26 Oct 2012 | Análisis | Noticias

Políticas anti-narcóticas ineficaces dañan a las comunidades afrocolombianas

Por: Gimena Sánchez-Garzoli y Adam Schaffer*

Recientemente, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que el mundo necesita repensar cómo está luchando la guerra contra las drogas, un sentimiento compartido por otros líderes latinoamericanos. Teniendo en cuenta que el control de drogas es uno de los temas del programa que se negociará durante la segunda fase del procesode paz entre Colombia y la guerrilla del FARC, tal vez veamos cambios en las estrategias de lucha contra la drogas en los próximos meses. Un cambio es especialmente necesario para las comunidades afrocolombianas que actualmente llevan la peor parte de los esfuerzos de las fumigaciones aereas con herbicidas financiadas por los EE.UU. En 2011 y 2012, se llevó a cabo fumigaciones en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Chocó-regiones pobladas principalmente por afrocolombianos. Las fumigaciones se unen con la riqueza de la minería, la industria y los proyectos de desarrollo que regularmente violan el derecho de estas comunidades a libre, previa, e informada consultación sobre las actividades realizadas en sus tierras.

La fumigación de cultivos de coca se lleva a cabo con el producto químico glifosato comercializado en los Estados Unidos como Roundup. Resultados concluyentes sobre la seguridad de largo plazo de glifosato siguen siendo difíciles de alcanzar, mientras que algunos estudios han encontrado que el producto químico no alberga cualidades cancerígenas, la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño afirma que efectos adversos para la salud—especialmente para niños—son una posibilidad innegable.[1] Amplia evidencia anecdótica de las comunidades rociadas sigue suscitando preocupaciones legítimas sobre la sanidad del producto químico. Informes de grupos de comunidades afrocolombianas indican problemas generalizados cutáneos, respiratorios y gastrointestinales en los locales después de llevarse a cabo las fumigaciones.[2] Los más afectados son las mujeres embarazadas, los ancianos y los niños.

Igualmente preocupante es el daño a la seguridad alimentaria de afrocolombianos y los efectos ambientales de las fumigaciones. La imprecisión en las campañas de fumigación ha llevado a la destrucción de los cultivos de no-coca usados ​​para la venta y consumo, incluyendo el plátano, la yuca, el maíz y los campos de arroz.[3] Estos cultivos proporcionan seguridad básica de alimentos para muchas de las comunidades fumigadas, y una vez destruidos, pueden solicitar el desplazamiento de los campesinos. En junio y septiembre de 2012, los alimentos diarios de más de 6.000 habitantes de La Mamuncia-Lopez de Micay en Cauca fueron destruidos, junto con un proyecto de cacao con el apoyo del gobierno de Cauca, que servía como fuente principal de ingresos de esa comunidad.

Además, como la pulverización química se filtra en los arroyos y acuíferos, sus efectos nocivos dañan aun más a los seres humanos y el medio ambiente. Estudios demuestran que el glifosato tiene un efecto negativo en la vida acuática y en la diversidad biológica. El envenenamiento de principales fuentes de agua en comunidades afrocolombianas sigue siendo una preocupación central. En otras palabras, por muy "dirigidos" o "inofensivos" que los programas de fumigación aérea pueden ser en teoría, el daño colateral de la pulverización es impresionante y este daño es muy destructivo para las comunidades afrocolombianas rurales.

Gran parte de este daño ambiental no puede ser simplemente invertido. La costa pacífica de Colombia es una de las regiones con la mayor biodiversidad del mundo. Chocó, por ejemplo, es el hogar de bosques vírgenes con especies de flora y fauna que no existen en ningún otro lugar. La fumigación errante no sólo elimina estas especies de existencia en Colombia, más bien, las conduce a la extinción global. Este tipo de daño al medio ambiente natural está dando lugar a un daño irreparable a la rica cultura y forma tradicional de vida rural de afrocolombianos.

Las fumigaciones también aumentan la ya significante población internamente desplazada en Colombia. Comunidades vulnerables—especialmente las afrocolombianas e indígenas—son regularmente forzadas a abandonar sus tierras debido a las amenazas, la violencia y el conflicto armado interno. Bajo la amenaza constante de la destrucción de cultivos (incluidos cultivos lícitos) a través de fumigaciones y la violencia conexa entre narcotraficantes y el Estado, estos grupos son regularmente forzados a abandonar sus tierras ancestrales y buscar refugios más seguros.

En 2000, la Asamblea Afro-Colombiana del Consejo Comunitario de Yurumanguí (Valle del Cauca) lanzó una campaña anti-coca con el fin de parar el daño que tanto los cultivos y las fumigaciones estaban causando a la población local. Los líderes conscientes de que los esfuerzos de coca y fumigación fueron incentivando el desplazamiento de la comunidad, destruyendo los cultivos de alimentos, erosionando la seguridad, y que representa una amenaza grave para su integridad cultural se organizaron para defender sus tierras, su cultura y sus derechos políticos. La estrategia consiste en identificar las áreas donde se cultiva la coca, acercando a los productores para explicar los vínculos de la coca a la violencia y pedir que los cultivos ilícitos sean destruidos. Si el agricultor no cede, la comunidad organiza un grupo de personas para erradicar las plantas mismas. A pesar de que este esfuerzo carece de apoyo oficial y ha incrementado las tensiones con los guerrilleros y los cultivadores de coca, sirve como un ejemplo de las respuestas alternativas, basado en la comunidad, a la fumigación propuestas por las comunidades afrocolombianas.

Más allá del Valle del Cauca, grupos afrocolombianos han respondido a las amenazas que plantea el cultivo de coca y los esfuerzos de fumigación. Más de 5.000 afrocolombianos en Chocó salieron a las calles para protestar las fumigaciones en septiembre de 2011, con algunos manifestantes bloqueando la carretera principal hacia el departamento durante varios días. El Foro Inter-Étnico de Chocó (FISCH) y COCOCAUCA, dos agrupaciones regionales de los consejos comunitarios afrocolombianos y organizaciones, han denunciado públicamente los efectos nocivos de las fumigaciones sobre los afrocolombianos y repetidamente han pedido a las autoridades estadounidenses y colombianas a buscar alternativas a la fumigación.

Lamentablemente, los esfuerzos de las organizaciones de afrocolombianos para poner fin a las fumigaciones han caído en oídos sordos. El daño a la salud, la ecología, y la cultura de las comunidades afrodescendientes sigue tomando lugar a pesar de que no tiene unimpacto significativo al tráfico de drogas. Si bien existe un terreno común entre las comunidades afectadas y el gobierno—ambos desean ver el fin del tráfico de drogas en la región—soluciones alternativas y más eficaces para este problema común deben ser alcanzadas. Un primer paso positivo sería que los Estados Unidos y Colombia vean a las comunidades afrocolombianas como socios en lugar de enemigos en sus esfuerzos de controlar las drogas y de consultar con sus líderes sobre la manera mejor de reducir el cultivo de coca en territorios colectivos. La acción unilateral y perjudicial por parte de Colombia en tierras colectivas no sólo es una respuesta inaceptable e perjudicial para el tema de las drogas, sino también ha fallado de manera innegable para cumplir con los objetivos de los EE.UU y de Colombia de frenar el cultivo de coca. Como Presidente Santos mencionó, un nuevo enfoque es n
ecesario y los EE.UU. deberían seguir su ejemplo y terminar el apoyo a una estrategia de fumigación que es perjudicial para los afrocolombianos e ineficaz en la orientación de la producción de coca.
 

*Esta entrada de blog es un resumen de una presentación de Gimena Sánchez-Garzoli, Coordinadora de WOLA del Programa de los Andes. Apoyo a la investigación adicional fue proporcionado por Adam Schaffer, Asistente del Programa de Políticas de Drogas y los Andes, y la traducción fue realizada por Joel Martinez.



[1]Naciones Unidas. “Comité de los Derechos del Niño”. Informe sobre el 42 periodo de sesiones, Ginebra, 15 de mayo a 2 de junio de 2006. CRC/C/42/3, 3 de noviembre de 2006 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/2e94284ab7747bb7c125725a004d54bb/$FILE/G0645145.pdf