Gabriel Aponte/Getty Images
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Mientras el gobierno de Colombia continúa avanzando en los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y buscando una “Paz Total” con otros grupos ilegales armados que desatan diariamente violencia y zozobra a lo largo del país, la implementación completa del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente el Capítulo Étnico, continúa siendo una de las principales herramientas con las que el gobierno puede asegurar una disminución de la violencia y asegurar verdad, reparación y justicia para las decenas de millones de colombianos que han sido víctimas del conflicto armado.
A pesar de la narrativa mediática y los medios iniciales entre algunos sectores políticos y económicos tradicionales en Colombia y la región sobre lo que la primera presidencia de izquierda podría significar para el país, Gustavo Petro ha probado pragmatismo y conciliación a la hora de implementar su agenda nacional y externa. Pero la mayoría de sus promesas, que son muchas y muy ambiciosas, requieren cambios complejos y estructurales que necesitan financiamiento, así como un cambio en el status quo y el entendimiento de la economía y la política en Colombia durante los últimos 200 años.
En entrevista con Gimena Sánchez Garzoli, Directora para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), hablamos sobre los avances y pendientes del nuevo gobierno de Colombia para abordar las principales amenazas a los derechos humanos en 2023, y la importancia del apoyo del gobierno de Estados Unidos para lograrlo.
WOLA: ¿Qué avances y retrocesos ha habido en Colombia en materia de derechos humanos durante los primeros meses de la administración Petro?
Gimena Sánchez Garzoli (GSG): El Presidente Gustavo Petro ha desafiado todos los esquemas de los previos presidentes no solo desde cómo su gobierno entiende las temáticas, desarrolla sus política y estrategias, sino también en la operacionalización del cambio. Dos ejemplos de ello son la formulación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) llamado “Colombia, Potencia Mundial para la Vida”, que ha llevado el diálogo a todos los niveles regionales e incorporado a todos sus ministros; y la política de Paz Total. Ambos realmente rompen, en cuanto a sus formas y las terminologías que utilizan, con todos los esquemas tradicionales de hacer negociaciones de paz para conflictos en Colombia y en el mundo.
El nuevo gobierno busca implementar una política de paz más integral y que vaya más allá de su mandato y pueda tener continuidad en los próximos gobiernos sobre todo en cuanto a las facultades en diferentes niveles de gobierno y el Congreso, ambos claves para generar las transformaciones necesarias para implementar el actual Acuerdo de Paz y otros en el futuro. A su vez, Petro tiene el reto de recuperar todo lo que se perdió durante la administración Duque con respecto a la desviación de fondos, la corrupción y la confianza perdida en el proceso de paz debido a los malos manejos, particularmente en la agenda de política de drogas y la protección de excombatientes.
Pese a esto, se han reiniciado las sesiones del Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), una instancia creada como parte del Acuerdo, y, por primera vez, estas representan diálogos reales, a diferencia del anterior gobierno, que las utilizaba como excusa para obstaculizar o justificar la implementación de la paz y su política paralela de “Paz con Legalidad”, que representaba un distanciamiento frente a lo acordado en 2016. Ese espacio no servía su propósito y ahora sí lo está haciendo.
WOLA: ¿En qué consiste y cómo ha avanzado la propuesta de Paz Total del nuevo gobierno? ¿Qué oportunidades y retos presenta en el contexto de la implementación pendiente del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia?
GSG: La Paz Total que busca negociar el nuevo gobierno con diferentes grupos ilegales armados ofrece incentivos para que se desmovilicen y se prioricen los derechos de las víctimas. Debe haber reconocimiento de responsabilidades, información sobre abusos cometidos y reparación a las víctimas. La reacción inicial de algunos en Estados Unidos fue pensar que esto sería una amnistía para miembros de grupos ilegales y grupos ligados al narcotráfico y economías ilegales. En realidad es una política que tiene mucho sentido en el contexto colombiano donde hay múltiples grupos ilegales armados operando en los mismos territorios y una historia donde cuando se desmoviliza un grupo, el territorio es captado por otro. En el pasado todas las desmovilizaciones negociadas en Colombia han fallecido porque los grupos que se quedaban saboteaban procesos, atacaban a quienes se habían desmovilizado o cooptaban espacios. Esta estrategia busca silenciar las armas y aliviar la situación de violencia para que se pueda negociar una reincorporación o sometimiento a la justicia. Pese a las críticas, si es posible encontrar un balance entre los derechos de las víctimas a la verdad y a justicia y al mismo tiempo implementar sanciones por los crímenes cometidos.
Ha habido muchas críticas en torno a la terminología de la Paz Total, su definición y si los incentivos ofrecidos se deben dar o no a grupos ligados al narcotráfico y a otras economías ilícitas. Algo similar ocurrió en su momento con los diálogos de paz con las FARC que resultaron en la creación del histórico Acuerdo de Paz de 2016. En Colombia diferenciar estos grupos es muy difícil. También ha habido muchos interrogantes sobre si estos grupos tienen o no carácter político, los cuales son legítimos e importantes, pero lo más importante es que se ponga fin a la violencia, los abusos contra civiles y buscar justicia para las víctimas. Cada grupo presenta circunstancias diferentes y esta política toma eso en cuenta. No es lo mismo negociar con un grupo guerrillero del ELN que con un grupo disidente de las FARC que se salió del acuerdo de paz del 2016 o un grupo como el Clan del Golfo. Pero la realidad es que para restablecer su dominio de las armas e institucionalidad en los territorios, el Estado tiene que abordar a los múltiples grupos allí presentes. Esto representa una forma holística de abordar el tema de paz en un país con conflictos tan plurales como Colombia, donde hay conflictos nacionales, regionales, ideológicos, económicos y por economías ilegales.
Dada la pluralidad de Colombia y la complejidad de estos conflictos considero que hay una lógica en esta forma de buscar la paz, que puede dar frutos. La negociación con los grupos ilegales armados en Buenaventura, por ejemplo, han logrado una disminución de los homicidios que por tanto han agobiado a sus habitantes, y eso es muy importante. No se pueden buscar soluciones si las personas viven en una situación de temor, exclusión y violencia. Esto podría representar cambios radicales para estas sociedades y presenta la oportunidad de encontrar soluciones a estas y a otras problemáticas.
WOLA: ¿Qué medidas específicas ha tomado el gobierno para asegurar reparación y justicia para las principales víctimas del conflicto y qué ha representado esto para las mujeres, personas afrodescendientes, indígenas y campesinas, para el desarrollo rural y el medio ambiente?
GSG: La reforma rural integral ha sido una sorpresa positiva. A mediados de septiembre de 2022 la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que administra los bienes del narcotráfico le entregó al gobierno títulos de cerca de 800.000 hectáreas de tierra para las víctimas. Si bien esto no representa una reforma integral, sí es un paso importante que genera confianza en el proceso.
También hay planes para comprar más de 3 millones de hectáreas anuales a los grandes terratenientes, que implica una reestructuración de créditos agrarios y la creación de un fondo de acceso y un crédito con el Banco Mundial. Ningún gobierno anterior ha avanzado en esta problemática. Colombia es el único país de Latinoamérica que nunca ha tenido una reforma integral en esta materia.
Hay mucho que el gobierno de Petro debe adelantar para avanzar una reforma rural que incluya a más comunidades y en particular a personas afrodescendientes e indígenas. Pero este esfuerzo marca un buen camino en términos de la intencionalidad del gobierno de resolver este asunto. Para las personas afrocolombianas e indígenas, se requiere que el gobierno trabaje con la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) para ver cómo avanzar con estos temas con los grupos étnicos que no tienen títulos colectivos a sus tierras.
WOLA: Colombia es uno de los países con major número de asesinatos de líderes sociales en la región ¿Cómo evalúa el abordaje de la administración Petro ante este tema?
GSG: Frente a Duque realmente no ha habido un cambio significativo con respecto a los asesinatos, masacres y amenazas contra líderes sociales. En 2022 se registraron al menos 200 asesinatos de líderes sociales. Lo que sí ha sido diferente con Petro es que asumió un plan de emergencia que incluye al menos 49 medidas para 65 municipios, incluyendo Mandos de Puestos Unificados por la Vida para minimizar los riesgos de los defensores de derechos humanos, que necesita la coordinación de muchas entidades. En momentos de inseguridad y emergencia, cuando la vida de personas está en riesgo, se debe agilizar la coordinación, para que tenga un efecto rápido. También se creó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (y el importante nombramiento de Franklin Castañeda) para proteger a líderes sociales y excombatientes, incluida en el Acuerdo de Paz. Castañeda es abogado y defensor de derechos humanos muy destacado quien entiende muy bien esta problemática, tenemos confianza que va proponer y buscar la implementación de medidas de protección y políticas públicas favorables para garantizar la seguridad de estos grupos.
Acabar con la impunidad garantizando la justicia es una forma clave de acabar con estos delitos.La realidad es que hay voluntad y se está pensando diferente, pero va a tomar tiempo. Colombia está en un proceso de justicia transicional y debe haber un avance en ambos planos para mediar y prevenir más ataques. Una parte es la protección física y la respuesta directa de autoridades a nivel regional, pero también es importante considerar cómo se pueden desmantelar los grupos detrás de estas acciones (algo incluido en la propuesta de la Paz Total y en el Acuerdo de Paz).
Agregaría que este gobierno debería acoger las recomendaciones del Capítulo Étnico específicas a las guardias indígenas y las guardias cimarronas, así como los esfuerzos colectivos para proteger a comunidades rurales y agrupaciones de personas en sectores donde la amenaza es amplia y no contra individuos particulares, esto ha sido expresado por muchos de los grupos con los que trabajamos. Este gobierno debería mirar esas propuestas como una manera de mitigar la violencia.
WOLA: ¿Cómo ha sido la relación del gobierno de Biden con el de Petro en materia de derechos humanos y qué perspectivas existen frente a la nueva configuración del Congreso?
GSG: Si bien había muchos temores antes de la inauguración de Petro, él ha demostrado ser más pragmático de lo que se esperaba, aunque existe una brecha entre su retórica y su pragmatismo. La relación entre Estados Unidos y Colombia es diferente a lo que fue en el pasado, donde Estados Unidos tenía mayor poder de decisión. Ahora es más horizontal.
Desde la elección de Petro, el gobierno de Biden ha intentado que la relación entre Estados Unidos y Colombia continúe siendo fuerte. Esto ha implicado diálogos constantes, delegaciones, llamadas de un lado a otro, lo cual considero positivo. De hecho, a finales de diciembre EE.UU. ratificó su compromiso con el Acuerdo de Paz al otorgar el presupuesto más alto en 11 años a Colombia, con más de US$ 550 millones que habían sido solicitados por Petro para construcción de paz, desarrollo rural, cambio climático, entre otros.
Otro paso muy importante y que presenta grandes oportunidades es que Estados Unidos finalmente se lanzó como acompañante del Capítulo Étnico, lo cual implica también un apoyo al Acuerdo, no solo desde el CSIVI sino desde muchos otros ángulos. Para lograr una paz diferenciada hay que apoyar toda la arquitectura del acuerdo, es una buena señal en términos de compromiso político de Estados Unidos para avanzar el acuerdo. Ambos países tienen mucho que aprender de sí en temas raciales, de discriminación estructural, marginalización. Esto es bueno no solo para Colombia, sino que también puede ayudar a Estados Unidos con su situación interna.
Más allá de la reconfiguración del Congreso con los republicanos en la Ccámara Baja, la política general de que EEUU debe seguir apoyando a de Colombia ha sido muy bipartidista, por lo que no veo que esto vaya a implicar un cambio dramático en la relación. cambios. Quizá vemos a los republicanos cuestionar las iniciativas de Petro, en particular sobre drogas. Además, Llo que sí podría implicar un cambio es el retiro del senador Patrick Leahy, quien ha sido la bandera de derechos humanos para Latinoamérica y Colombia por décadas, y quien es alguien que realmente entendía cómo utilizar las herramientas de las relaciones bilaterales para que la política hacia Colombia sea buena para Estados Unidos, pero que también avance en derechos humanos y justicia, mientras se abordan los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Leahy hizo mucho por los derechos indígenas. Con Hakeem Jeffries como el nuevo líder de los demócratas en la Cámara Baja puede haber cambios en El reemplazo de Nancy Pelosi también representa un cambio en el enfoque de los demócratas hacia Latinoamérica que podría afectar a Colombia.