En junio de 2023 Guatemala celebrará elecciones generales para presidente, legisladores y alcaldes, en un contexto de deterioro de las garantías de derechos humanos. El período de postulación de candidatos comenzó el 20 de enero y continúa hasta marzo.
El proceso electoral se rige por la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Principales fechas del proceso electoral:
⦁ 20 de enero de 2023 – Convocatoria a postulaciones de candidatos
⦁ 26 de marzo de 2023 – Cierre de postulaciones e inscripción de candidatos
⦁ 27 de marzo de 2023 – Inicio de la campaña electoral y cierre del registro de votantes
⦁ 23 junio 2023 – Cierre de campaña electoral y prohibición de difusión de material electoral
⦁ 25 de junio de 2023 – Elecciones generales
⦁ 25 al 30 de junio de 2023 – Impugnación de resultados electorales
⦁ 20 de agosto de 2023 – Elecciones de segunda vuelta
Estas elecciones son cruciales para la frágil democracia guatemalteca y tendrán lugar en un contexto de deterioro del Estado de derecho, donde las instituciones encargadas de monitorear las elecciones tienen poca independencia y credibilidad.
Las siguientes preguntas y respuestas explican las principales preocupaciones en materia de derechos humanos durante el proceso electoral.
¿Cuál es la situación política en Guatemala?
La democracia guatemalteca atraviesa una crisis severa. Las autoridades han debilitado las garantías de derechos humanos y el sistema de pesos y contrapesos institucionales con la intención de impedir la rendición de cuentas por la corrupción generalizada que alcanza a las más altas esferas del poder. El Ministerio Público también ha impulsado cargos penales espurios contra periodistas independientes, fiscales y jueces que investigaron o revelaron hechos de corrupción, violaciones de derechos humanos e instancias de abuso de poder.
Los esfuerzos orientados a socavar las garantías institucionales frente al abuso de poder se han intensificado desde que a finales de 2019 el entonces presidente Jimmy Morales expulsó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Desde entonces, una gran parte del sistema judicial de Guatemala ha sido cooptado por una red de élites políticas, económicas y militares corruptas que pretenden imponer sus propios intereses y llevar a cabo prácticas corruptas con impunidad.
La libertad de expresión también se ha visto restringida. Varios periodistas han enfrentado investigaciones penales que parecen ser motivadas por razones políticas, entre ellos José Rubén Zamora, director del medio El Periódico de Guatemala, quien se encuentra detenido. La Asociación de Periodistas de Guatemala reportó más de 100 incidentes de ataques, persecución y criminalización de trabajadores de medios de comunicación en 2022 y casi 400 desde el inicio del mandato del presidente Giammattei en 2020. En algunos casos, funcionarios y funcionarias públicas han usado una ley de 2008 contra la violencia de género para hostigar a los periodistas, aseverando que su cobertura mediática constituye una forma de “violencia psicológica” contra ellos o sus parejas mujeres.
A su vez, el gobierno ha realizado acciones dirigidas específicamente a organizaciones de la sociedad civil. En julio de 2021, entró en vigor una nueva ley que impone requisitos engorrosos a las organizaciones no gubernamentales para desarrollar actividades en el país. Las autoridades tampoco han prevenido ni investigado agresiones físicas contra activistas indígenas y de derechos humanos.
¿Qué instituciones supervisan el proceso electoral?
Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos deberían proteger el derecho de los ciudadanos a votar y participar en los asuntos públicos asegurando que exista una autoridad electoral independiente que pueda supervisar las elecciones de manera independiente e imparcial. Otras instituciones independientes, como las cortes, también son importantes para que haya elecciones libres y justas. Estos tribunales y entidades deben contrarrestar los intentos de generar condiciones desiguales para las elecciones, por ejemplo, impidiendo que haya inhabilitaciones o procesamientos arbitrarios de opositores políticos, previniendo el uso partidista de recursos públicos en las campañas, investigando el financiamiento ilícito de las campañas electorales y garantizando que se respete el Estado de derecho.
En Guatemala, las principales instituciones responsables de llevar adelante estas y otras tareas clave son el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad son responsables de revisar judicialmente las decisiones de estos órganos, que pueden afectar el derecho de los guatemaltecos a votar en elecciones libres y justas. Sin embargo, muchas de las autoridades a cargo de estas entidades y tribunales han sido designadas a través de procesos que no fueron ni justos ni independientes, y algunas han demostrado un desprecio manifiesto por el Estado de derecho.
El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en cuestiones electorales en Guatemala. Está integrado por cinco magistrados y cinco subrogantes, elegidos por el Congreso.
El Tribunal organiza el proceso electoral; declara y valida los resultados finales; controla la inscripción, la imposición de sanciones, la suspensión o la cancelación de partidos políticos; y audita el financiamiento de las campañas electorales.
En 2020, el Congreso nombró a los cinco miembros para el período 2020-2026 mediante un proceso carente de transparencia. La organización cívica Guatemala Visible dio seguimiento al proceso y señaló que este estuvo impulsado por “intereses políticos”. La comisión responsable de las nominaciones para cubrir las vacantes modificó su reglamento durante el proceso para permitir que se incluya a candidatos oficialistas que, de lo contrario, habrían quedado excluidos debido a su limitada experiencia académica o profesional.
La fiscalía abrió una investigación sobre uno de los magistrados actuales, Ranulfo Rojas, por su presunto papel en hechos de corrupción, pero la Corte de Constitucionalidad bloqueó la investigación.
Conforme al derecho guatemalteco, la Contraloría General de Cuentas tiene la misión de velar por el uso apropiado de fondos públicos. El Congreso nombra al contralor general a partir de una lista de seis candidatos preseleccionados por una comisión de postulación de 23 miembros, integrada por el rector de una universidad nacional, los decanos de las facultades de contabilidad y auditoría del país y representantes de dos asociaciones profesionales de contadores y auditores.
La función del contralor general es clave para prevenir la corrupción y para asegurar que haya elecciones libres y justas. Los funcionarios actuales y exfuncionarios, así como otras personas que hayan gestionado fondos públicos y deseen postularse a cargos públicos, deberán obtener un certificado del contralor para confirmar que no están siendo investigados por uso indebido de fondos públicos. En la elección de 2019, el organismo en algunos casos no emitió certificados a candidatos opositores que deseaban participar en elecciones presidenciales y locales, lo que en la práctica impidió su postulación. Por ejemplo, la Contraloría General impidió que se postulara a la presidencia la ex fiscal general Thelma Aldana, que había trabajado en estrecha colaboración con la CICIG.
En noviembre de 2022, el Congreso nombró a un nuevo contralor general, Frank Bode Fuentes.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala está integrada por 13 magistrados, que son elegidos por el Congreso para un mandato de cinco años.
La corte es el máximo órgano de apelación del país y, entre otras responsabilidades, se pronuncia en amparos sobre actos que “lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan”. También autoriza investigaciones contra funcionarios públicos, como legisladores y otros que gozan de inmunidad.
Los magistrados actuales se nombraron en 2014 a través de un proceso que, según la CICIG, estuvo marcado por irregularidades, tráfico de influencias y sobornos.
Sus mandatos concluyeron en octubre de 2019, pero el Congreso no ha nombrado a nuevos magistrados y ha habido señalamientos de graves irregularidades en los procesos de selección. En octubre de 2022, los magistrados ordenaron que se prorrogara su ejercicio en el cargo hasta tanto se nombrara a sus sucesores.
En septiembre, la corte reinstaló a la magistrada Blanca Stalling, quien había sido suspendida del tribunal en 2017 por una investigación de la CICIG sobre su presunta participación en tráfico de influencias.
El gobierno de Estados Unidos ha incluido a cuatro de los miembros actuales de la corte en la Lista de Actores Antidemocráticos y Corruptos (conocida como “lista Engel”) de 2021 y 2022, por socavar “procesos o instituciones democráticas”. Las personas incluidas en la lista no son elegibles para obtener visas de EE. UU.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala está conformada por cinco jueces que resuelven cuestiones constitucionales, incluidas apelaciones a las decisiones de amparo emitidas por la Corte Suprema. El presidente, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y una universidad pública eligen cada uno a un miembro de la corte.
Los magistrados actuales fueron nombrados en 2021 por medio de procesos que, en algunos casos, no fueron imparciales ni independientes. El proceso de designación no se basó en el mérito, según la organización Impunity Watch, que dio seguimiento al proceso, y se permitió la participación de candidatos que tenían vínculos creíbles con hechos de corrupción.
Adicionalmente, algunos de los nombramientos generan dudas sobre la independencia real o percibida de los jueces respecto del gobierno y otros actores involucrados en las próximas elecciones. El presidente Giammattei nombró como magistrada a Leyla Lemus Arriaga, una de las principales asesoras jurídicas de su gobierno. La Corte Suprema nombró a Roberto Molina Barreto, que en 2019 fue candidato a la vicepresidencia junto con Zury Ríos, quien se prevé que será una de las favoritas para las elecciones presidenciales de 2023.
La universidad pública volvió a nombrar a Gloria Porras, quien como magistrada de la Corte de Constitucionalidad se había pronunciado a favor de la independencia judicial y el respeto de los derechos humanos. En 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a las autoridades guatemaltecas a proteger a Gloria Porras, tras hallar evidencias de que había sido objeto de “hostigamientos” y procesos penales presuntamente “infundados” que parecían dirigidos a “distraer y obstaculizar su labor jurisdiccional”.
En abril de 2021, el Congreso se negó a tomarle juramento a Gloria Porras invocando señalamientos dudosos de irregularidades en el proceso para su designación. La universidad analizó y rechazó todos los señalamientos e insistió en que se llevara a cabo su nombramiento. Pero la Corte de Constitucionalidad anuló su elección y ordenó que el proceso volviera a llevarse a cabo. Gloria Porras huyó de Guatemala, por temor a ser perseguida.
El Gobierno de EE. UU. ha incluido en la lista Engel a uno de los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Nester Mauricio Vásquez Pimentel, a quien acusó de “abusar de su autoridad para influir de manera indebida y con manipulación en el nombramiento de jueces de altos tribunales”.
El Ministerio Público puede desempeñar un papel importante en las elecciones, entre otros, investigando intentos de cercenar los derechos de los votantes. Su Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tiene la función de investigar tales delitos como la coerción de votantes, la violación del secreto electoral y el financiamiento electoral ilícito.
La actual fiscal general, Consuelo Porras, ha frenado investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos, entre otras medidas, al trasladar de manera arbitraria o despedir a fiscales independientes, incluido el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, cuya entidad estaba investigando varios casos de corrupción de los que originalmente se ocupaba la CICIG.
El Ministerio Público también propició procesos penales arbitrarios contra jueces, fiscales y periodistas independientes, como la jueza Erika Aifán, quien había intervenido en casos de corrupción de alto nivel, y la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien ha estado encarcelada desde febrero. Al menos una veintena de jueces y fiscales han huido del país después de que se presentaran cargos penales presuntamente espurios en su contra.
En mayo de 2022, el presidente Giammattei nombró a Consuelo Porras para un segundo mandato, tras un proceso de selección que estuvo marcado por varios intentos de las autoridades gubernamentales y de otros actores de socar su imparcialidad y erosionar la independencia de la comisión de postulación.
En septiembre de 2021, Estados Unidos incluyó a Porras— y a su asistente Ángel Pineda— en la “lista Engel”, alegando que habían “obstaculizado investigaciones sobre actos de corrupción al interferir con investigaciones penales”.
¿Por qué es importante la supervisión del financiamiento electoral?
La CICIG concluyó que el financiamiento electoral ilícito era “el origen de la corrupción y la cooptación del Estado en Guatemala, [que son] fenómenos perversos que conllevan a la distorsión del modelo democrático guatemalteco”. La Comisión halló evidencias de que el financiamiento electoral ilícito ha dado lugar a corrupción, la cual permite el enriquecimiento ilícito de políticos y sus financiadores, quienes luego han utilizado parte de estos fondos para financiar campañas políticas, lo cual permite “perpetuar [un] círculo perverso”. La Comisión también recibió información e investigó el financiamiento de campañas políticas por parte de organizaciones de crimen organizado en el país.
Tras las investigaciones que lideró la CICIG y las protestas multitudinarias de 2015, el Congreso aprobó varias reformas orientadas a aportar mayor transparencia al financiamiento de los partidos políticos, que incluyeron crear una unidad específica encargada de gestionar esta cuestión en el Tribunal Supremo Electoral.
Tras los comicios de 2019, la candidata que salió segunda en las elecciones presidenciales, Sandra Torres, fue arrestada por cargos de financiamiento electoral ilícito supuestamente cometidos durante su campaña presidencial de 2015. A su vez, el candidato presidencial por la Unión del Cambio Nacional (UCN), Mario Estrada, fue inhabilitado después de que lo detuvieran en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Sin embargo, jueces y fiscales han frustrado los esfuerzos para investigar a estos y otros políticos presuntamente implicados en el financiamiento ilícito de campañas políticas.
¿Qué papel puede desempeñar la comunidad internacional?
Ante la falta de independencia de instituciones que tienen la función de supervisar el proceso electoral, la comunidad internacional debería ejercer un papel proactivo en la protección de los derechos de los guatemaltecos a votar y a participar en elecciones libres y justas.
En enero de 2023, la Unión Europea llevó a cabo una “misión exploratoria electoral” al país. En octubre de 2022, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, manifestó interés en enviar observadores electorales a Guatemala, pero las autoridades todavía no han anunciado si se permitirá a los observadores de la OEA monitorear las elecciones.
Los observadores electorales deberían realizar un examen exhaustivo de las condiciones previas al día de los comicios, incluida la posible exclusión de candidatos y el uso de cargos penales dudosos para impedir que se postulen aspirantes. Asimismo, deberían tomar en cuenta los señalamientos creíbles, incluyendo por parte de organizaciones no gubernamentales y periodistas guatemaltecos, sobre financiamiento ilícito de campañas, e instar a las autoridades a que adopten medidas eficaces para prevenir el financiamiento ilícito e investigar a los responsables de manera independiente e imparcial.
Los gobiernos extranjeros, incluidos los latinoamericanos y europeos, así como Estados Unidos, deberían además realizar un seguimiento atento de las condiciones electorales, incluyendo a señalamientos de financiamiento electoral ilícito, e imponer sanciones dirigidas específicamente contra empresarios y funcionarios públicos que atenten contra el Estado de derecho, para instarlos a poner fin a los abusos que cometen.
