Este artículo forma parte de la serie Una Agenda de Derechos Humanos para la Próxima Administración de EE. UU., que presenta las prioridades de WOLA para promover políticas estadounidenses centradas en los derechos humanos. Ante el cambio de administración en Estados Unidos, WOLA reafirma su compromiso con la justicia, la dignidad y los derechos fundamentales de las personas en toda América. En esta serie, destacamos temas críticos de derechos humanos que deben estar en el centro de los debates políticos en este momento crucial.
WOLA colabora con socios a lo largo del continente para impulsar políticas más humanas y eficaces frente a los múltiples desafíos relacionados con las drogas psicoactivas. Partimos de una verdad irrefutable: nunca ha existido, ni existirá, un “mundo libre de drogas”. La prohibición y la criminalización no cambian esa realidad. De hecho, la “guerra global contra las drogas”, liderada por EE. UU., ha generado mercados de drogas más letales y peligrosos, y ha causado graves violaciones de derechos humanos en todo el mundo.
Un informe histórico de 2023 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos resalta el fracaso de las políticas punitivas de drogas, y llama a un cambio hacia enfoques centrados en los derechos humanos, como la reducción de daños, la despenalización y la regulación legal. El informe subraya el impacto devastador del control militarizado de las drogas, el encarcelamiento masivo y la persecución desproporcionada de grupos marginados, incluidos pueblos indígenas y mujeres.
La prohibición alimenta los mercados ilegales, el crimen organizado y la corrupción, lo que exacerba la violencia, el desplazamiento forzado y la degradación ambiental. Las actividades extractivas financiadas por el narcotráfico aceleran la destrucción de los bosques, erosionan la gobernanza ambiental y ponen en grave peligro a las comunidades indígenas.
Aunque el progreso es posible, la reforma no será fácil. La burocracia, los intereses poderosos y la política del miedo han generado una inercia considerable en las políticas de drogas. La tendencia de culpar a los extranjeros por los problemas internos de EE. UU. sigue siendo políticamente efectiva. La próxima administración estadounidense debe marcar un rumbo hacia políticas de drogas que respeten verdaderamente los derechos humanos, protejan la salud pública, fortalezcan la seguridad y fomenten la paz y el desarrollo sostenible.
Abogamos por reformas políticas guiadas por estos tres ejes:
1. El cambio comienza en casa
- Poner la salud pública en el centro de las políticas nacionales de EE. UU., invirtiendo en en esfuerzos de prevención, tratamiento, reducción de daños y recuperación basados en evidencia. La crisis de sobredosis ha dejado al descubierto las graves deficiencias del sistema de salud pública y la red de seguridad social, ambos fragmentados y debilitados. Ante la creciente amenaza del fentanilo ilícito y la letalidad de los mercados de drogas callejeras, la próxima administración debe ampliar el apoyo federal para estrategias de reducción de daños. Esto incluye acceso inmediato a medicamentos que revierten sobredosis, como la naloxona, pruebas de drogas, tratamiento asistido por medicamentos y sitios supervisados de consumo, que ya operan en algunos estados. A largo plazo, el acceso legal a suministros de drogas seguros y bien regulados es la mejor estrategia para frenar la devastación causada por el fentanilo y otras drogas potentes, tanto sintéticas como de origen vegetal.
- Apoyar la despenalización de la posesión y cultivo de drogas para uso personal. No existe evidencia que respalde que las sanciones penales severas disuadan o reduzcan el consumo de drogas. Sin embargo, hay pruebas contundentes de que la criminalización destruye vidas, alejando a las personas de los servicios de salud que necesitan, exponiéndolas a abusos policiales, llevándolas a prisión y a tener antecedentes penales que limitan sus oportunidades educativas, laborales y de vivienda. Los efectos más crueles de la criminalización han recaído de manera desproporcionada sobre las comunidades afrodescendientes y latinas.
- Crear un marco legal federal para la despenalización y regulación del cannabis. Con muchos estados de EE.UU. avanzando en la legalización del cannabis, tanto medicinal como recreativo, es urgente una legislación federal que descriminaliza y regule el cannabis. Aunque ya hay mucho que aprender de las experiencias regulatorias de los estados, no existe un modelo estándar para gestionar de manera responsable las drogas psicoactivas. El Congreso y la próxima administración deben liderar la reforma de la ley federal para promover la salud pública, la seguridad y la equidad.
2. Ser Realista Sobre los Límites y Daños del Control de Suministros
- Realizar una revisión exhaustiva del control de suministros bajo el enfoque prohibicionista. La próxima administración debe llevar a cabo una evaluación integral y honesta de las políticas y programas de EE. UU. dirigidos a frenar el suministro de drogas ilícitas. Esta revisión debe considerar los efectos de la prohibición en sí misma, en particular ante el aumento de drogas sintéticas altamente potentes, compactas y económicas, como el fentanilo fabricado ilícitamente. La evaluación debe abordar los desafíos del control de suministros y la viabilidad de lograr reducciones significativas y sostenibles en estos mercados.
- Desarrollar indicadores significativos para medir la eficacia de las políticas públicas. Los indicadores tradicionales del control de suministros, como hectáreas de cultivos erradicados, toneladas de drogas incautadas o el número de personas arrestadas, ofrecen una imagen falsa de progreso. Los mercados de drogas ilícitas son dinámicos, y los traficantes se anticipan a las pérdidas garantizando una producción continua, explorando nuevas rutas de distribución y sobornando y coaccionando a funcionarios públicos. A pesar de estas fallas, estos indicadores han quedado tan arraigados en las políticas estadounidenses que siguen moldeando los incentivos de las agencias de control de drogas, las cuales son financiadas y estructuradas para alcanzar objetivos que solo crean una ilusión de avance, mientras el tráfico de drogas se expande y los mercados crecen.
- Centrar la ayuda de EE. UU. a fortalecer las instituciones de justicia civil y el estado de derecho. Durante décadas, las administraciones de ambos partidos han apoyado a fuerzas de seguridad extranjeras con miles de millones de dólares en ayuda, equipo y capacitación, con el objetivo de frenar y desmantelar organizaciones de narcotráfico. Sin embargo, estos esfuerzos no han detenido el flujo de drogas ilícitas y, en muchos casos, han socavado los derechos humanos y la seguridad ciudadana. La próxima administración debe enfocar el apoyo de EE. UU. en fortalecer las instituciones civiles de justicia y el estado de derecho, y adoptar una política de cero tolerancia para los abusos a los derechos humanos cometidos tanto por el personal estadounidense como por los beneficiarios de la ayuda y capacitación en seguridad.
3. Modernizar el Sistema Global de Control de Drogas
- Integrar la Política de Control de Drogas en el Sistema de la ONU. Durante décadas, el debate sobre las drogas y las estructuras de control de la ONU han operado en casi total aislamiento del resto del sistema de la ONU. Sin embargo, en los últimos años, este enfoque ha comenzado a desmoronarse, ya que la evidencia de los graves impactos de la prohibición y la criminalización sobre los derechos humanos, la seguridad, la paz, la biodiversidad y la crisis climática se ha vuelto innegable. Países como Rusia y otros muchos siguen profundamente comprometidos con la prohibición y las políticas punitivas en materia de drogas, y se espera que se resistan a reformas centradas en los derechos humanos que lleven el sistema de control de drogas de la ONU al siglo XXI. Sin embargo, numerosas naciones, incluidas aquellas de América Latina y el Caribe que han sufrido las consecuencias de la guerra contra las drogas, están exigiendo una revisión y reforma exhaustivas de este sistema. La próxima administración de EE. UU. debe aprovechar su influencia para liberar al sistema de drogas de la ONU de sus limitaciones, asegurando que la política de drogas esté alineada con obligaciones relativas a los derechos humanos y se adapte a los desafíos globales actuales, en lugar de seguir exacerbándolos.
- Aprovechar la Legalización del Cannabis para Reformar los Tratados de Drogas de la ONU. A medida que los Estados Unidos avanza en la creación de un marco regulatorio federal para el cannabis, la próxima administración debe colaborar con países afines para modernizar el sistema de drogas de la ONU y fortalecer el derecho internacional. Es claro que la prohibición del cannabis ha demostrado ser insostenible, por ello EE. UU. puede facilitar la coordinación con gobiernos aliados para diseñar un nuevo conjunto de normas internacionales que protejan la salud pública, los derechos de los trabajadores y el medio ambiente. Es crucial que este acuerdo contemple la creación de reglas de comercio justo y la inclusión equitativa de los cultivadores tradicionales de cannabis en el Sur Global, quienes han sido víctimas de la guerra contra las drogas durante décadas.
- Apoyar Mercados Legales para Usos Tradicionales de la Hoja de Coca. La nueva administración de EE. UU. tendrá la oportunidad de rectificar el error histórico de una prohibición global sobre los usos tradicionales de la hoja de coca, actualmente clasificada en la Lista I de los tratados de drogas de la ONU, junto con la cocaína. Durante milenios, millones de personas han consumido de manera segura y beneficiosa hojas de coca, las cuales tienen un papel cultural central en la región andino-amazónica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está revisando actualmente el estatus de la coca en los tratados de drogas, y podría recomendar ubicarla en una categoría menos estricta o eliminarla por completo de las listas de los tratados. Cambiar la clasificación de la coca no afectaría las obligaciones de los países bajo los tratados de la ONU relacionados con la cocaína. Sin embargo, poner fin a la prohibición de la coca reivindicaría los derechos de los pueblos indígenas, fortalecería las economías andinas y llevaría los beneficios de la coca a personas de todo el mundo. La próxima administración de EE. UU. debe apoyar una revisión robusta e inclusiva de la coca por parte de la OMS y levantar la prohibición existente.
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