WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas

(Foto AP/Fernando Antonio)

21 Oct 2019 | Informe

Nuevo informe del Monitor Centroamericano: la lucha contra la impunidad en Honduras

Evaluando el Nivel de Cooperación con la Misión para el Combate a la Corrupción e Impunidad en Honduras

En abril de 2016, la Organización de Estados Americanos (OEA), a solicitud del Gobierno de Honduras, dio inicio a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). La Misión constituye el segundo mecanismo híbrido para el fortalecimiento del estado de derecho en la región centroamericana, la primera misión de la OEA para combatir la corrupción y la impunidad en un estado miembro, y la única misión internacional con facultades para coadyuvar a investigar casos de corrupción en Honduras.

La MACCIH fue creada tras el desfalco, entre 2010 y 2014, de más de 8.5 mil millones de lempiras ($355 millones de dólares) en contra del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y subsiguientes movilizaciones del movimiento ciudadano “Los Indignados”. La admisión de parte del presidente Juan Orlando Hernández (2014-presente) de haber aceptado la utilización de 3.6 millones de lempiras ($147,000 dólares) del dinero robado para financiar su campaña electoral en 2014 llevó a miles de ciudadanos a manifestarse semana tras semana hasta septiembre de 2015, exigiendo la renuncia del presidente y la instalación de una “Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras”–una entidad similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Como una salida para apaciguar las protestas sociales, el Poder Ejecutivo propuso la instalación de un Sistema Integral de Combate contra la Impunidad y la Corrupción (SICCIC) e inició negociaciones con la OEA; proceso que resultaría seis meses después en la creación de la MACCIH. La Misión se integraría por un periodo prorrogable de cuatro años, y tendría como objetivo general mejorar la calidad de los servicios prestados por el sistema de justicia de Honduras en la prevención de y lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.

A pesar que la MACCIH se planteó como un experimento innovador, la propuesta no contó en sus inicios con la confianza de la ciudadanía. Esto debido a que el proyecto surgía de la OEA y no de la ONU –como en Guatemala– porque la Misión no podía “co-enjuiciar” los casos como la Comisión en Guatemala, y además a la desconfianza ciudadana en el presidente Hernández. Para el 2017, la situación de desconfianza inicial hacia la Misión se había mitigado paulatinamente. Según una encuesta del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), en 2017, el 42.6% de los encuestados valoraba el desempeño de la MACCIH entre “muy bueno” y “bueno”.

Cabe destacar que la MACCIH no se creó para suplantar a la institucionalidad hondureña, sino para fortalecer las labores y el sistema de los operadores de justicia. Es por ello que la Misión se considera una entidad poco común, al tratarse de un ente internacional e independiente de investigación criminal que opera bajo las leyes hondureñas y depende del sistema de justicia hondureño.

Como mecanismo híbrido, la MACCIH debe trabajar de la mano con entidades locales. Por ende, su éxito depende en gran medida de la colaboración y cooperación de sus contrapartes hondureñas y de los funcionarios que las lideran.

Este informe examina la segunda área del Monitor Centroamericano que comprende el nivel de cooperación de los Estados con mecanismos híbridos para combatir la corrupción e impunidad. El estudio se basa en un grupo de indicadores cualitativos y cuantitativos para evaluar el nivel de voluntad política, en este caso, del Gobierno de Honduras, de colaborar y permitir la efectiva realización de las actividades de la MACCIH en el país, conforme lo estipulado en el convenio. Cubre información correspondiente del periodo 2015 a 2017. Concretamente, el informe se concentra en tres temas principales:

  1. La cooperación de las autoridades locales en la aprobación e implementación de reformas normativas e institucionales propuestas por la Misión conforme a estándares internacionales.
  2. La cooperación de las entidades estatales en la conformación y efectivo funcionamiento de los principales equipos de contrapartes nacionales, y el nivel de colaboración de estos con la Misión.
  3. El nivel de avance en la investigación y los procesos de persecución penal de casos emblemáticos de corrupción.

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