La reciente aprobación por el Congreso mexicano del paquete de reformas electorales conocido como el Plan B detonó protestas nacionales y preocupación internacional por la integridad del sistema electoral. En este marco, conviene voltear a ver el contexto más amplio de debilitamiento y retos para los contrapesos institucionales en México. Para defender la democracia, hace falta fortalecer la labor y la independencia de múltiples instituciones que tendrían que garantizar la vida democrática, el estado de derecho y los derechos humanos.
El 22 de febrero, el Congreso mexicano terminó de aprobar el paquete de reformas electorales conocido como el Plan B (se llama así porque reemplazó una propuesta más ambiciosa de reformas constitucionales en materia electoral que fue rechazada a finales de 2022). Con las reformas a leyes secundarias contempladas en el Plan B, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca, entre otras cosas, modificar la estructura y las funciones del Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano autónomo que organiza elecciones, emite credenciales para votar y fiscaliza campañas. La aprobación del Plan B provocó protestas en México, cobertura mediática internacional y pronunciamientos públicos del Departamento de Estado y congresistas estadounidenses. Ahora tocará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver los recursos legales promovidos contra el Plan B.
El INE, que está en proceso de impugnar las reformas, señala que el Plan B pone en riesgo su capacidad de realizar sus funciones al reducir de manera importante su estructura. Otras de las críticas principales son que las reformas benefician a partidos oficialistas al facilitar el uso de propaganda gubernamental y debilitan los controles sobre infracciones de las reglas de las campañas.
Ahora que el Plan B está generando atención internacional, es importante recordar que la democracia depende de elecciones libres y justas. Al mismo tiempo, la democracia no se reduce al ejercicio electoral. También requiere la separación de poderes y la vigencia de contrapesos para garantizar que las instituciones rindan cuentas y que el poder no se concentre de manera desmedida en alguna institución o persona, incluso una persona que llegó al poder por la vía de las elecciones.
Sin desconocer la importancia de impulsar mejoras en los órganos autónomos —incluido el INE— lo cierto es que López Obrador ha buscado debilitar, más que mejorar, diversos órganos, en un contexto de cuestionamientos o debilitamiento de otros contrapesos institucionales (ilustrado por algunos ejemplos abajo). En cuanto al contrapeso democrático que representa la sociedad civil frente al Estado, el presidente suele descalificar toda expresión crítica desde la población y ha cuestionado repetidamente la legitimidad de medios de comunicación y de organizaciones defensoras de derechos humanos, en un país donde periodistas y personas defensoras sufren altos niveles de violencia.
Al tiempo que el Plan B ocupa el primer lugar en el debate actual, también es necesario poner atención en el contexto nacional más amplio y en la necesidad de fortalecer la democracia y los derechos humanos en áreas como estas:
- Las relaciones civiles-militares. El despliegue de fuerzas militares en tareas policiales en México se recrudeció de manera particular durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón y no ha sido revertido. López Obrador ha ampliado el despliegue y las funciones de las fuerzas armadas. Hoy, las tareas policiales federales quedan exclusivamente en manos militares, situación que se formalizó con el otorgamiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del control sobre la Guardia Nacional en 2022 mediante una reforma inconstitucional impulsada por López Obrador. Las fuerzas armadas también construyen y administran megaproyectos y empresas, entre otras funciones, constituyéndose en un vehículo para la implementación de la agenda del gobierno. El papel ampliado de las instituciones militares en la vida pública conlleva riesgos desde violaciones de derechos humanos, distorsiones de las relaciones civiles-militares y la identificación de las fuerzas armadas con un proyecto político. Asimismo, las fuerzas armadas no cuentan con mecanismos externos robustos de rendición de cuentas. La actual concentración de facultades en las fuerzas castrenses no podrá ser desmontada fácilmente, pero revertir este proceso y apostar por instituciones civiles es necesario para fortalecer el estado de derecho.
- La relación entre los poderes ejecutivo y judicial. López Obrador ha buscado deslegitimar el actuar del poder judicial en diversos momentos. El presidente y altos funcionarios han reaccionado ante resoluciones judiciales adversas exhibiendo, culpando y anunciando denuncias penales contra jueces y juezas, pero incluso más allá de los casos concretos, han dado a entender que el poder judicial es el responsable de la impunidad en el país. El gobierno envía este mensaje al público aun cuando, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, la abrumadora mayoría de delitos cometidos contra la población nunca llegan ante un tribunal, por falta de denuncia o falta de investigación y persecución por las fiscalías. Asimismo, López Obrador ha equiparado las garantías del debido proceso en el sistema de justicia —contrapeso fundamental ante abusos o errores por parte de las fuerzas de seguridad y las fiscalías— con “tecnicismos” legales. Así, el discurso del gobierno pareciera estar encaminado a restar legitimidad al papel del poder judicial como tal, un mensaje preocupante en cualquier democracia. Por otro lado, hasta ahora la propia SCJN no ha sido un contrapeso eficaz en temas nodales de la agenda presidencial como la militarización. Bajo la presidencia recién iniciada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, tocará a la SCJN resolver acciones pendientes contra la militarización, así como contra el Plan B.
- La Fiscalía General de la República (FGR). La FGR se creó a finales de 2018 como una institución autónoma cuyo trabajo se basaría en evidencia y criterios técnicos, no en criterios políticos. Sin embargo, bajo la gestión de Alejandro Gertz Manero, la FGR no ha demostrado independenciafrente al poder ejecutivo. Gertz Manero ha interpretado la “autonomía” de la FGR no en el sentido de ser un contrapeso en el andamiaje del Estado, sino como justificación para reducir la colaboración interinstitucional y la rendición de cuentas. Contar con una FGR verdaderamente autónoma, técnica y efectiva, es primordial para fortalecer el estado de derecho; lo mismo aplica a las fiscalías estatales.
- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La CNDH es un órgano autónomo federal encargado de examinar quejas de violaciones de derechos humanos, promover acciones de inconstitucionalidad y realizar acciones de promoción de los derechos, entre otros. Las necesidades de cambio en la CNDH han sido señaladas por la sociedad civil mexicana e internacional durante muchos años. Bajo la actual gestión de Rosario Piedra Ibarra, la CNDH ha perdido credibilidad al asumir posturas sumamente cuestionables en apoyo de la agenda de López Obrador, incluyendo en materia de militarización y reforma electoral, mientras que llamó públicamente a ONG de derechos humanos y medios de comunicación a no difundir información que se encontraban documentando sobre la privación arbitraria de la vida de un grupo de jóvenes por elementos militares en febrero de 2023.
Tal como se desprende de estos ejemplos, hace falta revertir déficits democráticos e institucionales en múltiples ámbitos. Defender la democracia en este contexto requiere velar por la integridad de las elecciones. También requiere fortalecer la labor y la independencia de otros contrapesos que tendrían que garantizar la vida democrática, el estado de derecho y los derechos humanos día a día.
