(AP Photo/Guillermo Arias)

13 May 2020 | Análisis

México necesita estrategias integrales para combatir la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos

El asesinato del defensor ambiental Adán Vez Lira en el estado de Veracruz el 8 de abril—el mismo día en que los restos del periodista Víctor Fernando Álvarez Chávez fueron hallados en el estado de Guerrero—sirve como un recordatorio trágico de que México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para personas que se dedican a exponer la corrupción y las actividades del crimen organizado, exigir justicia por los abusos de los derechos humanos y defender los derechos ambientales, territoriales y sociales.

En 2019, más periodistas fueron asesinados en relación con su trabajo en México que en cualquier otro país aparte de Siria, representando la mitad de los periodistas asesinados en todo el mundo. Mientras tanto, México ocupó el cuarto lugar en asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos a nivel mundial. Los activistas ambientales enfrentan riesgos elevados: las personas que se dedican a oponerse a proyectos de desarrollo y la explotación ilegal de los recursos naturales constituían más de la mitad de las personas defensoras asesinadas en México el año pasado.

La violencia contra esta población en México no es nueva: al menos 161 personas defensoras de los derechos humanos y 40 periodistas fueron asesinados durante la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto. Pero hasta ahora el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho poco para abordar el problema. Al menos 12 periodistas y 26 personas defensoras han sido asesinados desde que López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018. Los asesinatos han continuado aún después de que México empezó a intensificar el distanciamiento social y las medidas de salud pública en respuesta a la pandemia de COVID-19.

Muchos periodistas y personas defensoras han enfrentado otros tipos de agresiones como amenazas de muerte, hostigamiento y ataques violentos en sus hogares o lugares de trabajo. Por ejemplo, en los últimos meses, miembros del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, así como el periodista Ezequiel Flores, han recibido amenazas de muerte por un grupo de civiles armados de la policía comunitaria en Guerrero. Esta no es la primera vez que miembros del equipo del Centro han enfrentado actos de violencia en relación con su trabajo. En diciembre de 2019, una de las abogadas del Centro, Teodomira Rosales, reportó haber sido golpeado y agredido sexualmente por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. Luego, en febrero, reportó haber recibido llamadas amenazantes por un miembro de la Guardia Nacional. 

Parte del problema es que el gobierno de López Obrador aún no ha dedicado los recursos necesarios para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas—la agencia federal responsable de proporcionar medidas de protección como cámaras de seguridad, chalecos antibalas y guardaespaldas a periodistas y personas defensoras en riesgo. Si bien el Mecanismo ha salvado vidas, no se le ha otorgado los recursos humanos y financieros que necesita para hacer su trabajo adecuadamente. 

El mayor obstáculo es que México carece de políticas públicas integrales diseñadas para abordar las causas fundamentales de la violencia que enfrentan los periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Las campañas de difamación y criminalización por parte de servidores públicos, la falta de implementar medidas firmes contra la extracción ilegal de recursos naturales y otras prácticas que contribuyen a la degradación ambiental, y la falta de investigar y sancionar a los responsables de ataques contra la libertad de expresión, contribuyen al entorno hostil que enfrentan los periodistas y personas defensoras en su vida cotidiana. Como WOLA ha señalado anteriormente, la implementación de las medidas de protección debe combinarse con esfuerzos más integrales para abordar estos contextos subyacentes.

La necesidad de proteger a los periodistas y personas defensoras en México se ve agravada por la actual pandemia de COVID-19. La prensa libre e independiente desempeña un papel vital en impulsar la transparencia y proporcionar información precisa al público durante esta emergencia de salud pública sin precedentes, mientras que las personas defensoras son una voz crucial para las víctimas de abuso y negligencia del gobierno. Las políticas que crean un ambiente seguro para los periodistas y las personas defensoras deben ser una prioridad política y deben contar con los recursos necesarios en este momento— ellos son esenciales para garantizar una respuesta adecuada a la pandemia.

Medidas de protección

Desde que se creó el Mecanismo en noviembre de 2012, el número de personal no se ha mantenido al día con la creciente carga de trabajo. En 2014, 36 empleados supervisaron la protección de alrededor de 100 periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Actualmente, el mismo número de personal trabaja en el Mecanismo, a pesar de que ahora son responsables de la protección de más de 1,100 beneficiarios.

Otro problema es el financiamiento. En múltiples ocasiones, los fondos asignados para las medidas de protección se ha agotado antes del fin de año, dejando a los beneficiarios en riesgo. En 2019, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), que coordina el Mecanismo, predijo que necesitaría MXN$225 millones para cubrir las medidas de protección para el año, pero el Congreso sólo asignó el 64 por ciento de esa cantidad—un poco más de MXN$207 millones. A mediados de año, la SEGOB solicitó MXN$150 millones adicionales, pero la solicitud no se cumplió hasta el final del año.

Para 2020, el Congreso mexicano asignó al Mecanismo una cantidad ligeramente mayor, de aproximadamente MXN$227 millones. Este pequeño aumento, junto con los fondos residuales del presupuesto suplementario que se le proporcionó de emergencia al final del año, puede fortalecer la capacidad del Mecanismo para mantenerse al día con las necesidades de los beneficiarios, pero no cubre completamente la brecha en los fondos. 

Los casos a menudo pasan años sin ser reevaluados, ya que la Unidad de Evaluación de Riesgos del Mecanismo carece de la capacidad de revisar periódicamente los casos y ajustar las medidas de protección si un beneficiario enfrenta nuevos riesgos. Cuando el equipo de seguridad de un beneficiario se descompone, el Mecanismo puede tardar meses en reemplazarlo. En varios casos, los guardaespaldas de un beneficiario han sido retirados, a pesar de los continuos riesgos que el individuo enfrentaba en su trabajo. En este contexto, entre 2016 y 2018, 56 periodistas sufrieron un ataque a pesar de tener medidas de protección. Al menos siete periodistas y personas defensoras de derechos humanos con medidas de protección han sido asesinados desde la creación del Mecanismo en 2012.

Además de una falta de recursos humanos y financieros adecuados, las medidas de protección a menudo se quedan cortas debido a deficiencias en la respuesta de los funcionarios a nivel estatal, que son responsables de implementar ciertas medidas como las patrullas policiales. Solo 12 de los 32 estados mexicanos han creado las unidades de protección estatales que deberían servir como punto de contacto para el Mecanismo de Protección federal. La mayoría de esas unidades estatales carecen de los recursos y personal necesarios para coordinar las medidas de protección con los funcionarios del Mecanismo.

En muchos casos, el problema parece ser la falta de voluntad política de los gobiernos estatales y municipales. En marzo, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán decidió retirar las escoltas policiales que habían sido asignadas a la defensora de los derechos de las mujeres Clemencia Adelaida Salas como parte de sus medidas de protección, argumentando que los agentes debían atender otras actividades relacionadas con el respuesta ante el COVID-19, una medida que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha condenado.

En otro caso, la Casa del Migrante de Saltillo, un albergue para migrantes en el estado de Coahuila, ha informado a WOLA de graves deficiencias en la respuesta del gobierno estatal a un aumento en ataques contra el equipo de la Casa. En los últimos meses, sujetos desconocidos han entrado a las instalaciones de la Casa, han amenazado y hostigado a los migrantes y al personal, e intentaron atropellar a una trabajadora del albergue con una motocicleta. Si bien se supone que un agente de la policía estatal debe mantener una presencia constante fuera de la Casa como parte de las medidas de protección del equipo, en varias de estas ocasiones, el agente no estuvo presente o no hizo nada para responder a la amenaza.

Además, en respuesta a la pandemia de COVID-19, el gobierno estatal comunicó a la Casa que habrían cambios continuos en los agentes asignados a patrullar afuera de las instalaciones. En este contexto, eventos recientes han dejado en claro que los nuevos agentes no han sido capacitados en los protocolos de protección establecidos con el equipo de la Casa. El 4 de mayo, un miembro del equipo notó que el agente que estaba fuera de la Casa estaba en un automóvil particular, en lugar de un vehículo oficial, lo que viola los protocolos de protección establecidos. Cuando el defensor fotografió el vehículo como prueba de la violación, el agente policiaca lo atacó, agarrándolo por el cuello y amenazándolo.

No hay excusa para tal comportamiento de un agente encargado de proteger al personal de la Casa. Además, las implicaciones del comportamiento del agente se vieron agravadas por el hecho de que violó los protocolos de distanciamiento social y que sus acciones podrían representar un riesgo mayor para el defensor ya que el agente no llevaba una máscara facial cuando lo atacó.

Las personas que defienden y brindan servicios a la población migrante están trabajando en circunstancias especialmente difíciles debido a la pandemia de COVID-19, y la falta de protección efectiva ha hecho que estas circunstancias sean aún más precarias. Si bien la pandemia ha obligado a la Casa del Migrante de Saltillo a cerrar sus puertas a nuevos migrantes, el equipo de la Casa sigue enfrentando serias amenazas en respuesta a su trabajo brindando servicios a la población migrante fuera del albergue, incluyendo asistencia jurídica a víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos así como solicitantes de asilo. 

Esfuerzos de prevención

Reconociendo las deficiencias del Mecanismo, a principios de 2019, la Secretaría de Gobernación solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) realizar un diagnóstico sobre cómo se podría mejorar el Mecanismo. En julio de ese año, la ACNUDH publicó un informe sobre sus hallazgos.

Además de hacer eco de muchas de las deficiencias discutidas anteriormente, la agencia de la ONU calculó que sin la pronta adopción de iniciativas de prevención integrales, probablemente habría alrededor de 3,400 beneficiarios inscritos en el Mecanismo para 2024, lo que resultaría en el colapso de la agencia de protección. El informe insta al gobierno mexicano “a promover un cambio de paradigma hacia un enfoque de prevención” para abordar la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

En enero, Aarón Mastache, que dirige el Mecanismo en SEGOB, afirmó que para 2020 la prioridad número uno de la agencia sería fortalecer sus esfuerzos de prevención. Un primer paso importante debe incluir el fortalecimiento de la capacidad del Mecanismo de registrar y analizar las tendencias de los ataques en diferentes partes del país con el fin de determinar puntos críticos, identificar situaciones que puedan presentar un riesgo elevado para los periodistas y personas defensoras de derechos humanos en la zona, y trabajar con autoridades locales para abordar rápidamente esos riesgos.

Pero el Mecanismo en sí no es, ni debería ser, responsable de resolver las causas estructurales que dejan a los periodistas y personas defensoras vulnerables a la violencia. Los funcionarios públicos de todos los niveles del gobierno deben adoptar políticas para combatir las raíces de esas amenazas. Esto debería incluir el apoyo inquebrantable de la libertad de expresión y la condena y sanción de los actos de violencia, entre otras acciones integrales y preventivas.

Sin embargo, la hostilidad del Presidente López Obrador hacia las críticas solo ha exacerbado el entorno peligroso que enfrentan los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en México. En varias ocasiones, el presidente ha utilizado sus conferencias de prensa matutinas para señalar y criticar a periodistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil que han cuestionado públicamente sus políticas. Esto incluye a personas que han cuestionado la eficacia de la estrategia de seguridad del gobierno y que han criticado la creciente tasa de homicidios del país y la impunidad por las violaciones de los derechos humanos. También incluye periodistas que han cuestionado la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19. Varios periodistas señalados en las conferencias de prensa de López Obrador informaron más tarde que sufrieron amenazas de muerte, hostigamiento y otras agresiones.

Además, el gobierno de López Obrador no ha demostrado un compromiso sustancial para adoptar medidas enérgicas contra la minería, la tala y la extracción de otros recursos naturales de forma ilegal—prácticas que a menudo tienen lugar en áreas con una alta presencia de grupos del crimen organizado. El no actuar frente a esta problemática ha dejado a las personas defensoras ambientales particularmente vulnerables a los ataques. En enero, el cuerpo del activista ambiental Homero Gómez Gonzáles, que administraba la reserva de mariposas monarcas El Rosario en el estado de Michoacán—declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO—fue encontrado muerto con signos de tortura. Sus compañeros en la reserva creen que su asesinato puede estar relacionado con sus esfuerzos para combatir la tala ilegal que casi ha destruido los hábitats de la mariposa monarca en la región. Solo cuatro días después de la muerte de Gómez, otro ambientalista que trabajaba en la reserva monarca, Raúl Hernández Romero, también fue asesinado.

Otra preocupación es que el gobierno de López Obrador no está realizando estudios de impacto ambiental o consultas comunitarias adecuadas antes de iniciar proyectos de desarrollo a gran escala. En diciembre de 2019, la ACNUDH reconoció los esfuerzos del gobierno para llevar a cabo consultas pero expresó preocupación sobre el proceso de la consulta con comunidades indígenas sobre un megaproyecto multimillonario conocido como el Tren Maya, que está planificado para conectar zonas hoteleras, zonas arqueológicas y otros sitios turísticos populares en el sur de México. 

La oficina de la ONU ha resaltado que tales proyectos a menudo ocurren en el contexto de “amenazas, criminalización y acoso” de defensores ambientales y líderes comunitarios que se oponen a ellos. En diciembre de 2019, un defensor maya de los derechos humanos, Pedro Uc, recibió amenazas de muerte relacionadas con su trabajo denunciando el desarrollo del Tren Maya, y solicitó protección a través del Mecanismo.

Las consecuencias para los opositores pueden ser fatales. En febrero de 2019, Samir Flores, periodista nahua y opositor desde hace mucho tiempo del Proyecto Integral Morelos—un proyecto de desarrollo multiestatal para la construcción de una planta termoeléctrica, un acueducto y un gasoducto—fue asesinado pocos días antes de una consulta sobre el proyecto promovido por López Obrador.

La necesidad de investigaciones exhaustivas

La forma más efectiva de prevenir la violencia en el futuro es investigar y sancionar de manera efectiva los crímenes del pasado ​​y enviar el mensaje de que no se tolerarán los ataques contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Un informe de marzo de 2019 de WOLA y Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) analizó datos de 10 fiscalías estatales, así como de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión​ (FEADLE) a nivel federal. El informe encontró que sólo el 3 por ciento de las investigaciones que las fiscalías estatales abrieron sobre delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos llegaron a los tribunales durante ese período, mientras que la mayoría terminó archivada o desestimada. En el caso de FEADLE, que solamente investiga crímenes contra periodistas, solo aseguró condenas en cinco casos—menos del 0.5 por ciento de las investigaciones que había abierto.

Desde entonces, FEADLE, que ahora opera bajo la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, parece haber logrado avances significativos en el enjuiciamiento de delitos contra periodistas. Según Sara Irene Herrerías, quien dirige la Fiscalía Especializada, FEADLE ha asegurado 18 sentencias desde 2017, algunas de las cuales están relacionadas con dos casos de alto perfil reconocidos internacionalmente: los casos de Miroslava Breach, asesinada en Chihuahua en 2017, y Javier Valdez, asesinado en Sinaloa ese mismo año.

Herrerías también ha asegurado que la FEADLE tiene “una política muy enfocada en atender los casos en que han señalado como responsables a autoridades.” Estos son desde casos de tortura, tratos crueles y degradantes, delitos contra la administración de justicia, hasta homicidios. Esto es crítico dado que los funcionarios públicos y las fuerzas de seguridad han sido identificados como presuntos agresores en el 40 por ciento de los casos que ha recibido el Mecanismo.

Si bien este progreso es bienvenido, la gran mayoría de los delitos contra periodistas permanecen en la impunidad y no hay información disponible públicamente que indica que haya habido el mismo nivel de progreso en la investigación de delitos contra personas defensoras de derechos humanos.

Un largo camino por recorrer

Si el Presidente López Obrador toma en serio la defensa de la libertad de expresión y su responsabilidad de salvaguardar la capacidad de periodistas y personas defensoras de desempeñar su importante papel en la democracia de México, no puede seguir culpando a los gobiernos anteriores por la violencia contra esta población. El presidente debe reconocer que su actitud hostil frente a voces críticas puede exponer a periodistas y personas defensores de los derechos humanos a mayores peligros.

Si bien es importante asegurar los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar el funcionamiento eficaz del Mecanismo, el gobierno mexicano debe desarrollar políticas públicas integrales que vayan más allá de proporcionar medidas de protección a las personas que ya han sido amenazadas. Esto debería incluir trabajar para adoptar las 104 recomendaciones emitidas por la ACNUDH en su informe de julio de 2019, haciendo especial hincapié en las iniciativas de prevención y asegurando investigaciones rápidas, completas e independientes de las amenazas y ataques vinculados al trabajo de activistas y trabajadores de los medios.

Mientras México continúa lidiando con COVID-19, el trabajo de los periodistas y personas defensoras de los derechos humanos es esencial para garantizar una respuesta y recuperación efectiva de la salud pública. Juegan un papel crucial en monitorear las compras públicas de medicamentos y equipos, documentar y denunciar ataques contra personal de salud, y evaluar las medidas adoptadas por el gobierno en respuesta a la pandemia que puede violar los derechos humanos. En este contexto, el gobierno debe priorizar las políticas que facilitan la libertad de prensa y el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos.