Sergio Ortiz Borbolla/WOLA
Sergio Ortiz Borbolla/WOLA
El medio mexicano Animal Político colaboró con la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI) para el resumen y la promoción de su investigación multimedia.
En noviembre de 2022, el medio mexicano Animal Político publicó una investigación y a principios del año, un documental sobre cómo el gobierno mexicano está cumpliendo con los compromisos adquiridos en las reformas legales históricas de 2021 destinadas a establecer un sólido sistema de protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados, incluida la prohibición de la detención y la separación familiar. Con niveles récord de migración a través de México que persisten en 2023, la investigación revela cómo México no está protegiendo a la niñez, ya que miles de niños, niñas y adolescentes siguen detenidos en estaciones migratorias o en anexos llamados “centros de canalización” sin ser procesados de acuerdo con los nuevos requisitos legales. En muchos casos, los expulsan de vuelta a circunstancias que ponen en peligro sus vidas en los países de los que huyeron.
Vea el documental de Animal Politico, De vuelta con las Maras: México expulsa a niñez migrante que huye de la violencia:
Aquí resumimos la investigación y sus implicaciones para las autoridades mexicanas y estadounidenses, ya que ambos gobiernos siguen negociando sobre la seguridad fronteriza, migración y acceso a la protección.
Las reformas legales, impulsadas por la sociedad civil, entraron en vigor en enero de 2021 y establecieron dos cambios clave:
Entre enero de 2021 y mayo de 2022, 98.671 menores de edad fueron detenidos por el INM y sólo 19.067 casos fueron procesados por las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Los estados con mayores disparidades de menores de edad detenidos o tramitados bajo el nuevo sistema de protección son Baja California, con 15.498 menores de edad detenidos y sólo 117 tramitados, y Tabasco, con 16.696 detenidos y sólo 283 tramitados.
Del 19 por ciento de menores de edad que sí pasaron por el nuevo sistema, en el 55 por ciento de los casos las autoridades los deportaron a sus países de origen. Entre ellos se encuentran países como Honduras, con altos niveles de control y violencia de las bandas y que en 2017 registró la mayor tasa de asesinatos de niños y niñas del mundo. En menos de uno de cada 10 casos, las autoridades decidieron reunificar a los menores de edad con familiares en México o remitir su caso a la COMAR.
La investigación también reveló miles de infracciones de la ley al analizar de forma “colectiva” cientos o incluso miles de casos, en algunos estados, a pesar de que la reforma exigía el análisis individual. La mayoría de estos casos “colectivos” terminaron en deportaciones masivas de jóvenes a sus países de origen. Además, persiste la práctica de retener a los menores de edad en estaciones migratorias o en anexos llamados “centros de canalización“, en violación de la ley, debido a la falta de espacio en los albergues. Los que llegan a acceder al nuevo sistema de protección pueden acabar varados en los albergues hasta nueve meses esperando una respuesta de las autoridades.
La falta de presupuesto y personal en las oficinas de protección deja vulnerables a los niños, niñas y adolescentes inmigrantes.
La reforma de 2021 estableció que el gobierno mexicano debía proporcionar recursos suficientes a las oficinas de protección para aplicar la ley. Sin embargo, en 2021 y 2022, la mayoría de las oficinas estatales sufrieron recortes presupuestarios. De las pocas oficinas que recibieron aumentos, el presupuesto seguía siendo insuficiente para el número de jóvenes que llegaban.
Otros actores clave de la reforma, como la COMAR y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), mantuvieron sus presupuestos iguales, mientras que el presupuesto del INM aumentó. En 2022, el presupuesto del INM era 22 veces mayor que él del SIPINNA, 36 veces mayor que él de la COMAR y 40 veces mayor que él de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Para dar una idea de las disparidades de personal, en 2022 el presupuesto de México sostenía a 25.618 miembros del Ejército, de la Guardia Nacional y del INM encargados de detener a los migrantes, y sólo a 105 miembros de la COMAR. Debido a la escasez de recursos, las principales autoridades a menudo se encuentran con las “manos atadas”, a lo que se suma la presión del INM para que prevalezca la política de detención y deportación. En entrevistas con Animal Político, algunas partes interesadas, incluidos funcionarios encargados de la protección de la infancia, expresaron su temor a ir en contra de la prioridad del INM de deportar a los menores de edad. Estas circunstancias dificultan seriamente el cumplimiento de la reforma.
La única dependencia de protección que ha registrado incrementos presupuestales notables es el Sistema Nacional DIF, con un aumento de 100 por ciento, en gran medida para remodelar los albergues del DIF ante la llegada masiva de menores de edad migrantes acompañados y no acompañados. Sin embargo, entre las cincuenta entrevistas realizadas para la investigación, activistas, ex funcionarios, servidores públicos y defensores de los derechos de los migrantes expresaron la misma preocupación: que los albergues del DIF se convierten en centros de detención de facto, donde la deportación y el abuso por parte de los funcionarios son la norma. La investigación incluyó entrevistas con niños, niñas y adolescentes, y muchos de ellos revelaron ejemplos de abusos en los centros de detención del INM.
La investigación destaca a varios niños que fueron deportados inmediatamente después de su llegada México en busca de refugio. Uno de estos casos fue él de dos hermanos hondureños, una niña y un niño, que huían de la violencia de pandillas tras haber sido forzosamente reclutados desde temprana edad. Los jóvenes y sus padres fueron manipulados y extorsionados por la banda a través de actos de intimidación, que culminaron en elsecuestro, abuso y violación de la niña, que en ese entonces tenía 13 años. Tras estos hechos, la familia buscó refugio en México. Fueron detenidos en Chiapas donde la familia relató que estuvo retenida en una habitación durante días y que le dijeron sin explicación que sus documentos oficiales que mostraban la denuncia penal que habían presentado en Honduras “no servían” en México. Nunca se les informó de la existencia de un sistema de protección ni de su derecho a solicitar refugio.
Según datos del Observatorio de Derechos de las Niñas, Niños y Jóvenes en Honduras, en 2022 se produjeron al menos 209 muertes violentas de niños, niñas y jóvenes. De 1998 a octubre de 2022, el Observatorio registró al menos 14.185 casos, una media de casi 600 niños, niñas y jóvenes menores de 22 años al año.
Como resultado de las condiciones de violencia, las solicitudes de asilo en México por parte de menores de edad migrantes se han disparado. En 2021, un total de 31.455 niños, niñas, y adolescentes solicitaron asilo. Las detenciones de menores de edad migrantes, sin embargo, también se han disparado, con 77.608 sólo en 2021 —otra cifra récord—, de los cuales 10.596 ya fueron deportados a Honduras. El gobierno hondureño, sin embargo, dice que en realidad hubo 12.194 deportaciones de menores, casi 1.600 más.
Los datos analizados en la investigación muestran la urgente necesidad de que el gobierno mexicano garantice la aplicación de sus leyes de protección de la infancia, que 5 agencias de la ONU habían calificado como un “avance histórico en materia de derechos.”
Mientras que la investigación de Animal Político documenta las deficiencias generalizadas de la aplicación de la ley mexicana, las actuales políticas fronterizas estadounidenses también ponen en peligro a los menores de edad. Aunque los menores de edad no acompañados han sido excluidos de las expulsiones del Título 42 y se les ha permitido buscar protección en los Estados Unidos, los menores de edad mexicanos son devueltos frecuentemente a México sin la oportunidad de que sus solicitudes de asilo sean escuchadas ante un juez de inmigración, ya que la primera determinación de sus necesidades de protección la hacen los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza o de la Patrulla Fronteriza. Los alarmantes relatos de un artículo del New York Times sobre la explotación laboral de los menores de edad migrantes no acompañados en Estados Unidos y sobre la incapacidad de las autoridades para realizar un seguimiento de más de 85.000 menores de edad no acompañados una vez que se les asigna un patrocinador también muestran la necesidad urgente de proteger a los menores de edad no acompañados una vez que llegan a Estados Unidos.
Al mismo tiempo, muchas personas solicitantes de asilo han sido devueltas con sus familias a situaciones de peligro en México sin la oportunidad de buscar protección.. El sistema actual obliga a las personas solicitantes de asilo a pedir cita con las autoridades estadounidenses a través de la aplicación CBP One, y hay cada vez más relatos sobre las dificultades que enfrentan las familias para asegurar citas para todos los miembros, lo que lleva a la separación familiar.
Ambos gobiernos están fallando en proteger a los menores de edad migrantes acompañados y no acompañados, y los solicitantes de asilo en general. En lugar de aplicar políticas centradas principalmente en la disuasión, los gobiernos de Estados Unidos y México deben colaborar para buscar la reunificación familiar y la protección de los niños, niñas y adolescentes solicitantes de asilo, incluso mediante el debido acceso al sistema de asilo dondequiera que se encuentren, así como mediante la reunificación de los niños, niñas, y adolescentes migrantes no acompañados de América Central que se encuentran actualmente en México cuando la determinación del interés superior es que deben unirse con los miembros de la familia radicados en Estados Unidos.
Resumen y traducción por Ana Lucia Verduzco.
