10 Apr 2013 | Análisis | Noticias

Nueva amenaza destaca la necesidad de tomar acciones concretas

El 1 de abril del 2013, sindicalistas colombianos y defensores de derechos humanos recibieron una amenaza de muerte circulada por el grupo paramilitar “Los Rastrojos”. La amenaza pone énfasis en la continuación de amenazas a y violencia contra defensores de derechos humanos en Colombia, y destaca la necesidad de tomar medidas de protección adecuadas para proteger a los líderes y las lideresas listadas, y también de la necesidad de procesar los responsables.

La amenaza identifica a varios sindicatos y organizaciones de derechos humanos como “objetivos militares”. Varias organizaciones que trabajan de cerca con WOLA fueron incluidas, como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), y el Pastoral Social en Tumaco; grupos que abogan por la justicia y los derechos de las víctimas. Varios sindicatos y el Senador Alexander López Maya, un defensor de los derechos laborales, también fueron incluidos en la amenaza. La inclusión de estos últimos grupos señala la necesidad de que oficiales estadounidenses y colombianos trabajen hacia la implementación completa del Plan de Acción Laboral entre los Estados Unidos y Colombia (PAL).

Rosaliano Riazco, un miembro de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), también figura entre los individuos en la amenaza. En diciembre del 2012, unas semanas después de recibir una amenaza parecida donde también fue incluido AFRODES, grupos armados ilegales asesinaron a Miller Angulo Rivera de AFRODES Tumaco. Mientras que sea positivo que la Unidad Nacional de Protección (UNP) esté en proceso de desarrollar un proyecto piloto de protección colectivo que proteja a líderes y lideresas en seis regiones, la situación requiere que las autoridades judiciales investiguen y sancionen a los responsables por los ataques contra afrocolombianos.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado (MOVICE) también fue incluido en la amenaza. La amenaza fue circulada una semana después de que WOLA y Human Rights Watch pidieron al Presidente colombiano Juan Manuel Santos que proteja el fundador de MOVICE y actual congresista Iván Cepeda. En Febrero, Cepeda se conoció de un complot contra su vida, lo cual se piensa es relacionado a su trabajo en dar luz a los vínculos entre unos oficiales del gobierno colombiano y grupos paramilitares.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) se une con la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y la Diócesis de Tumaco en exigir que las autoridades colombianas garanticen la protección de activistas e investigue las amenazas para que no se conviertan en asesinatos. Los Estados Unidos debe de asegurar que Colombia esté cumpliendo con los condicionamientos relacionados a la provisión de ayuda militar, exigir investigaciones para cada amenaza, y aumentar el financiamiento de los esquemas de protección.