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Las abajo firmantes organizaciones condenan las muertes, los ataques y las amenazas de muerte que grupos ilegales colombianos han perpetuado en contra de los y las líderes afrocolombianos y afrocolombianas y las comunidades afrodescendientes del Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Atlántico. Pedimos que las autoridades estadounidenses tomen acciones para asegurar que la oficina de la Fiscalía General de Colombia investigue y lleve ante la justicia a los responsables de las muertes, los ataques y las amenazas de muerte contra los afrocolombianos. La Unidad Nacional de Protección de Colombia debe actuar con rapidez para garantizar la protección de los y las líderes afrocolombianos y afrocolombianas quienes se encuentran en riesgo. La comunidad internacional debe mantener su apoyo para el proceso de paz entre Colombia y las FARC, cosa que acabará con el conflicto armado interno en Colombia y los costos humanos que el mismo ha traído.
Son particularmente alarmantes los asesinatos de Miller Angulo de AFRODES (Nariño), Demetrio López del Consejo Comunitario de La Caucana (Valle del Cauca) y Sócrates Paz Patiño, el representante legal del Consejo Comunitario de Iscuande (Nariño). Además, el 6 de Junio, según se informe, las FARC asesinaron a Emerjo Ortiz Palomeque y a Hipolito Ortiz Palomeque en Salaquí (Chocó). Nos solidarizamos con la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA), la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Riosucio (Chocó) y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) en rechazar estos actos y hacemos un llamado a los grupos armados colombianos que respeten los derechos humanos y la autonomía de las comunidades afrocolombianas.
La situación de seguridad para los líderes y lideresas afrocolombianos—en particular la de los miembros de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) —tiene que ser abordada por la Unidad Nacional de Protección de Colombia. AFRODES ha presentado a las autoridades colombianas 35 casos de amenazas de muerte. Varios de sus miembros, incluyendo dos de sus líderes, han sufrido atentados de asesinatos. La organización ha sufrido varias formas de intimidación, incluyendo un robo a una de sus oficinas.
Los afrocolombianos y las afrocolombianas siguen sufriendo las consecuencias del conflicto. El 6 de junio, un ataque del ELN en Sipí (Chocó) dejó muerto un bebé de 11 meses e hirió a un niño de tres años y a dos otras personas. El 10 de junio, confrontaciones armadas entre las FARC y las fuerzas colombianas en Timbiquí (Cauca) hirieron a una madre y su hijo. El día siguiente, se explotó una bomba en Timbiquí. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en el 2012, el 36 por ciento de nuevos desplazados internos ocurrieron en la costa pacífica de Colombia, cuya población es primariamente afrodescendiente. Éste representa un incremento de 22 por ciento en el número de desplazados comparado con el 2011, y el 20 por ciento de los nuevos desplazados en Colombia en 2012 fueron afrocolombianos.
Instamos a todos los actores en el conflicto armado que respeten el derecho internacional humanitario y se abstengan de las acciones que afecten a los civiles y que generen desplazamientos. Las autoridades colombianas deben detener los grupos criminales cuyas actuaciones violentas están generando desplazamientos.
Este pronunciamiento está apoyado por las organizaciones: AFRODES USA, AfroColombia NY, Blacks in Law Enforcement of America, Center for International Policy, Coalition of Black Trade Unionists (CBTU), Global Rights, Latin America Working Group (LAWG), PCN International, Presbyterian Peace Fellowship, Chicago Religious Leadership Network, Refugees International, School of the Americas Watch, TransAfrica Forum, United Church of Christ, Justice and Witness Ministries, United Steelworkers, Witness for Peace y Washington Office on Latin America (WOLA) y los individuos: Kiran Asher (Associate Professor, Clark University*), Shirley Barnes, Roosbelinda Cardenas (Postdoctoral Fellow, Center for Race and Ethnicity, Rutgers University), Mary Cuevas, James Early (Member Board of Directors, Institute for Policy Studies), Jessica Heineman-Pieper, Ph.D. (Assistant Professor, School of Public Policy, George Mason University*), Dr. Whit Hutchinson (Casa Rutilio Grande), Joseph F. Jordan (ACSN), Cornelius Moore (California Newsreel*) y Ruth Needleman (Indiana University, Professor Emeritus*).
*Sólo para propósitos de identificación
Para más información favor contactar:
Gimena Sanchez, WOLA, (202) 797-2171
Pedro Cortes, AFRODES USA, (202) 594-4879
Carlos Quesada, Global Rights, (202) 822-4600 ext. 162
Foto de Alejandra Quintero Sinistera