WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas

(AP Photo Moises Castillo)

19 Mar 2020 | Análisis

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: La nueva ley de ONG de Guatemala

El 11 de febrero de 2020, el Congreso de Guatemala, con el apoyo del partido gobernante y diputados conservadores, aprobó una ley polémica que aumenta el control gubernamental sobre las ONG que operan en el país. En general la ley le otorga al gobierno la potestad de quitarle el registro a una ONG sin necesidad de pasar por un tribunal o contar con un mecanismo de defensa, y control sobre los fondos proporcionados por la cooperación internacional. A pesar de las demandas de la sociedad civil y organizaciones internacionales para vetarla, el Presidente Giammattei sancionó la ley el 27 de febrero.

El 2 de marzo, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió provisionalmente la promulgación de la ley; y tras algunas declaraciones contradictorias, el poder Ejecutivo al final acordó que respetaría la decisión de la corte. El Presidente Giammattei desde entonces ha dicho a la prensa que su administración presentará reformas, en espera de una decisión definitiva de la Corte de Constitucionalidad sobre si la ley es o no constitucional.  

Dado el contenido de la ley y las amplias críticas que suscitó, es significativo que el presidente optara por ignorar estas preocupaciones válidas y en su lugar aprobara una ley que hubieran afectado gravemente la capacidad de organizaciones de la sociedad civil de promover los derechos humanos, apoyar los esfuerzos de lucha contra la corrupción y abogar por el fortalecimiento del Estado de derecho. Las experiencias durante el gobierno anterior sugieren que ciertos sectores intentarán conseguir acuerdos para lograr la adopción de los reformas principales de la iniciativa original.

La insistencia en la aprobación de esta ley, a pesar de las críticas, advierten un serio intento por atacar y socavar el trabajo de la sociedad civil. Por ello la importancia de comprender lo que la ley de ONG pretende hacer, a quién afectaría, y la necesidad urgente de que la sociedad civil guatemalteca y sus aliados internacionales se mantengan vigilantes y se opongan a los esfuerzos por restringir el quehacer de la sociedad civil.  

¿Cuál es el propósito de la ley y qué hace? 

El Decreto 4-2020 modifica la legislación comúnmente referida como “Ley de ONG” de Guatemala, imponiendo nuevos controles ejecutivos a las actividades financieras y administrativas de las organizaciones no gubernamentales que operan en el país. El Congreso anterior había intentado aprobar una legislación similar en varias ocasiones, pero la sociedad civil y la comunidad internacional se opusieron firmemente en cada ocasión, señalando cómo el proyecto de ley atenta contra las libertades de expresión y asociación expresadas en la Constitución de Guatemala y confirmadas por las normas internacionales.

Los objetivos principales de la ley son:

1) Dar a Ministerio de Gobernación la potestad de quitarle el registro a uno ONG si considera que esta está violando el orden público. El Ministerio de Gobernación contaría con dicha potestad sin que la ONG tenga que pasar por un tribunal o gozar de algún mecanismo de defensa. 

2) Aumentar el control financiero sobre las ONG. Guatemala cuenta con varias normas que garantizan la rendición de cuentas de parte de ONGs. Toda ONG debe registrarse ante la superintendencia de administración tributaria y rendir informes anuales, aun si son entes no lucrativos.  Preocupantemente, lo que la ley autoriza es el control de que proporciona la cooperación internacional a ONG, lo cual podría afectar negativamente el trabajo de derechos humanos apoyado por organizaciones internacionales.

Otros elementos preocupantes de la ley otorga al Ejecutivo la autoridad para:

  • Intervenir en las actividades de las ONG “cuando el orden público lo requiera”.
  • Si el gobierno ha determinado que la organización ha violado estas regulaciones y se propone disolverla, la organización no puede volver a funcionar bajo el mismo nombre, ni los empleados pueden trabajar para otras ONG hasta que haya pasado un período de dos años.
  • El poder ejecutivo puede cancelar el registro de una organización “por cualquier violación de los reglamentos.”

Con estas medidas, la ley abre la posibilidad de que  organizaciones de la sociedad civil se vean sometidas a interpretaciones arbitrarias del gobierno de turno sobre el “orden público”. Las posibles repercusiones de la ley podrían tener un efecto escalofriante en la participación ciudadana. Al reducir el espacio para la veeduría, la ley podría afectar gravemente la participación ciudadana en las instituciones democráticas de Guatemala a largo plazo.

Otra preocupación es que la ley podría ser utilizada como un instrumento para atacar y penalizar a grupos y líderes específicos de la sociedad civil que no se alinean con las metas y prioridades de la administración actual y futuros gobiernos.

Los promotores de la ley sostienen que uno de los objetivos es aumentar la fiscalización de las ONG, argumentando que han habido irregularidades en el manejo de fondos públicos e internacionales, y que en algunos casos funcionan para para desestabilizar a los gobiernos obedeciendo a una agenda internacional. (Este discurso maniqueo fue el mismo que se utilizó para sacar a la CICIG). 

Sin embargo, Guatemala cuenta con múltiples mecanismos jurídicos para asegurar que las entidades que reciben fondos públicos los utilicen de manera adecuada. Además, las organizaciones no gubernamentales, las entidades religiosas, los sindicatos y otras asociaciones deben completar un proceso de varios pasos para registrarse ante las autoridades fiscales del país. Otros mecanismos jurídicos incluyen desde una sofisticada legislación penal destinada a prevenir actividades como el lavado de dinero hasta leyes financieras comunes. Dado que la ley des ONG exige que las organizaciones se sometan a un proceso de registro adicional y oneroso, esto podría desincentivar la formación de asociaciones en primer lugar. Un proceso de inscripción más exigente también podría crear situaciones en las que poderosos grupos de intereses especiales podrían desacreditar o incluso actuar para cerrar grupos de sociedad civil por no haber cumplido plenamente con los reglamentos.

¿A quién afectaría esta ley?

La corrupción es un problema muy arraigado en Guatemala. Diversas investigaciones han expuesto la existencia de redes extensas de soborno, en las cuales funcionarios públicos han sido señalados de beneficiarse de contratos públicos y puestos claves en las instituciones gubernamentales. En la última década, el sistema de justicia guatemalteco, con la ayuda de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) realizó múltiples investigaciones que ayudaron a desvelar gran parte de esta corrupción endémica al público en general. 

La ley de ONG es una gran amenaza para organizaciones de la sociedad civil que trabajan para promover una mayor responsabilidad del gobierno y defender los derechos de los ciudadanos, desde el derecho a vivir sin violencia, el derecho a una fuerza policial responsable o el derecho a acceder a los servicios médicos y educativos básicos. Más específicamente, los grupos de la sociedad civil que critican enérgicamente las medidas adoptadas por la administración anterior en contra de la lucha contra la corrupción – incluyendo organizaciones que han presentado denuncias legales contra algunas políticas oficiales – serían particularmente vulnerables si la ley entrará en vigor. 

La ley sobre las ONG también representa una amenaza para  asociaciones que trabajan en defensa de los derechos de los pueblos indígenas  y otros grupos sociales y/o étnicos, dado que estas organizaciones ya estaban operando en entornos especialmente difíciles, en riesgo de ser criminalizadas por su trabajo.

¿En dónde más se han aplicado leyes similares?

La aplicación de leyes que restringen la capacidad de la sociedad civil para organizarse y encontrar apoyo para su labor se ha dado en diferentes contextos a nivel global. 

Egipto, por ejemplo, aprobó en 2017 una ley que permite al Gobierno disolver las ONG en términos vagos como “perjudicar la unidad nacional y alterar el orden público”, lo que se asemeja mucho al lenguaje que enmarca la ley guatemalteca. Según una ONG que representa a las víctimas de la tortura, entrevistada por Amnistía Internacional, cientos de asociaciones egiptas han sido clausuradas sin pruebas y se enfrentan a cargos penales. La ley fue reformada el año pasado debido a la presión internacional, aunque todavía mantiene muchos de los mismos controles.

En Pakistán se cerró una organización por proporcionar información al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, debido a una nueva ley que facultaba al gobierno a disolver organizaciones por “participación en cualquier actividad incompatible con los intereses nacionales de Pakistán o contraria a la política del gobierno.” Al igual que la ley de ONG de Guatemala, la legislación de Pakistán también establece una supervisión administrativa y financiera más estricta.   

Rusia ha logrado limitar severamente la labor de la sociedad civil mediante una legislación restrictiva. Una ley de 2012 requiere que las organizaciones que participan en “actividades políticas” vagamente definidas y que reciben financiamiento internacional se registren como agentes extranjeros. Sobre la base de esa ley, el país hizo una redada e investigó cientos de organizaciones que luego fueron incluidas en una lista de “agentes extranjeros”. El Gobierno ruso también aprobó una ley sobre “organizaciones indeseables”, la cual prohíbe el apoyo de las organizaciones internacionales a ONG locales si estas participan en actividades que amenazan la “seguridad o el orden constitucional” de Rusia.

¿Cuál es el futuro de la ley de ONG?

En respuesta a las demandas constitucionales presentadas por varias organizaciones, personas y partidos políticos, la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente la ejecución de la ley, apoyando los señalamientos de estos grupos sobre las restricciones inconstitucionales a las libertades de asociación, expresión y protesta de la ley. En su decisión, la Corte declaró que la legislación plantea posibles violaciones de los derechos humanos y podría dar lugar a la inobservancia de las normas internacionales.

El Presidente Giammattei respondió que, como ya había firmado el proyecto de ley, y dado que se había publicado oficialmente antes de la decisión de la Corte, la ley debía entrar en vigor. El  5 de marzo y en respuesto a una solicitud de aclaración presentada por el Congreso, la Corte aclaró que la suspensión de la aprobación del proyecto de ley suspende de igual manera la sanción, promulgación, publicación y entrada en vigencia de la misma. En comentarios posteriores, el presidente retiró su declaración y acordó a respetar la decisión de la Corte. Más tarde anunció que su oficina presentaría una nueva ley al Congreso con reformas a ciertos artículos. La cuestión de qué reformas terminarán siendo presentadas es esencial – El Congreso no debe considerar una ley que imponga ninguno de los controles innecesarios e inconstitucionales incluidos en el Decreto 4-2020.

La decisión final de la Corte de Constitucionalidad sobre la ley está pendiente. 

¿Qué debería hacer la comunidad internacional?

La ley de ONGs fue objeto de fuertes críticas tanto por parte de organizaciones guatemaltecas como organismos  internacionales. En una declaración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un grupo de expertos afirmó que la ley abre la puerta a la limitación discrecional del derecho de reunión, el derecho a un proceso pacífico y el derecho a la libre expresión; también podría resultar en la criminalización de otros derechos humanos, dijo el grupo de expertos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también denunció la ley, al igual que el Departamento de Estado y miembros demócratas y republicanos del Congreso de los Estados Unidos. 

Esta crítica se basaba en el reconocimiento del valioso papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en una sociedad democrática. Una sociedad civil activa permite procesos de toma de decisiones más transparentes, instituciones más responsables y reduce la brecha entre el electorado y los que ocupan puestos de poder. Todo ello contribuye a evitar las tendencias autocráticas hacia redes de poder excesivamente concentradas. 

Dado que la ley de ONG de Guatemala trata de restringir importantes libertades consagradas en muchos instrumentos internacionales de derechos humanos, la comunidad internacional debería seguir observando y condenando los esfuerzos por restringir la labor de la sociedad civil y limitar los esfuerzos de lucha contra la corrupción en Guatemala. Es imperativo que la comunidad internacional continúe en alerta por cualquier medida que adopte el Gobierno de Guatemala para penalizar a organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la participación cívica pacífica.