25 Nov 2014 | Análisis

Organizaciones internacionales lamentan decisión de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca

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El 2014 fue un año sumamente importante para el sistema de justicia en Guatemala, debido a la renovación de altos cargos judiciales; siendo, la más reciente, la selección de las y los magistrados integrantes de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones.

Desafortunadamente, el Estado guatemalteco no ha cumplido con los estándares internacionales aplicables a este tipo de nombramientos, y en consecuencia, compromete el principio de independencia de la justicia, fundamental en todo sistema democrático.

Las violaciones más notables, que las organizaciones abajo firmantes hemos señalado al observar estos procesos, han sido la opacidad del trabajo de las comisiones de postulación, la existencia de conflictos de interés para un alto número de comisionados -al participar como elector y candidato a la vez-, y la falta de una adecuada consideración de méritos por la ausencia de una evaluación de la capacidadhonorabilidad de las y los postulantes.

Esto hizo que primaran las negociaciones políticas e intereses gremiales y sectoriales en la calificación de candidatos. Todas estas violaciones fueron ampliamente documentadas en amparos y denuncias presentadas por diversos individuos -como la magistrada Claudia Escobar Mejía-, por organizaciones sociales y por la prensa nacional, demostrando que no hay suficientes garantías ante la ciudadanía, de que las y los magistrados electos sean los más idóneos, capaces y honorables.

La reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad de avalar estos procesos de selección, en lugar de propiciar que fueran enmendados los vicios señalados, debilita la independencia judicial en Guatemala y la confianza de las y los ciudadanos en su sistema de justicia.

Ante esta grave situación, urge hacer una reflexión profunda sobre el futuro de la justicia guatemalteca y los mecanismos de selección de sus autoridades. Saludamos la iniciativa que la Cicig ha tomado al respecto, convocando a un diálogo nacional, y manifestamos nuestra disposición de contribuir a esa iniciativa.

Organizaciones firmantes

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Open Society Justice Initiative (OSJI)

Plataforma Internacional contra la Impunidad (Pi)