WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas
27 Jan 2020 | Análisis

Preguntas y respuestas: Las amenazas que enfrenta la lucha contra la corrupción en Honduras

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, tiene hasta el 19 de enero para decidir si renueva o no el mandato de la la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), iniciativa anticorrupción respaldada por la comunidad internacional. Su administración ya ha iniciado conversaciones formales con el principal patrocinador de la MACCIH, la Organización de los Estados Americanos (OEA), sobre la posible continuidad de la iniciativa tras la expiración oficial del mandato de la misión el 19 de enero y bajo qué términos. En diciembre del 2019, el consejo creado por el gobierno hondureño y la OEA para evaluar a la MACCIH recomendó su renovación total.

La renovación del mandato puede hacerse mediante un intercambio de cartas entre el ejecutivo y el Secretario General de la OEA. Los atrasos en la renovación del mandato de la misión han generado preocupación sobre si el gobierno hondureño este tratando de limitar los poderes de la misión y su habilidad de ayudar a investigar la corrupción arraigada.

Si hay cambios en cualquier aspecto del acuerdo original del 2016 que dio vida a la MACCIH, este tendrá que volver al Congreso hondureño para su aprobación. Dado que la mayoría del congreso hondureño ya ha recomendado que no se renueve el mandato de la MACCIH, existe la posibilidad que los legisladores rechacen cualquier acuerdo que no haga esencialmente ineficaz a la misión.

Dado que el congreso hondureño ha bloqueado continuamente los intentos de reforma de la MACCIH y ha tratado de aprobar una serie de leyes encaminadas a proteger a los funcionarios públicos de ser investigados por corrupción, es evidente que ciertos sectores de la legislatura tienen un gran interés en obstaculizar, en lugar de promover, los esfuerzos anticorrupción. Este contexto es la razón por la cual la sociedad civil hondureña, con el apoyo de un grupo bipartidista de los miembros del congreso de los Estados Unidos, está presionando para la renovación del acuerdo original de 2016 sin alteraciones.

Para que los esfuerzos de anti-corrupción en Honduras continúen avanzando, el mandato de la MACCIH debe ser renovado con sus plenas autoridades. La sociedad civil hondureña y las contrapartes interesadas internacionales desempeñarán un papel crítico en buscar revertir las leyes recientemente aprobadas que están sosteniendo la impunidad.

Las siguientes preguntas y respuestas proveen el contexto y hechos para entender el papel e impacto de la MACCIH en la lucha contra la corrupción en Honduras, la agenda legislativa preocupante impulsada por el Congreso hondureño, y el potencial que existe para que el gobierno de los Estados Unidos desempeñe un papel más productivo en el avance de los esfuerzos anticorrupción en Honduras.

 

1.)   ¿Por qué se estableció la MACCIH y qué hace?

La MACCIH fue creada en 2016 en respuesta a un escándalo de corrupción masiva, en el que funcionarios públicos malversaron aproximadamente $355 millones de dólares del Instituto Hondureño de Seguro Social, la institución que brinda servicios médicos y pensiones a los ciudadanos, entre el 2010 y 2014. El propio Presidente Hernández admitió haber recibido $147.000 de dólares de los fondos malversados para financiar su campaña presidencial de 2013. Los hondureños salieron a la calle para participar en manifestaciones semanales durante todo el mes de septiembre del 2016, exigiendo la resignación de Hernández y pidiendo el establecimiento de un mecanismo contra la corrupción – algo similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En respuesta a estos disturbios sociales, la administración de Hernández inició negociaciones con la OEA que resultaron en la creación de la MACCIH en enero del 2016. El propósito de la MACCIH es ayudar las instituciones locales en combatir la corrupción y la impunidad.  

Según los términos del acuerdo entre el gobierno hondureño y la OEA, la MACCIH no puede iniciar investigaciones penales o participar como demandante en casos penales; más bien, la misión apoya el trabajo del Ministerio Público, el sistema de justicia, y otras autoridades locales para investigar la corrupción. Además de trabajar con fiscales locales, la MACCIH también propone nuevas leyes y políticas públicas dirigidas a fortalecer el sistema de justicia hondureño, reformar el sistema electoral, y mejorar la seguridad pública.

2.)   ¿Qué ha logrado la MACCIH?

Durante sus cuatro años de funcionamiento, la MACCIH ha:

  • Promovido la creación de una unidad especial en el Ministerio Público dedicada a la investigación de casos de corrupción, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC).
  • En colaboración con la UFECIC, la MACCIH ha ayudado a presentar 11 casos de corrupción ante las cortes hondureñas en contra de  112 personas (incluyendo 80 funcionarios públicos) según datos de la junta de evaluación de la OEA y el gobierno. Estos casos involucran alrededor de un estimado de $12,891 millones de dólares  en fondos malversados.
  • Ha trabajado con fiscales locales en casos emblemáticos que han implicado una amplia gama de miembros de la élite política y empresarial del país, incluyendo ex-funcionarios de gobierno, diputados y ex-candidatos presidenciales.
  • Uno de los casos más emblemáticos presentados hasta ahora por los fiscales hondureños y la MACCIH, es el caso “Pandora,” el cual involucra a 38 legisladores y funcionarios públicos acusados de desviar $12 millones hacia campañas electorales. Univisión reveló que los acusados en la investigación “Pandora” pueden representar solamente una cantidad muy pequeña de las estructuras de corrupción que desvían el dinero público hacia las campañas políticas.  Los principales líderes del Congreso hondureño incluyendo el presidente, vicepresidente y secretario del congreso han sido vinculados con casos sospechosos que involucran el lavado de dinero a través de falsas organizaciones sin fines de lucro.
  • Otras investigaciones respaldadas por la MACCIH han implicado a algunas de las personas más poderosas del país. Una investigación terminó con una sentencia de 58 años de prisión en contra de la una ex-primera dama por actos de corrupción y otro caso involucra a cinco legisladores de diferentes partidos políticos acusados de malversar cientos de miles de dólares de fondos públicos. También hay otra investigación sobre el megaproyecto hidroeléctrico, al cual se opuso la activista del medio ambiente Berta Cáceres antes de su asesinato en el 2016. Estas investigaciones respaldadas por la MACCIH han dado lugar a resultados históricos: un caso resultó en la primera condena por tráfico de influencias y otro caso terminó con la sentencia más larga dictada a cualquier funcionario público en la historia reciente del país.
  • Promovió la creación de un sistema judicial especializado dedicado exclusivamente al manejo de casos de corrupción, convirtiendo a Honduras en el segundo país en América Latina que ha creado este tipo de sistema especializado.
  • Ha recomendado por lo menos 10 propuestas de reformas institucionales, entre las cuales reformas sobre el financiamiento electoral, la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, y para fortalecer la capacidad investigativa de casos de corrupción contra funcionarios públicos de alto nivel. Aunque algunas de las propuestas de la MACCIH han sido aprobadas, otras han quedado estancadas en el congreso hondureño.

Los resultados de la MACCIH dan cuenta de porque la sociedad civil hondureña, la Unión Europea, el Departamento de Estado del gobierno de EEUU, y un grupo bipartidista del Congreso estadounidense han pedido la renovación del mandato de la MACCIH. La opinión pública en Honduras también está a favor de mantener la MACCIH: 75 por ciento de los encuestados en una encuesta reciente expresaron que querían que la MACCIH continúe con su trabajo.

3.)   ¿Cuáles han sido los obstáculos para el trabajo de la MACCIH?

El Congreso hondureño ha impedido repetidamente los esfuerzos contra la corrupción de la MACCIH de la siguiente manera:

  • Aprobando leyes que limitan o obstaculizan la lucha contra la corrupción. Esto incluye una ley que esencialmente bloquea al Ministerio Público de poder iniciar una investigación sobre el uso inapropiado de fondos estatales hasta por siete años. Las reformas aprobadas al código penal nacional reducen las sentencias de delitos relacionados con la corrupción; otra reforma (que actualmente está siendo impugnada en los tribunales por el Ministerio Público) busca reinstaurar la inmunidad parlamentaria para delitos relacionados con las funciones legislativas.
  • El Congreso se ha demorado en debatir y aprobar varios de los proyectos de ley promovidos por la MACCIH, incluyendo la Ley de Colaborador Eficaz la cual le daría la facultad al Ministerio Público de negociar ciertos beneficios en la imposición de una eventual condena a personas imputadas por la comisión de delitos a cambio de información veraz sobre grupos y operaciones criminales.
  • Este proyecto de ley fue presentado al Congreso hondureño para su aprobación en el 2017  (vea el informe sobre el Monitor Centroamericano de WOLA para más detalles sobre el estatus de propuestas legislativas respaldadas por la MACCIH.)

4.)   ¿Por qué es tan importante que el combate contra la corrupción en Honduras continúe?

La corrupción está a la raíz de los problemas de seguridad y la mala gobernabilidad. La corrupción no controlada mantiene el poder económico y político concentrado en un un pequeño círculo de élites, algunas de las cuales tienen lazos estrechos con cárteles del narcotráfico o el crimen organizado.  Estos lazos con organizaciones del tráfico de drogas se extienden hasta los niveles más altos del poder: fiscales estadounidenses han condenado al hermano del Presidente Hernández por el tráfico de cocaína. Su juicio incluyó testimonio sobre los intentos del líder del cártel de Sinaloa, “El Chapo” González, de mandarle un soborno de $1 millón al Presidente Hernández a través de su hermano.

La corrupción desenfrenada drena las arcas del Estado, aumenta la desigualdad, y debilita la independencia del sistema de justicia. Las redes de corrupción buscan proteger sus intereses propios y han convertido a Honduras en el país más peligroso del mundo para activistas del medio ambiente.

Todo esto ha contribuido a agravar  las condiciones que conllevan a la migración irregular de Honduras: en los últimos tres años fiscales, las autoridades de EEUU han detenidos a poco menos de 400.000  niños no acompañados, familias, y adultos solteros que han migrado desde Honduras a la frontera del sudoeste de los Estados Unidos–estos migrantes forman casi 4 por ciento de la población del país.

5.)   ¿Cómo ha fallado el gobierno de los Estados Unidos en apoyar los esfuerzos anti-corrupción en Honduras?

La retórica de los funcionarios de los EE.UU. frecuentemente describe la administración de Hernández como un “firme aliado” en la región en relación con la migración, la seguridad y el tráfico de drogas. Pero el énfasis en obtener la colaboración de las autoridades hondureñas en las políticas migratorias inhumanas de la administración de Trump—acompañado con varias otras posturas con respecto a Honduras—no han ayudado avanzar un firme Estado de derecho en Honduras y abordar problemas como la corrupción que están impulsando la migración.

Hay una multitud de ejemplos del método contraproducente y perjudicial de la administración de Trump. El gobierno de los Estados Unidos al felicitar a Hernández por haber ganado las elecciones presidenciales del 2017 — a pesar de que la OEA reconoció que hubo irregularidades — mandó un mensaje antidemocrático a Honduras y a la región. Inmediatamente después de que Hernández se pronunció como el ganador, el Departamento de Estado de EE.UU. certificó que Honduras estaba avanzando el la protección de los derechos humanos, a pesar de los graves abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad hondureñas durante las protestas postelectorales.

La firma de un acuerdo de asilo inviable con Honduras, que enviará a los solicitantes de asilo de la frontera sur de los Estados Unidos a un país que se encuentra entre los cuatro más violentos de América Latina, se produjo a expensas de presionar para que se refuercen los esfuerzos anticorrupción. Momentos como el del Presidente Trump alabando al presidente Hernández, aun cuando el caso contra su hermano reveló la profundidad de la corrupción e impacto del narcotráfico en el país, pareciera indicar que la administración Trump está priorizando la aquiescencia a una dañina agenda anti-migrante, en lugar de abordar la corrupción sistémica que está impulsando la migración. El recorte de los programas de asistencia extranjera a Honduras por parte de la administración Trump también socava el interés del gobierno de los Estados Unidos en abordar los factores — instituciones débiles, pobreza, inseguridad y cambio climático —  que están obligando a la gente a dejar sus hogares y viajar hacia el norte.

6.)   ¿Qué debería hacer el gobierno de los Estados Unidos para apoyar los esfuerzos anti-corrupción?

El gobierno de los Estados Unidos tiene un interés fundamental en construir un Honduras estable y próspero, e iniciativas como la MACCIH son herramientas críticas para lograrlo. El apoyo bipartidista del Congreso para una renovación “limpia” del mandato original de MACCIH debe complementarse con diplomacia y retórica que deje claro que el gobierno de los Estados Unidos apoya firmemente la lucha contra la corrupción en Honduras. Otra herramienta importante podría ser el uso de la Ley Magnitsky Global y otras herramientas para sancionar a funcionarios corruptos en Honduras, lo que enviaría un fuerte mensaje de que quienes se dedican a la corrupción y trabajan para subvertir el Estado de derecho pueden esperar pagar un precio real.

La lucha contra la corrupción en Honduras está entrando en un momento crítico. Sin una extensión del mandato original de MACCIH para 2016, y sin una fuerte presión internacional que denuncie la regresiva agenda legislativa impulsada por el Congreso hondureño, existe un alto riesgo de que los esfuerzos anticorrupción efectivos sufran un golpe fatal.

*Este artículo fue traducido por Angie-Karina Muñoz.