WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas
5 May 2023 | Análisis

Políticas de drogas y derechos humanos: cuatro conclusiones de la Cumbre de Ciudades de las Américas

El 28 de abril de 2023, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), junto con el Centro Internacional de Derechos Humanos y Políticas de Drogas de la Universidad de Essex de Reino Unido y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organizó un panel sobre políticas de drogas y derechos humanos en la Cumbre de Ciudades de las Américas en Denver, Colorado. La Cumbre de Ciudades, la primera de su tipo, reunió a funcionarios de gobiernos municipales y organizaciones de la sociedad civil de 34 países para discutir desafíos regionales a nivel local.

Nuestro panel contó con líderes de la sociedad civil y exalcaldes de Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Estados Unidos, así como con funcionarios de la administración Biden y de Naciones Unidas. A continuación, presentamos cuatro conclusiones de los poderosos llamados de los panelistas para la creación de políticas de drogas justas y efectivas.

1. La retórica de la “guerra contra las drogas” distorsiona nuestras palabras. Organizamos nuestro panel en la Cumbre para mostrar por qué y cómo los derechos humanos deben estar en el centro de las políticas de drogas, destacando el valor de las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas para las personas líderes locales. Conscientes del terrible número de víctimas mortales y vidas destruidas por décadas de prohibición y criminalización de las drogas, nuestra intención era que la sesión generara una discusión alrededor de las políticas sobre drogas, no contra las drogas. Pero la guerra contra las drogas se ha arraigado profundamente en los lenguajes y formas de pensar de las sociedades. Tanto es así, que las herramientas de traducción de aprendizaje automático tienden hacia el lenguaje de la guerra contra las drogas.

El subtítulo original de nuestro panel en inglés, “Local Governance for Sustainable Action on Drugs”, fue intencionalmente neutral. Sin embargo, la herramienta de traducción utilizada para la página de internet de la Cumbre produjo versiones en español y portugués permeadas con el lenguaje de la guerra contra las drogas, utilizando la palabra “contra”, es decir: acción sostenible contra las drogas. Aparentemente, el software se basó en el discurso político prevalente: los liderazgos políticos a menudo hablan de campañas contra las drogas e incluso de estrategias para erradicarlas por completo, bajo el imposible llamado por un “mundo libre de drogas”. Muy rara vez se habla de drogas bajo una luz neutral, que esté abierta a matices y caminos alternativos a seguir.

En última instancia, tuvimos que cambiar el título de nuestro panel para lograr que el idioma del software de traducción produjera una versión precisa: “Human Rights Close to Home: Local Governance for Sustainable Action Regarding Drugs”, en español: “Derechos humanos cerca de casa: gobernanza local para acción sostenible en materia de drogas”.

2. El estigma mata: La criminalización de las drogas estigmatiza a las personas que consumen drogas y promueve políticas centradas en respuestas punitivas. Los formuladores de políticas deben reconocer que pretender eliminar las drogas es una receta para el fracaso, la cual fomenta la crueldad hacia nuestros conciudadanos. Incluso cuando la criminalización no resulta en sentencias carcelarias, el daño es severo, aleja a las personas de los servicios de salud y aumenta el riesgo de sobredosis y la propagación de enfermedades transmisibles.

Para Ernesto Cortés, director de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas, la criminalización equivale a una política de muerte. “En lugar de protegernos y garantizar nuestros derechos humanos, es una política que busca eliminarnos”. El encarcelamiento aumenta dramáticamente la intensidad y el alcance de los daños a individuos, familias y comunidades enteras. Railda Silva, fundadora de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Encarceladas de Brasil, destacó la brutalidad que día a día enfrentan las personas detenidas, a quienes su organización llama “sobrevivientes del encarcelamiento”.

3. Despenalizar ahora: una de las reformas más poderosas que los legisladores pueden promover para socavar el estigma, es acabar con la criminalización de las personas que consumen drogas. La Posición Común del Sistema de la ONU de 2018 promovió “alternativas a la condena y el castigo en los casos apropiados, incluida la despenalización de la posesión de drogas para uso personal”. De manera similar, en 2021, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria recomendó que los gobiernos “despenalizaran el uso, posesión, adquisición o cultivo de drogas para uso personal, incluida la posesión de parafernalia asociada”.

La panelista Cat Brooks, directora de Justice Teams Network en Oakland, California y cofundadora de Anti Police-Terror Network, lo dejó muy claro: “Despenalizar ahora. Ahora mismo, en este mismo segundo”. No hay evidencia de que la criminalización desincentive la producción, venta y uso de drogas, pero el daño a las personas, familias y comunidades es demasiado alto.

Svante Myrick, exalcalde de Ithaca, Nueva York, reconoció al principio de su mandato que castigar a las personas que consumen drogas es cruel y contraproducente. De hecho, este énfasis punitivo “nos ha llevado a nosotros, los Estados Unidos, a encarcelar a más personas que en cualquier otro lugar del mundo, un número desproporcionado de ellas negras y morenas”.

4. Reducir daños salva vidas: la administración del presidente Biden es el primer gobierno de EE. UU. que adopta la reducción de daños: la noción de que a las personas que usan drogas se les deben ofrecer herramientas y servicios que prioricen su bienestar y reduzcan los riesgos de las sustancias que usan. Pero este apoyo del gobierno federal para la reducción de daños, que llevaba mucho tiempo pendiente, aún es incipiente y no se acerca a la escala requerida para salvar vidas en riesgo en un contexto de mercados de droga estadounidenses cada vez más tóxicos.

Mario Moreno, jefe de gabinete de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, destacó el apoyo sin precedentes de la administración Biden a los servicios de reducción de daños, pero también subrayó que “nuestro trabajo para reducir las sobredosis solo es efectivo si el gobierno federal y las comunidades trabajan de forma concertada.”

La Subsecretaria General de Derechos Humanos de la ONU, Ilze Brands Kehris, señaló que en lugar de “fomentar el estigma asociado con la criminalización del uso de drogas, las políticas de drogas en las ciudades, [o a nivel del gobierno nacional], deben centrarse en reducir daños entre las personas que usan drogas y basarse en evidencias”.

La prohibición de las drogas y la “guerra contra las drogas” continúan causando estragos en las familias y comunidades de las Américas. Pero los formuladores de políticas y la sociedad civil ahora tienen una hoja de ruta para implementar una política de drogas basada en los derechos humanos bajo las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas.

 

Este texto ha sido traducido al español por WOLA.