WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas

(AP Photo/Matilde Campodonico)

2 Abr 2020 | Informe

Nuevo reporte estudia una población invisibilizada: las mujeres trans privadas de la libertad

A medida que los países en América Latina continúan enfrentándose al empeoramiento de las condiciones en las prisiones, el hacinamiento y el impacto potencialmente devastador del COVID-19 en las cárceles, un nuevo informe encontró una alarmante ausencia de normas y políticas públicas para proteger a una población a menudo invisibilizada: las mujeres trans privadas de la libertad. Este innovador informe subraya la necesidad urgente de liberar a la mayor cantidad de personas posible tras las rejas antes de que el COVID-19 ingrese en la infraestructura precaria de las cárceles de la región.

Basado en un proceso de investigación participativa dirigido por mujeres trans que han estado en prisión, el estudio, Mujeres trans privadas de libertad: la invisibilidad tras los muros, es el resultado de una colaboración entre nueve organizaciones de defensa y derechos humanos: Almas Cautivas, Casa de las Muñecas Tiresias, Casa Hogar Paola Buenrostro, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), Dejusticia, Equis: Justicia para las Mujeres, la Procuración Penitenciaria de la Nación en Argentina, la Red Corpora en Libertad y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

El informe describe el fracaso de los gobiernos latinoamericanos en implementar medidas básicas para proteger a las mujeres trans privadas de libertad de la violencia y el abuso. Como resultado, las mujeres trans están sujetas a la discriminación, la estigmatización y la criminalización en todas las etapas de su interacción con el sistema de justicia, según el informe.

Debido a los desafíos y vulnerabilidades asociadas con nuestra identidad de género, las mujeres trans privadas de la libertad se encuentran en mayor riesgo de experimentar condiciones de encarcelamiento inhumanas e inseguras. Los gobiernos de toda la región tienen que implementar políticas integrales para garantizar la protección de las mujeres trans encarceladas y nuestros derechos.

El informe detalla los riesgos que enfrentan las mujeres trans dentro de la prisión, peligros que a menudo se ven exacerbados por la falta de políticas que aborden sus necesidades únicas. Las mujeres trans a menudo son ubicadas en las cárceles de hombres, sin su consentimiento, lo que viola sus derechos de identidad y aumenta el riesgo de violencia sexual. En toda la región, las mujeres trans con frecuencia carecen de acceso adecuado a la atención médica orientada hacia sus necesidades únicas y de oportunidades educativas. Además, informan haber sufrido confinamiento solitario prolongado, requisas invasivas, frecuentes transferencias de prisiones, así como otras formas de malos tratos.

Los hallazgos del informe también destacan la escasez de información estadística sobre la población LGBTI+ de América Latina tras las rejas. Pocos países de la región han producido datos desagregados ​​para analizar tendencias con respecto a las personas trans privadas de libertad, dejando a las personas tomadoras de decisión con pocas herramientas para diseñar e implementar políticas específicas para este grupo en mayor riesgo. Los pocos datos que existen apuntan al papel de las políticas punitivas de drogas en el encarcelamiento de personas trans en la región. En Argentina, por ejemplo, el 70 por ciento de las personas trans en prisión fueron encarceladas por delitos relacionados con drogas en 2017.

Los debates sobre el daño devastador de la ‘guerra contra las drogas’ en América Latina a menudo no tienen en cuenta el impacto en las comunidades LGBTI+, problema que se ve agravado por la incapacidad de las autoridades estatales de recopilar datos desagregados. En las Américas, los gobiernos han invisibilizado la población LGBTI + tras las rejas. Cuando los gobiernos se niegan a verte, se niegan a tomar las medidas necesarias para proteger tus derechos fundamentales.

Frente a estos desafíos, el informe encontró ejemplos prometedores de reformas, desde Brasil, Colombia a Costa Rica, que reconocen y abordan las vulnerabilidades que enfrenta este colectivo en particular. Las mujeres trans que han estado tras las rejas están desempeñando un papel fundamental en la defensa de estas reformas y la protección de los derechos humanos de las personas LGBTI + privadas de libertad.

Ya es hora de que los gobiernos de América Latina dejen de apuntar a las mujeres transgénero para su detención y enjuiciamiento, y que los sistemas de justicia implementen condiciones de detención que estén en sintonía con los estándares internacionales para proteger a las personas trans. Sin mejores normativas, las mujeres trans, sus familias y comunidades seguirán siendo desproporcionadamente afectadas por el encarcelamiento.

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