AP Photo/Moises Castillo
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Este artículo es parte de la iniciativa “Más allá del muro: migración, derechos y seguridad fronteriza” de WOLA, que aborda el impacto de las políticas del gobierno de Trump con análisis basados en hechos, alternativas y estrategias de defensa y promoción de los derechos humanos.
En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security, DHS) ha comenzado a poner en marcha las órdenes ejecutivas del presidente Trump en torno a la inmigración; esto pone en peligro las vidas de miles de familias y niños centroamericanos.
El 21 de febrero, la Casa Blanca anunció nuevas pautas para las políticas de inmigración que habían sido emitidas por el general John Kelly, el secretario de DHS, el día anterior. Los memorandos disponen instrucciones para que las agencias estadounidenses de cumplimiento de la ley implementen las contundentes órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump el 25 de enero sobre la aplicación de la ley de inmigración dentro de Estados Unidos y en la frontera.
Estas pautas indican específicamente que los padres de menores sin acompañantes sean procesados por contrabando o tráfico de personas. Esto representará un golpe para miles de familias en todo el país; amenaza a los padres que intentaban reunir a sus familias y salvar la vida de sus hijos. Entre 2015 y 2016, más de 180.000 niños y familias que huían de la violencia en Centroamérica fueron detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos.
En una forma menos tangible, estas nuevas pautas también generan que los agentes de inmigración y de fronteras vacilen aún más al determinar quién ha demostrado suficiente “temor creíble” para obtener asilo. Ya se había instaurado una serie de obstáculos para que los migrantes obtuvieran la condición de asilo y, con estos últimos memorandos, probablemente se vuelva mucho más difícil.
La deportación o negación de la condición de refugiado puede constituir una condena a muerte, ya que uno de los factores clave que conduce a un gran número de centroamericanos a abandonar sus comunidades es la violencia. Los países del triángulo norte–El Salvador, Guatemala y Honduras–siguen padeciendo niveles endémicos de delincuencia y violencia que han vuelto muy peligrosas varias comunidades, especialmente para niños y adultos jóvenes.
En 2015, la tasa de asesinatos en El Salvador aumentó drásticamente, alcanzando un nivel de violencia que no se observaba desde el fin de la guerra civil del país. El aumento del 70 por ciento en la tasa de homicidios en 2014 le siguió a la desintegración de una tregua entre pandillas rivales y una represión agresiva por parte de las fuerzas de seguridad que ha suscitado preocupación en torno a las ejecuciones extrajudiciales y otros abusos contra los derechos humanos. Si bien la tasa de asesinatos disminuyó significativamente después de marzo de este año–en lo que autoridades gubernamentales han atribuido a su estrategia de seguridad y “medidas extraordinarias” contra las pandillas, aunque estas afirman haber hecho un pacto para reducir las muertes–la Policía Nacional Civil (PNC) registró 5.728 asesinatos en el país en 2016, convirtiéndose en el segundo año consecutivo con más de 5.000 asesinatos registrados en la historia reciente de El Salvador.
En los países vecinos Guatemala y Honduras han disminuido los niveles de homicidio, pero ambos siguen estando entre los diez países más violentos del mundo sin estar en guerra. Esto no implica que todos los vecindarios de la región sean comparables a una zona de guerra. Aun así, hay muchas comunidades, tanto urbanas como rurales, donde el temor y la amenaza de violencia son extremadamente graves.
Estas estadísticas de homicidios son solo una medida de la violencia generalizada que afecta a muchas comunidades marginadas en los tres países. La extorsión es común y los pequeños negocios, el sector de transporte público y los vecindarios pobres son los más afectados. Se estima que los salvadoreños pagan más de US$390 millones al año por extorsión, mientras que los hondureños pagan cerca de $200 millones y los guatemaltecos un estimado de $61 millones. No pagar puede provocar consecuencias de acoso, violencia o muerte.
La violencia doméstica e intrafamiliar también es un factor en la decisión de migrar para muchas mujeres y niños. El Salvador, Honduras y Guatemala son algunos de los países donde resulta más peligroso ser mujer, con índices de homicidios de mujeres que se encuentran entre los más altos del mundo. El Ministerio Público de Guatemala informó haber recibido más de 50.000 casos de violencia contra la mujer en 2013, de los cuales solo 983, alrededor del 2 por ciento, culminaron con una condena carcelaria para el culpable. En más del 76 por ciento de los casos recibidos por la policía en el mismo año, se informó que el agresor vivía con la víctima (29,5 por ciento), era su esposo (29 por ciento) o su ex pareja (18 por ciento). La situación de violencia doméstica es similar en toda la región. En Honduras, 471 mujeres fueron asesinadas en 2015; una cada 16 horas. En El Salvador se han producido casi 1.100 casos de violencia doméstica y más de 2.600 casos de violencia sexual en 2016. Con la amenaza constante de violencia y abuso en el triángulo norte, muchas mujeres y niños deciden aventurarse al norte en busca de seguridad.
La violencia y la inseguridad en el triángulo norte provienen de muchas fuentes. En los últimos años, Centroamérica se ha convertido en una de las principales rutas de transbordo de drogas ilícitas dirigidas a Estados Unidos. Los “transportistas” locales–operaciones de contrabando de drogas que trabajan para cárteles transnacionales de narcotráfico–contribuyen a la violencia en las zonas rurales, particularmente en regiones fronterizas, y son en gran parte responsables de los niveles desenfrenados de corrupción y deterioro de los sistemas de justicia y seguridad.
La violencia y la inseguridad también se deben en gran parte a la proliferación de pandillas callejeras locales o “maras” que afectan todos los aspectos de la vida en los vecindarios y comunidades que controlan. Si bien muchos de los vecindarios acomodados siguen seguros, en muchas de las comunidades más empobrecidas las pandillas imponen toques de queda, controlan la entrada a sus vecindarios e imponen sus propias reglas. Los niños y jóvenes a menudo son amenazados o presionados para unirse a las pandillas, mientras que las mujeres jóvenes suelen sufrir agresiones sexuales o abusos a manos de miembros de pandillas, forzando a una gran cantidad a abandonar la escuela o irse de la zona.
Los niños y las familias no solo buscan refugio a través de las fronteras, como demuestra la cifra de personas desplazadas internamente (PDI) en la región. Según la organización Internal Displacement Monitoring Centre, se calcula que, a fines de 2015, 714.000 personas del triángulo norte fueron desplazadas internamente como consecuencia de conflictos y violencia. En El Salvador, la organización informa que 289.000 personas–casi el 5 por ciento de la población–fueron desplazadas internamente debido a la violencia.
El problema de la violencia en estos países es la falta de seguridad económica. Se estima que el 60 por ciento de quienes viven en las zonas rurales del triángulo norte viven en condiciones de pobreza. En los últimos años, la región ha vivido la sequía más grave en décadas, la cual ha puesto en riesgo la subsistencia de más de 2.800.000 personas en Guatemala, El Salvador y Honduras. Esta sequía ha sido especialmente devastadora para las comunidades rurales, agricultores de subsistencia y jornaleros. La falta de lluvia necesaria en el denominado “corredor seco” ha causado importantes pérdidas de cultivos e ingresos, exacerbando la inseguridad económica y alimentaria en poblaciones ya vulnerables.
Además, más de un millón de personas en los países del triángulo norte no estudian ni trabajan. Conocidos comúnmente como “ninis”, hay 350.000 en Guatemala y 240.000 en El Salvador. Honduras tiene la mayor tasa de ninis en América Latina, con 27,5 por ciento de los jóvenes fuera de instituciones educativas y sin empleo. La incapacidad para encontrar un trabajo, progresar mediante la educación o apoyarse a sí mismos a través del autoempleo o la agricultura, obliga a muchos jóvenes centroamericanos a abandonar sus hogares y comunidades.
Estos problemas empeoran porque los gobiernos de los países del triángulo norte no han abordado de manera eficaz los problemas de la delincuencia y la violencia desenfrenadas, ni han procurado estrategias económicas que generen oportunidades y empleos estables. Una parte importante de este problema han sido las instituciones estatales débiles, corruptas y con fondos insuficientes. Es frecuente que muchas víctimas de la violencia no obtengan protección de las autoridades. La mayoría de las fuerzas policiales están subfinanciadas, mal dirigidas y a veces resultan cómplices de actividades delictivas. Las medidas para purgar y reformar las fuerzas policiales civiles no han progresado mucho, permitiendo la infiltración y la cooptación de grupos delictivos.
En los países del triángulo norte en su conjunto, las estadísticas sobre enjuiciamientos son atroces. El diario salvadoreño La Prensa Gráfica informó en 2014 que en todo el triángulo norte las tasas de impunidad de los homicidios alcanzaron aproximadamente un promedio de 95 por ciento (95 por ciento en El Salvador, 93 por ciento en Guatemala y 97 por ciento en Honduras). Esto significa que 19 de cada 20 asesinatos quedan sin resolver y que las posibilidades de ser atrapado, enjuiciado y condenado por cometer un asesinato son prácticamente nulas. El Índice Global de Impunidad de 2015 clasificó a El Salvador como el país con la octava tasa de impunidad más alta del mundo, con Honduras en el séptimo lugar.
No hay una solución mágica para la violencia endémica, mala gobernación y pobreza en el triángulo norte. Se trata de problemas difíciles que requieren una estrategia integral a largo plazo. A menos que se aborden estos factores, las familias y los niños seguirán huyendo de sus comunidades. Estados Unidos y otros donantes necesitan trabajar con los gobiernos centroamericanos, cuando estén dispuestos, para tratar las causas fundamentales que impulsan la migración. Esto implica:
Al mismo tiempo, abordar las causas fundamentales de la migración requiere que los gobiernos centroamericanos hagan su parte. El Salvador, Guatemala y Honduras deben demostrar un firme compromiso de apoyar las reformas para fortalecer las instituciones públicas, combatir la corrupción y proteger los derechos humanos. También deben asumir cada vez más la carga financiera necesaria para transformar sus países mediante reformas fiscales, mejorando la recaudación de impuestos e insistiendo en que sus élites paguen una parte justa.
Los problemas son abrumadores y no se resolverán de la noche a la mañana. Pero el compromiso y la voluntad política son realmente importantes. En Guatemala, por ejemplo, el nombramiento de una abogada valiente y eficaz como procuradora general no solo condujo a juicio casos de derechos humanos y crimen organizado de alto perfil, sino a reformas internas que mejoraron la gestión, hicieron más manejable la carga de los fiscales y llevaron a la duplicación de las tasas de condena por homicidio en el Departamento de Guatemala. La continuación del afán de reforma de la sucesora ha dado lugar a resultados sin precedentes en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
Los $750 millones de asistencia para Centroamérica asignados por el Congreso de Estados Unidos para el año fiscal 2016 son un avance positivo. El paquete de ayuda aumenta a más del doble el nivel anterior de asistencia a la región, ampliando también la agenda de Estados Unidos; de un enfoque previo estrecho y orientado a la seguridad, a uno que busca fortalecer las instituciones e invertir en el desarrollo económico.
Particularmente, el paquete incluye también una serie de condiciones poderosas para combatir la corrupción, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones públicas y proteger los derechos humanos. Asegurar que la asistencia esté dirigida estratégicamente, se invierta sabiamente y se implemente de forma adecuada es lo que determinará si la nueva estrategia es efectiva para abordar las terribles condiciones en los países del triángulo norte. Una mejor información sobre los objetivos específicos, los niveles de ayuda y los programas en cada país, así como los indicadores de progreso que se están utilizando y la forma en que se definen los resultados, permitirá una mayor capacidad para evaluar si la asistencia de Estados Unidos está logrando los resultados deseados. Además, asegurar que se cumplan las condiciones impuestas a los fondos ayudará a medir el compromiso de los gobiernos centroamericanos.
El gobierno incluyó alrededor de 743.600.000 dólares en asistencia externa a la región en su solicitud presupuestaria del año fiscal 2017. El Congreso aprobó la solicitud del gobierno sin una reducción drástica de los niveles de financiamiento y mantuvo la serie de condiciones, y se espera que finalice el presupuesto para el año fiscal 2017 en los próximos meses.
Las medidas constantes para fortalecer las instituciones estatales y ayudar a responder a los problemas de violencia y falta de oportunidades lograrán, con el tiempo, reducir los factores que están impulsando la emigración generalizada en Centroamérica.
