Cuando su madre fue encarcelada y las cosas se pusieron difíciles para sus hermanos, ella aceptó llevar a Europa una maleta con drogas, pero en lugar de ello fue obligada a tragar 84 paquetes de cocaína envueltos en látex, lo cual casi le cuesta la vida. Fue encarcelada en Venezuela, pero al ser liberada cayó de nuevo en el negocio. Actualmente cumple una sentencia de seis años y seis meses por vender marihuana.
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“J”, de 28 años, es madre soltera de seis hijos. Para mantener a su familia, ella aceptó ingresar drogas a una prisión pero a último minuto se arrepintió y entregó las drogas a los guardias de la prisión. Fue arrestada y sentenciada a más de cinco años. J se benefició de una reforma legislativa en el país, y fue liberada tras cumplir sólo cuatro meses en la cárcel, pero el registro de sus antecedentes hace casi imposible que encuentre empleo. Ella no cuenta con apoyo familiar, y no tiene hogar ni trabajo. Este delito figurará en sus antecedentes durante los próximos 10 años.
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