24 Sep 2013 | Análisis

Por que México debe reformar el Código de Justicia Militar

Por Maureen Meyer y Clay Boggs

Esta semana, el Senado de la República llevará a cabo una serie de audiencias públicas sobre la reforma al Código de Justicia Militar. El propósito de la reforma es garantizar que violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas contra civiles sean investigadas y procesadas en tribunales civiles en vez de tribunales militares. Sin embargo, queda por ver cuales modificaciones pueden hacerse a la propuesta de ley antes de que llegue el momento de votación. Si se aprueba una reforma integral,  será una victoria para los derechos humanos en México y proporcionará un mayor acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por los militares y para sus familias.

En los últimos siete años, el gobierno mexicano ha desplegado más de 50.000 miembros de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico y otros grupos delictivos en el país. Este despliegue masivo ha dado lugar a un aumento dramático de violaciones de derechos humanos. En 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México recibió 367 quejas de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del ejército (Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA) y 31 por miembros de la marina (Secretaría de la Marina, SEMAR). Estas cifras se incrementaron significativamente en los años siguientes, alcanzando un máximo de 2.190 quejas en 2011. Casos documentados incluyen graves abusos como la tortura, la violación, la privación de la vida, la detención arbitraria y la desaparición forzada. Desde 2007, la CNDH ha recibido más de 10.000 quejas de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.

Las cifras de 2013 son mucho más altas de lo que eran en 2006, y aunque las quejas ante la CNDH han disminuido ligeramente desde 2012, todavía hay un alarmante número de violaciones graves de los derechos humanos. En los primeros ocho meses de 2013, la CNDH recibió 590 quejas contra el ejército de México y 285 quejas contra la Marina, entre ellas 20 quejas de privación de la vida, 427 quejas de trato cruel, inhumano o degradante, y cuatro quejas de desapariciones forzadas.

México ha procesado violaciones de derechos humanos en los tribunales militares. Pero los tribunales militares adolecen de un conflicto fundamental de intereses, ya que los militares son juez y parte. Por otra parte, el sistema de justicia militar en México no cuenta con mecanismos, como los plazos permanentes para los jueces, para asegurar que ellos sean independientes. La falta de transparencia empeora la situación: las investigaciones y los procesos tienen lugar a puerta cerrada, y es muy difícil para cualquiera persona que no esté directamente relacionado con un caso concreto acceder a la información sobre los procedimientos. El uso de la jurisdicción militar ha resultado en una situación en que la obtención de justicia en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas sea casi imposible. Muy pocos de los casos han resultado en condenas: de los cerca de 5.000 expedientes abiertos por la Oficina del Fiscal General Militar entre 2007 y 2012, sólo cuatro casos resultaron en condenas.

Ha habido mucha presión internacional para asegurar que violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas mexicanas sean investigadas y juzgadas en la jurisdicción civil. Organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), han subrayado este asunto. El gobierno de Estados Unidos también ha dejado clara su postura: desde el inicio de la asistencia en seguridad de EE.UU. a México a través de la Iniciativa Mérida en 2008, el Congreso estadounidense ha incluidorequisitos de derechos humanos que retienen el 15 por ciento de parte los fondos destinados a México hasta que la cancillería estadounidense (Departamento de Estado) determine que los requisitos se han cumplido. Uno de estos requisitos es la investigación y el procesamiento en tribunales civiles de militares presuntamente responsables de violaciones de derechos humanos. Y en los últimos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido cuatro sentencias jurídicamente vinculantes que requieren que México reforme el artículo 57 del Código de Justicia Militar, articulo que regula el uso de la jurisdicción militar y que los militares han interpretado históricamente para afirmar su jurisdicción sobre los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por sus miembros.

En los últimos años, se han tomado importantes medidas en México para limitar el uso de la justicia militar. En julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico en el caso de la desaparición en 1974 del activista de derechos humanos Rosendo Radilla, que estableció que los militares deben ser juzgados en tribunales civiles. En agosto de 2012, la SCJN reforzó esa decisión cuando declaró inconstitucional el artículo 57 del Código de Justicia Militar e hizo un llamamiento para que se reformara. Estas dos sentencias establecieron que las investigaciones y el procesamiento de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas tendrían que ser manejados por los tribunales civiles en vez de tribunales militares. Sin embargo, estas y otras importantes decisiones sobre jurisdicción militar realizada por la SCJN en 2012 no establecen precedente jurídico vinculante en el ordenamiento jurídico mexicano. Para ello, la SCJN tendría que emitir un fallo consistente en cinco casos específicos consecutivos, o volver a interpretar una ley que había sido interpretado de manera diferente por los tribunales de un nivel inferior.

La Procuraduría General de Justicia Militar  y los juzgados militares de México han comenzado a transferir algunos casos a los tribunales civiles. Según el Informe del Gobierno de México 2013 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el Examen Periódico Universal, entre mediados de 2012 y julio de 2013, se han transferido 231 averiguaciones previas y 180 causas penales a los tribunales civiles. Sin embargo, existe poca información sobre el tipo de casos que se han transferido o sobre los criterios que los militares utilizan para decidir cuales casos se pueden enviar a la jurisdicción civil. El Código de Justicia Militar debe ser reformado con el fin de garantizar que todos los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas militares sean investigados y juzgados en tribunales civiles.

Aprobar una reforma al Código de Justicia Militar pondría un fin definitivo al uso de la jurisdicción militar en casos de violaciones derechos humanos cometidos por parte de miembros de las fuerzas armadas contra civiles. Sería un paso firme a favor de los derechos humanos en México, y enviaría un fuerte mensaje a los miembros de las fuerzas armadas de México que no son inmunes a la persecución. También cumpliría con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. WOLA elogia el Senado de la República por haber renovado la discusión sobre el Código de Justicia Militar y espera que el Senado apruebe oportunamente una reforma que cumple con las resoluciones judiciales dictadas en esta materia.