Por Susan C. Peacock y Adriana Beltrán
Este informe especial describe cómo los grupos ilegales armados en Guatemala–que se conocen comúnmente como “grupos clandestinos”–son un legado no resuelto de los 36 años de conflicto armado interno en Guatemala y sostiene que estos grupos no actúan por cuenta propia sino responden a miembros de una red interconectada de guatemaltecos poderosos. Los individuos y grupos que conforman esta red secreta y amorfa se conocen como los poderes ocultos. Ellos controlan y sacan provecho de las diversas actividades ilegales que realizan casi sin temor alguno de ser detenidos o procesados. Estas actividades ilegales tienen que ver a menudo con el ejercicio impropio de influencias en el estado–por ejemplo: omisiones en las aduanas, soborno y mordidas–e incluyen conexiones con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado.
Junto con su influencia en la burocracia estatal, los poderes ocultos tienen relaciones con la mayoría de los partidos y actores políticos de Guatemala. Ejercieron influencia durante el gobierno de Portillo y han continuado sus actividades ilícitas durante el gobierno de Óscar Berger. Los poderes ocultos se cuidan de no ser procesados valiéndose de sus conexiones políticas, de la corrupción y, de ser necesario, de la intimidación y la violencia. Sus actividades socavan el sistema judicial y perpetúan un clima de inseguridad ciudadana, generando un terreno fértil para una mayor generalización de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, cuya consecuencia es una ola de violencia que pone en peligro el estado de derecho y el funcionamiento de la democracia en Guatemala. Numerosas organizaciones locales e internacionales de derechos humanos han denunciado la existencia de los grupos clandestinos y han hecho llamados al gobierno de Guatemala pidiendo su desmantelamiento inmediato. La sociedad civil guatemalteca y la comunidad internacional han repetido públicamente estas denuncias y peticiones.
