Washington, DC—Un nuevo informe lanzado hoy detalla cómo las duras políticas de drogas han estimulado el uso excesivo de la prisión preventiva en América Latina, afectando de manera desproporcionada a las mujeres, quienes pueden pasar meses o incluso años encerradas por delitos no violentos relacionados con las drogas antes de poner un pie en una corte.
Los datos compilados y analizados por tres organizaciones de defensa de los de derechos humanos, investigación e incidencia—la Oficina en Washington para Asuntos Lationamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC por sus siglas en inglés) y Dejusticia—encontraron que en la mayoría de América Latina una proporción mayor de mujeres que de hombres esperan juicio tras las rejas. En muchos países, un porcentaje significativo de estas mujeres están encerradas por delitos de drogas no violentos. El informe subraya la necesidad crítica de los formuladores de políticas en toda la región de reformar las estrictas leyes sobre drogas y restringir el uso de la prisión preventiva.
“Las agresivas políticas de drogas están llenando las prisiones de América Latina con mujeres, muchas de las cuales se ven obligadas a dedicarse al negocio de drogas porque no tienen otras alternativas para apoyar a sus familias”, dijo la Asociada de Programa de WOLA y autora del informe, Teresa García Castro. “Estas mujeres a menudo pasan años en prisiones hacinadas, esperando ver a un juez, con consecuencias devastadoras para sus vidas, sus familias y para la comunidad en general”.
El informe encontró que, en medio de un aumento dramático en la población de mujeres privadas de libertad en América Latina en los últimos 20 años, un porcentaje significativo de mujeres languidecen en prisión preventiva. En países como México, el porcentaje de mujeres en prisión preventiva es aproximadamente un 20 por ciento más alto que para los hombres. En Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú, alrededor de la mitad de las mujeres en prisión preventiva están encarceladas por delitos de drogas.
“Los hacedores de políticas de América Latina deben reconocer que encerrar a un gran número de mujeres para que esperen el juicio por delitos de drogas menores y no violentos no crea comunidades más justas o seguras, ni reduce la escala del mercado ilícito de drogas”, afirma Marie Nougier, Directora de Investigación y Comunicaciones del IDPC.
Si bien varios países latinoamericanos han tomado medidas en los últimos años para reducir el uso excesivo de la prisión preventiva, estas medidas siguen siendo limitadas. El informe recomienda un número de reformas incluyendo la adopción de restricciones legales para limitar su uso a casos excepcionales, la promoción de alternativas sin custodia y la eliminación de la obligación de imponer la prisión preventiva por un tipo específico de delito, como los delitos relacionados con las drogas. Todas estas medidas deben incorporar un enfoque específico de género para aliviar el impacto desproporcionado de la prisión preventiva en las mujeres. Por ejemplo, el uso de la prisión preventiva debe ser prohibido para mujeres embarazadas o mujeres con dependientes.
“El derecho internacional señala que la prisión preventiva solo debe usarse como último recurso, pero los sistemas de justicia penal en América Latina continúan empleándola con demasiada frecuencia y de manera arbitraria”, señala Luis Felipe Cruz, investigador de Dejusticia. “Abordar este problema debe implicar la reforma de las leyes punitivas de drogas que impulsan las tasas de encarcelamiento en toda la región, al tiempo que se reconoce que las mujeres son las más afectadas por estas políticas injustas”.
