(AP Photo/Guadalupe Prado)

20 Jul 2021 | Análisis

Perú tiene un nuevo presidente, pero la gran mentira de fraude pone en peligro la democracia

Después de seis semanas de agotadora incertidumbre, Perú por fin tiene un presidente electo. Anoche, seis semanas después de las reñidas elecciones presidenciales de segunda vuelta del 6 de junio en Perú, la Junta Electoral Nacional (JNE) certificó los resultados y proclamó al maestro de escuela rural y agricultor Pedro Castillo como el próximo presidente de Perú. Castillo, un izquierdista socialmente conservador, ganó la votación con el 50,12 por ciento de los votos, derrotando al 49,87 por ciento de la candidata de derecha Keiko Fujimori.

Castillo declarado ganador, pero Fujimori reafirma falsos alegatos de fraude

La ceremonia de proclamación, transmitida en vivo por Zoom, contó con la participación de cuatro miembros del JNE, quienes fueron objeto de intenso escrutinio después de que Fujimori y sus aliados alegaron que las elecciones fueron fraudulentas, acusaciones que fueron evaluadas y rechazadas al no tener base. También asistió el líder del equipo de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya certificación de las elecciones contribuyeron a socavar los falsos alegatos de fraude de Fujimori. En una pequeña esquina de la pantalla de Zoom estaba el mismo Castillo, con su ya familiar sombrero de ala ancha de paja. El presidente electo asumirá el cargo el 28 de julio 2021, el bicentenario de la independencia del Perú de dominación española.

Después de la proclamación, el presidente electo Castillo dio un breve discurso a miles de sus seguidores desde el balcón de la sede limeña de su partido, Perú Libre. Urgió a todos los peruanos a que se le unieran para construir “un Perú inclusivo, un Perú justo, un Perú libre, sin discriminación”. Prometió que perseguirá políticas que mantengan la estabilidad económica, al mismo tiempo buscará promover un “verdadero desarrollo económico”. Dijo que respetará la constitución bajo la cual fue elegido “hasta cuando el pueblo lo decida”, en alusión a su propuesta para llamar a una Asamblea Constituyente para escribir una nueva constitución. Castillo agradeció a quienes defendieron los votos del Perú rural y de la población indígena, en referencia al intento de Fujimori de descalificar aquellos votos y voltear los resultados electorales. También llamó a Keiko Fujimori a trabajar con él y unificar al país.

Es poco probable que esto suceda. Al enterarse que el JNE estaba planeando proclamar oficialmente a Castillo como presidente, Fujimori sostuvo una conferencia de prensa, donde dijo que aceptaría los resultados electorales “como lo manda la ley”. Pero en esa misma oración, aseveró que la “verdad” sobre el fraude electoral sería revelada, y declaró además que la proclamación de Castillo como presidente es “ilegítima”. También prometió continuar liderando “el gran desafío de detener al comunismo en el Perú”.

Fujimori no dijo nada sobre el hecho de que, ahora que su derrota es oficial, los fiscales a cargo de su caso podrán buscar fijar una fecha para iniciar el juicio en su contra, donde se enfrenta a cargos de lavado de activos, liderar una organización criminal y obstruir a la justicia. Fujimori enfrenta la posibilidad de una sentencia  de hasta 31 años en prisión. Su esposo, el ciudadano estadounidense Mark Vito, también enfrenta cargos por corrupción.

Se desmienten las afirmaciones de Fujimori sobre el fraude

La incertidumbre y tensión de las últimas seis semanas han dejado una profunda marca en la sociedad peruana. Las autoridades electorales peruanas se desempeñaron admirablemente al realizar elecciones libres y justas, por lo que han ganado amplias felicitaciones por la transparencia, eficiencia e integridad del proceso, en un contexto empeorado por la pandemia del COVID-19. Pero esta realidad no ha detenido a Keiko Fujimori y sus partidarios de insistir en que la elección fue robada, creando una tumultuosa transición de poder y presentando un serio reto a la democracia peruana.

El 15 de junio, casi 10 días después de la segunda vuelta electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizó el conteo de votos, que mostró a Pedro Castillo, superando estrechamente a la candidata Keiko Fujimori por tan solo 44.000 votos. Antes de que el conteo de los votos se hubiera completado, Fujimori, apoyada por la élite limeña y los medios tradicionales, gritó: “fraude”.

Fujimori desplegó a un equipo de abogados para cuestionar la validez de decenas de miles de votos emitidos, especialmente en zonas rurales, donde el voto fue abrumadoramente a favor de Castillo. Esto a pesar del hecho de que la OEA y otras entidades observadoras nacionales e internacionales certificaron que el voto fue limpio.

Keiko y sus aliados revivieron ciertas narrativas de campaña al insistir que una presidencia de Castillo llevaría a Perú al desastre. Salieron a flote distintos escenarios alternativos para prevenirlo. Una propuesta incluyó evitar que Castillo fuera proclamado el 28 de Julio, para que el presidente del Congreso pueda ser nombrado presidente interino. Otro llamaba a anular los resultados de las elecciones y convocar nuevos comicios. Miembros conservadores del Congreso buscaban nombrar nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, quienes presumiblemente hubieran sido más receptivos a una propuesta como ésta, pero fracasaron en este esfuerzo. Algunos —incluyendo oficiales militares en retiro, dos de los cuales fueron elegidos para este Congreso— incluso abogaron por un golpe militar.

En las semanas subsiguientes, el JNE revisó cada reclamo de fraude y rechazó virtualmente todos, desestimando la narrativa de fraude de Fujimori y preparando el camino para la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo. En respuesta, el 16 de julio, el equipo legal de Fujimori presentó una nueva ronda de apelaciones, que fueron desechadas por carecer de mérito, y cuya obvia y verdadera intención era seguir demorando la certificación de los resultados electorales.

El lunes 19 de julio, el JNE anunció que todas las apelaciones habían sido resueltas y que certificaría los resultados esa noche. Si bien la culminación de este tortuoso proceso por parte del JNE es una buena noticia para la democracia peruana, también significa que Castillo solo tiene una semana para preparar su equipo de transición y nombrar a su gabinete. Este truncado proceso de transición, en medio de la pandemia del COVID-19, es el resultado directo de la negativa de Keiko Fujimori de admitir su derrota presidencial.

El prolongado proceso causado por la gran mentira de Fujimori respecto a un fraude electoral ha contribuido a sabotear la confianza en las instituciones electorales peruanas y la legitimidad de la presidencia de Pedro Castillo. La narrativa de fraude, que ha sido mezclada con discursos racistas y macartistas, también ha contribuido a la radicalización de los seguidores de Fujimori, quienes han recurrido a ubicar y acosar autoridades electorales, a protestas en las calles y ataques violentos contra periodistas y dos ministros de Estado.

Keiko ya ha dejado en claro que hará todo lo que esté en su poder para vacar a Castillo del puesto, o al menos hacer de su gobierno insostenible, tal como lo hizo entre el 2016 y el 2021, cuando sus tácticas obstruccionistas resultaron en la remoción de dos presidentes y el nombramiento de otro, que resultó en protestas masivas en su contra, lo que llevó al nombramiento del actual presidente, Francisco Sagasti.

El trasfondo de la “Gran Mentira” de Keiko Fujimori

Muchos analistas han notado las similitudes entre las acusaciones de fraude de Keiko Fujimori y los intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2020 en los Estados Unidos. Donald Trump se negó a reconocer su derrota ante Joe Biden, buscó presionar a las autoridades electorales para que “encontraran” votos para alterarlos resultados, y se ha apoyado en un ecosistema de noticias conservadoras dispuestas a difundir esta “gran mentira” de fraude electoral. Las similitudes son ciertamente impresionantes. Como Trump y sus partidarios, Keiko Fujimori ha tejido la falsedad de que se cometió fraude electoral precisamente para robar la elección. Y, tal como en el caso de Trump, el probable fracaso de la “gran mentira” de Keiko en lograr alterar los resultados electorales todavía trae el riesgo de afectar la confianza en las elecciones y las instituciones democráticas. De hecho, al vender la idea de esta “gran mentira”, también está implícito no solo la idea de que se ha cometido una supuesta injusticia, sino que el lado opuesto representa una amenaza existencial para el futuro del país. Alimentar miedos y odios podría establecer un clima político que pueda ser usado luego para justificar la necesidad de medidas extremas.

Pero Keiko y sus partidarios no sólo se han copiado del libro de jugadas de Trump. Keiko está inspirándose y aplicando las lecciones que aprendió a los pies de su padre, Alberto Fujimori, el último dictador del Perú.

Después de una década en el poder, en la que se destruyeron las instituciones democráticas y se construyó una dictadura cívico-militar que mandó a través del clientelismo, la corrupción y el miedo, Alberto Fujimori aseguró un tercer mandato presidencial en el 2000 mediante un fraude masivo. Las instituciones electorales fueron manipuladas para garantizar la victoria de Fujimori, llevando a la OEA a retirar sus observadores electorales y a declarar las elecciones como fraudulentas. A pesar de las masivas protestas, Fujimori fue inaugurado presidente el 28 de julio del 2000. Meses después, luego de la publicación de cintas de video que revelaban corrupción masiva, su régimen colapsó. Fujimori huyó del país en desgracia y renunció por fax. El congreso rechazó su renuncia y lo removió de la presidencia bajo el concepto de“incapacidad moral”.

Tras haberse desempeñado como primera dama desde 1994, Keiko Fujimori desapareció del escenario político después de la remoción de su padre. Ella tenía tan solo 19 años cuando fue nombrada Primera Dama por su padre, luego de separarse de su esposa, Susana Higuchi. La pareja Fujimori-Higuchi se había distanciado luego de que Higuchi denunciara públicamente la corrupción de su gobierno, especialmente entre los miembros de la familia Fujimori. Higuchi alega que fue torturada en repetidas ocasiones por obra de su entonces esposo Alberto Fujimori.

Reconstruyendo el Fujimorismo

Keiko no volvió a la política hasta el 2005, cuando su padre fue detenido en Chile, lo que echó por tierra su plan de lanzar una nueva intentona presidencial en las elecciones del 2006. Keiko fue elegida para el congreso en 2006 como la congresista más votada, lo cual reveló que el apellido Fujimori aún resonaba con parte de la población.

Al año siguiente, su padre fue extraditado a Perú, enjuiciado y sentenciado a 25 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos, corrupción y abuso de autoridad. Su condena fue un hito para el movimiento global de derechos humanos. Pero Keiko se rehusó a aceptar la legitimidad del veredicto, declarando en repetidas ocasiones que el juicio fue orquestado por los enemigos de su padre, y jurando lograr su libertad. Su incapacidad de persuadir al entonces presidente Alan García de indultar a su padre fue uno de los factores que la llevó a lanzar su propia candidatura presidencial en el 2011. Su principal meta era liberar a su padre.

Retratando a su padre como una víctima y reivindicando su papel de salvador del Perú, Keiko reconstruyó al fujimorismo. Aún así, ha fracasado tres veces en su intento de ganar la presidencia. En 2011, perdió por un margen de tres por ciento ante el populista nacionalista y oficial militar en retiro Ollanta Humala, e inmediatamente aceptó su derrota. En 2016, perdió contra el banquero de centro-derecha Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK, por tan solo 40.000 votos; reconoció los resultados a regañadientes, pero nunca aceptó su derrota. De hecho, durante la campaña del 2021, dijo con frecuencia a los periodistas que su error en 2016 fue no haber exigido un recuento.

Aunque Fujimori perdió por poco ante PPK en su intento de llegar a la presidencia en 2016, su partido, Fuerza Popular, tomó el 56 por ciento de las curules congresales. Esto fue suficiente para crear una coalición mayoritaria en el congreso. Fujimori usó este poder para poner a PPK de rodillas, censurando ministros y gabinetes, amenazando con removerlo del cargo y haciendo que el país fuera ingobernable.

Tumulto político previo a la votación del 2021

En 2018, el Congreso se disponía a votar la destitución de PPK de nuevo sobre la base de acusaciones de corrupción relacionadas con Odebrecht, cuando salieron a la luz audios que revelaban que su “indulto humanitario” a favor de Alberto Fujimori en la víspera de Navidad en 2017 había sido parte de un acuerdo político con el hijo de Fujimori, Kenji, entonces congresista. PPK renunció en desgracia, y fue luego arrestado por cargos de corrupción.

Con la dimisión de PPK, el vicepresidente Martín Vizcarra se juramentó como presidente. El también se enfrentó al mismo obstruccionismo del Congreso controlado por Keiko Fujimori, pero usó el poder que le dotaba la constitución para disolver el Congreso y convocar elecciones legislativas anticipadas en enero del 2020.

Si bien ya no era controlado por Fujimori, el nuevo Congreso incluía un conjunto más amplio de políticos conservadores, más de la mitad de los cuales estaban siendo investigados por corrupción. Se resistieron a las políticas de reforma de Vizcarra, especialmente su propuesta de eliminar la inmunidad parlamentaria, y finalmente lograron removerlo del cargo en noviembre del 2020. Manuel Merino, presidente del Congreso y uno de los que había orquestado la remoción de Vizcarra, fue nombrado presidente interino.

Esta movida fue ampliamente vista por la población como una maniobra política de miembros corruptos del Congreso para proteger sus privilegios. Hubo protestas masivas contra Merino. La violencia policial contra los manifestantes, que provocó la muerte de dos estudiantes, no hizo más que alimentar las protestas, forzando la rápida renuncia de Merino. Francisco Sagasti, del centrista Partido Morado, fue nombrado como presidente interino. Su principal mandato: convocar elecciones libres y justas en 2021, y garantizar una transición de poder pacífica.

Keiko Fujimori fue la más impopular de los 18 candidatos presidenciales que participaron en las elecciones del 2021. Pero en un campo tan fragmentado, el reconocimiento de su nombre la ayudó nuevamente, y se logró ubicar en la segunda vuelta junto con Pedro Castillo. Las encuestas mostraron como Keiko tenía un antivoto muy alto, con más de la mitad de los votantes declarando que jamás votarían por ella. Castillo, quien subió en las encuestas un mes antes de la primera vuelta electoral, nunca había ocupado un cargo público, y fue desestimado por muchos observadores por su condición de agricultor y profesor rural. Pero él ha probado ser más carismático y cautivador de lo que se imaginaba. En algunas regiones, especialmente en Perú rural, ganó con 80 por ciento o más del voto.

Keiko Fujimori, quien se ha demostrado no estar dispuesta a soportar su derrota por tercera vez, ha adoptado la misma táctica de tierra arrasada evidente durante su reciente desempeño como lideresa de la oposición. Y sin evidencia alguna, sigue insistiendo en su narrativa del fraude.

Los principales medios de comunicación han repetido los alegatos de fraude de Fujimori sin mayor crítica. El maestro de manipulación de su padre, Vladimiro Montesinos, incluso intervino desde prisión, aconsejándole a Keiko en todo, desde como debatir contra Castillo hasta cómo voltear los resultados electorales. Algunos de sus aliados más cercanos —incluyendo al novelista Mario Vargas Llosa, quien otrora fue uno de sus más feroces críticos— no solo están acomodando a esta narrativa, sino que han justificado abiertamente un golpe de Estado. En una conferencia en Madrid, el Premio Nobel de Literatura dijo: “todo lo que se haga para frenar esa operación turbia que va contra la legalidad, en contra de la democracia, está perfectamente justificado.”

La posibilidad de un golpe militar parece remota. Pero un escenario posible es que los diversos partidos de derecha en el Congreso se unan para forzar la salida de Castillo de la presidencia, valiéndose de la cláusula de “incapacidad moral” de la Constitución, que requiere sólo 87 de 130 votos congresales.

El sostenido asalto de Keiko Fujimori a las instituciones electorales, con el apoyo del establishment limeño y los grandes medios de comunicación, ha dejado una huella indeleble en el país. Aunque nunca ha ganado el cargo más alto del país, Keiko Fujimori ha definido el momento actual más que cualquier otra figura política en el Perú. Dice una y otra vez que trabaja a favor de la democracia peruana, pero sus acciones en los últimos cinco años, y especialmente durante las últimas seis semanas, sugieren lo contrario. Su insistencia en la “gran mentira” de fraude electoral y su negativa a aceptar la legitimidad de la presidencia de Castillo revelan su rechazo a un principio fundamental de la democracia: adherirse a las reglas del juego, gane quien gane. Incluso en la derrota, Fujimori ha socavado gravemente la presidencia de Castillo. Y cuando eventualmente acude a juicio, probablemente afirmará que las acusaciones en su contra son un complot de venganza de sus oponentes políticos, incluyendo al Presidente Castillo, a pesar de que los cargos en su contra están basados en pruebas sólidas y son anteriores a su llegada al poder.

Aguas turbulentas a la vista

Es la primera vez en la historia del Perú que alguien como Pedro Castillo, hijo de campesinos iletrados, gana la presidencia. Castillo se ha comportado admirablemente frente a la avalancha de ataques macartistas, los insultos racializados y los esfuerzos por robar las elecciones.

La verdadera prueba de sus habilidades para navegar en aguas turbulentas comienza el 28 de julio. Se convertirá en presidente de un país profundamente dividido y especialmente golpeado por la pandemia. Asumirá el cargo con su legitimidad ya cuestionada por Fujimori y sus seguidores. Castillo carece de una mayoría en el Congreso, con apenas 37 de 130 curules, y se enfrentará a un bloque hostil de partidos de derecha que tratarán de frustrar su agenda política y podrían intentar removerlo como presidente haciendo uso de la vaga cláusula de “incapacidad moral” de la Constitución de 1993.

Se han planteado numerosos interrogantes a la alianza de Pedro Castillo con Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre y exgobernador del departamento de Junín, quien fue condenado por corrupción a cuatro años de prisión suspendida y quien afronta una sinnúmero de otras acusaciones por corrupción. Castillo ha intentado marcar su propio terreno, en parte por la necesidad de ganar a los votantes más moderados, y de construir una coalición viable en el Congreso. Durante la campaña, estableció una estrecha alianza con la dos veces candidata presidencial Verónika Mendoza, del partido de izquierda moderada Juntos por el Perú, y podría construir una coalición funcional con otros partidos de centro como Somos Perú o el Partido Morado. Al mismo tiempo, quedan preocupaciones respecto a la posición de Perú Libre respecto a temas clave en derechos humanos, incluyendo derechos LGBT+, derechos de la mujer y la pena de muerte.

Al momento de escribir esta nota, se sabe muy poco sobre quienes serán los miembros del gabinete de Pedro Castillo, cuáles serán sus políticas prioritarias, o cómo manejará la crisis de salud pública producida por la pandemia. Lo que sí sabemos es que el establishment continuará con su postura hostil hacia su gobierno, creando presiones que podrían llevar a Perú hacia un punto de quiebre. Si bien la crisis electoral provocada por las denuncias infundadas de fraude de Keiko Fujimori ha terminado, se avecinan tiempos más turbulentos para Perú.