El 8 de Septiembre, el Presidente Barack Obama pidió adelantos en el Tratado de Libre Comercio. A finales de Agosto, una delegación que incluyo al Congresista Norte Americano James McGovern visito Colombia donde se reunió con miembros de sindicatos, activistas laborales y trabajadores de los sectores portuarios, palma aceitera, petrólero y automotriz. Les preguntamos a los mismos si la situación de los derechos laborales en Colombia había mejorado desde el 15 de Abril con la implementación del Plan de Acción Laboral entre Colombia y Estados Unidos para pasar el TLC.
Fuimos informados que mientras el Plan de Acción Laboral (PAL) es un paso adelante, solo ha conllevado a cambios formales, en ves de cambios reales en las condiciones laborales y la protección de sindicalistas. En el 2011, veinte y dos (22) sindicalistas han sido asesinados, con diez de ellos cometidos después del anuncio del PAL el 15 de Abril. Amenazas de muerte y difamación de los activistas laborales también continúa. El nivel de impunidad en casos de sindicalistas asesinados permanece extremadamente alto alrededor de 94%. El Programa de Protección incluido en el PAL es muy lento en responder a las necesidades de quien se supone proteger. Mientras que un decreto para contratar a cien (100) inspectores laborales fue expeditado, ninguna información de su progreso esta disponible al público.
Un componente importante del PAL es que demanda que Colombia desmantele el modelo explotador de las CTAs. Este modelo de contratación permite que las empresas subcontraten trabajadores por vía de terceras partes, para evitar sus obligaciones y el respeto de derechos laborales. Cientos de miles de trabajadores son parte de las CTAs en la industria del azúcar, palma aceitera, salud, minería y los puertos. Las CTAs impiden el derecho de sindicalización y negociaciones colectivas. La intención del PAL con las CTAs es que el Gobierno las desmantele para que el trabajador contrate directamente con el empleador. En pocos casos, incluyendo los de Carrefour y Éxito, la prohibición de Colombia de las CTAs ha llevado a contratos directos con los trabajadores. Sin embargo, en la mayoría de los casos las CTAs solo han cambiando de nombre, pero el modelo sigue en la práctica. Los trabajadores nos informaron que un nuevo modelo de contratación llamado Compañía Simplificada de Acciones (SAS), igual al de las CTAs, ha de facto reemplazado los contractos de trabajo y a raíz de esto no se ve ningún cambio en las condiciones que afrontan los trabajadores.
Los trabajadores portuarios en Cartagena afirmaron que prohibir las CTAs es un buen primer paso. Sin embargo, toda forma de subcontratación temporal e intermediaria debe ser prohibida. Compañías de servicios temporales son otras formas de subcontratación que se encuentra en este sector. El ochenta porciento de los estimados 30,000 trabajadores portuarios son Afro Colombianos, quienes tales como los corteros de palma aceitera y caña de azúcar, sufren un alto grado de abuso de sus derechos laborales y discriminación racial en el trabajo. Hay varias estadísticas importantes para considerar: Setenta porciento de los trabadores portuarios no tienen contrato directo con las compañías para quienes trabajan. Cincuenta porciento no tienen acceso a seguridad social. Veinte porciento no reciben beneficios de pensión porque las compañías se rehúsan a incluir trabajos de corto plazo al número total de años trabajados que se requiere para obtener este beneficio.
Trabajadores portuarios que tratan de organizarse y que pertenecen a los sindicatos son frecuentemente despedidos y colocados en listas negras. Como resultado, sindicalistas son forzados a hacer su trabajo clandestinamente y muchos reciben amenazas de muerte. Este fue el caso de John Jairo Castro Balanta, Director del Sindicato Portuario de Buenaventura, quien visito los Estados Unidos en un viaje patrocinado por AFL-CIO a principios de Junio, donde el informo el Congreso de los EEUU sobre la situación de los derechos laborales en Colombia y Tratado de Libre Comercio. En Junio 24, John y su co-directora Elizabeth recibieron los siguientes mensajes: “Si ustedes, la gente del sindicato portuario, continúan creando problemas van a encontrar lo que no se les ha perdido.” Y “Si ustedes, la gente del sindicato portuario, continúan creando problemas y denunciando cosas, van a morir en una morge de sindicalistas”.
Durante nuestro viaje también nos enteramos de dos conflictos laborales de gran preocupación en el sector automotriz y petrolero. Empezando en Julio 14, alrededor de 13,000 trabajadores subcontratados en la industria petrolera trabajando para la multinacional Canadiense Pacific Rubiales en Puerto Gaitan y Campo Rubiales (Departamento del Meta) empezó una protesta masiva para llamar la atención sobre las condiciones que los trabajadores tienen que aguantar. Por ejemplo, los trabajadores están forzados a vivir en carpas junto con otras cien personas por el periodo del contrato, el cual es simplemente por 21 días, y continuamente renovado. Estas carpas (de campamento) concentran altos niveles de temperatura sin la adecuada ventilación. Las condiciones higiénicas son inapropiadas y el uso de sanitarios requiere esperar en largas filas y con frecuencia hay paros de agua.
Así como los trabajadores portuarios, estos trabajadores son subcontratados y puestos a trabajar horas y turnos extras y reciben un salario de muy bajo escala. Accidentes laborales son comunes, y el uso de terceros contratantes para proveer servicios de primeros auxilios disminuye la responsabilidad de la empresa en hacerse cargo de los trabajadores enfermos. Los trabajadores que tienen accidentes o se enferman no son contratados nuevamente o simplemente son despedidos por los subcontratistas.
Los esfuerzos de los sindicalistas, incluyendo miembros de la USO quienes tratan de organizar y visitar estos trabajadores, son con frecuencia saboteados. Por ejemplo, miembros de la USO nos informaron que vehículos fueron colocados para bloquear el único camino de acceso al lugar donde los trabajadores se congregan, y que se cavaron huecos en el camino para impedir que los representantes se reunieran con los trabajadores. La USO nos informo que esta empresa funciona básicamente como una “republica independiente”.
Las protestas masivas de trabajadores petroleros terminaron cuando el gobierno acordó reunirse con ellos para discutir su situación el 3 de Agosto. Esta reunión resulto en la conformación de varias mesas de trabajo para discutir las preocupaciones de los trabajadores. El 20 de Septiembre la USO reporto que debido a que estas mesas no habían conllevado a ningún cambio, los trabajadores habían reiniciado protestas desde el 18 de Septiembre. La policía anti-motin ESMAD, ha utilizado fuerza desmesurada para disipar el ultimo round de protestas lanzando grandas aturdidoras modificadas con metralla y balas de caucho desde el helicóptero a mujeres, hombres y niños. Las tiendas donde estaban viviendo también fueron quemadas. De acuerdo a la USO, desde el inicio de las protestas en Julio, 50 trabajadores han resultado heridos y más de 500 sindicalistas despedidos.
También visitamos trabajadores despedidos por la General Motors (GM) quien iniciaron una huelga de hambre en frente de la embajada de Estados Unidos. Quienes estaban en la huelga era un grupo de 25 trabajadores de GM que fueron despedidos después que la empresa se enterara que estaban enfermos o que tenían alguna inhabilidad. Estos trabajadores argumentan que la compañía actúo fraudulentamente al manejar su historia clínica como excusa para despedirlos. Una esposa y madre de cinco hijos, casada con uno de los trabajadores describió como el desespero que sintió su esposo lo llevo a intentar suicidarse. El sobrevivió el intento de suicidio, pero llevaba varios días desaparecido. El 13 de Septiembre, el Presidente de ASOTRECOL (nombre del grupo de ex trabajadores) y otros dos trabajadores fueron abordados por un policía en una motocicleta quien los advirtió de tener cuidado. También, un taxi con una persona que les tomaba fotografías los estaba siguiendo. Mientras las personas del taxi fueron detenidas por la policía, estos respondieron que fueron contratadas para hacer un estudio de “seguridad”. Esta solo es una de las varias actividades sospechosas cometidas en contra de los miembros de ASOTRECOL.
El PAL, mientras tiene fallas y se muestra insuficiente, presume cambiar una problemática sistemática de las prácticas laborales que han sido la práctica en Colombia por los últimos 20 años. Mientras que es un paso formal para darle vuelta a la situación de los derechos laborales, es claramente insuficiente. La administración de Obama y el Congreso de Estados Unidos no pueden asumir que los cambios radicales van a suceder de la noche a la mañana. Ni tampoco pueden cometer el error de asumir que las nuevas leyes, decretos y planes se traducen en protección o salvaguarda inmediata de los trabajadores. En vez, deben monitorear de cerca la implementación del PAL y determinar si progresa, de hecho, en mejorar la realidad que enfrentan los trabajadores. Así también, deben insistir que más allá del PAL, los asuntos más complejos que generan violencia, injusticia e impunidad en Colombia, son tomados en cuenta seriamente. Adelantar el Tratado de Libre Comercio con Colombia, antes que lo anterior tome lugar, seria una injusticia contra los trabajadores Colombianos.
22 de septiembre 2011
