AP Photo/Kate Brumback

9 Sep 2016 | Análisis

Prisiones Privadas: Un Modelo Cuestionable en las Américas

En lo que constituye un importante cambio promovido por la administración del presidente Obama, el gobierno federal de los Estados Unidos está en proceso de dejar de utilizar prisiones privadas, al haber concluido que éstas son menos seguras y no resultan efectivas en función de costos. ¿Qué significa esta medida para América Latina, donde en años recientes los gobiernos se han mostrado cada vez más interesados en la privatización de las cárceles?

El pasado 18 de agosto, el Departamento de Justicia (DOJ) emitió un importante memorando en el que instruía al personal del gobierno federal a descontinuar gradualmente su dependencia de las prisiones privadas. El anuncio se basaba en un informe que comparaba 14 prisiones operadas por compañías privadas y 14 instalaciones carcelarias operadas por la Agencia Federal de Prisiones (BOP). Los hallazgos son impactantes. Los investigadores encontraron que las prisiones privadas presentaban significativamente más incidentes de violencia que sus contrapartes operadas por el gobierno. Según el informe, en las prisiones privadas se impusieron nueve veces más regímenes de cierre debidos a emergencias de seguridad, se produjeron aproximadamente 30 por ciento más incidentes de ataques entre presos, y hubo más de 50 por ciento de incidentes adicionales de agresión contra el personal carcelario. Las prisiones privadas también confiscaron mayores volúmenes de contrabando como drogas, armas y teléfonos celulares. El informe identificaba asimismo importantes obstáculos para supervisar la provisión de servicios de salud en las cárceles privadas, corroborando múltiples informes periodísticos realizados en años recientes.

Al mismo tiempo, se encontró que estas cárceles privadas no resultaban más eficientes en función de costos que aquellas operadas por el BOP. Este elemento del informe resulta crucial, pues desmiente un argumento fundamental de quienes impulsan la privatización de las prisiones. Desde la década de 1980, la industria de las prisiones privadas se expandió rápidamente con la promesa de que ofrecería a las autoridades el mismo nivel de servicio que las instalaciones operadas por el gobierno, pero a un menor costo. Sin embargo, el DOJ ha concluido que éste no es el caso. En el memorando fechado 18 de agosto, la Vice-Fiscal General Sally Yates asevera que las prisiones privadas “simplemente no brindan el mismo nivel de servicios, programas y recursos correccionales; y no producen ahorros sustanciales en cuanto a costos”.

De hecho, en años recientes, la eficiencia de las prisiones privadas en los Estados Unidos en función de costos ha sido puesta en duda en numerosas ocasiones. Algunos estudios han obtenido hallazgos similares. Un estudio realizado en 2011 por el Sistema Correccional de Arizona encontró que las prisiones públicas no eran significativamente más caras y, en algunos casos resultaban más económicas hasta en US$ 1,600 por recluso que las instalaciones privadas. Un análisis realizado por la Universidad de Utah en 2007 encontró que los ahorros resultantes de las prisiones privadas “no estaban garantizados y parecían ser insignificantes”.

Una Decisión Importante, pero con Limitaciones

El memorando emitido el 18 de agosto por el DOJ concluía que el Departamento debía abstenerse de renovar contratos con operadores de las prisiones privadas cuando éstos expirasen, o “reducir sustancialmente” su ámbito de aplicación. Se trata de un cambio significativo en las políticas federales pero, tal como lo ha señalado Mirte Postema de la Facultad de Leyes de Stanford, su impacto a nivel nacional es limitado pues se aplica únicamente a prisiones privadas a nivel federal, cuyo número es actualmente de 13 instituciones y que representan apenas el 8 por ciento de toda la población carcelaria en el país. Los gobiernos estatales y locales aún tienen la potestad de emplear las instalaciones privadas, y la directiva del DOJ no se aplica a los centros para detención de inmigrantes, que actualmente constituyen la mayoría de los contratos de prisiones privadas en el país, los mismos que son otorgados a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ello no obstante, el informe del DOJ debería enviar una señal a las autoridades estatales y a funcionarios del DHS de que también deben cuestionar su dependencia del sector privado para operar instalaciones penitenciarias.

En efecto, el Secretario del DHS, Jeh Johnson ha dicho que este Departamento está re-evaluando el uso de centros privados para fines de detención, como consecuencia del informe del DOJ. Hasta el año 2014, el 62 por ciento de las instalaciones para detención de inmigrantes ilegales eran operadas por compañías privadas. Tal como lo señaló WOLA en una visita a la frontera entre Texas y México realizada en 2015, muchos centros privados para detención en ese área parecen tener las mismas dificultades para atender las realidades locales que sus contrapartes del sector público. Sin embargo, ello no parece haber impactado el crecimiento de esta industria. De hecho, la empresa más grande del sector penitenciario en el país, Corrections Corporation of America, firmó recientemente un contrato de cuatro años de duración por un monto de US$ 1 mil millones con la Administración Obama para construir y operar centros de detención de migrantes a lo largo de la frontera entre los EE.UU. y México.

América Latina Necesita Reconsiderar sus Políticas Penitenciarias

Aunque el impacto final de la decisión del gobierno de los EE.UU. se definirá durante los próximos años, los razonamientos para poner fin a las prisiones privadas que operan con autorización federal deben servir también como aviso a los gobiernos en el continente. Por ejemplo, México está actualmente atravesando por un debate similar. En 2010, el entonces Presidente Felipe Calderón anunció planes de crear asociaciones público-privadas para construir 12 prisiones en estados a lo largo del país, con una capacidad combinada para albergar a 32,500 reclusos.

La decisión fue justificada como una medida para ahorrar costos, pero la sociedad civil e investigadores independientes en México han cuestionado esta lógica. Un nuevo informe, publicado por siete organizaciones mexicanas dedicadas a temas de derechos humanos y transparencia, documenta graves inquietudes en cuanto a aspectos de transparencia y regulatorios en relación con las prisiones privadas en el país. Concordando con algunos hallazgos del informe emitido por el DOJ, el informe elaborado por las organizaciones mexicanas expresa asimismo inquietudes sobre el enfoque administrativo y de infraestructura contenido en los estándares promovidos por la Asociación Correccional Americana (entidad internacional que certifica las prisiones privadas), financiados con fondos de los EE.UU. a través de la Iniciativa Mérida.

México no es el único país que atraviesa por esta tendencia. Durante la década pasada, el número de países de América Latina que han considerando el uso de prisiones privadas ha aumentado considerablemente. En julio de 2016, el Perú promulgó una ley que autorizaba a compañías privadas a operar y administrar prisiones en el país, mientras que Chile, Brasil, Argentina y Uruguay han empezado a experimentar con la formación de alianzas con compañías privadas para operar las prisiones.

El Camino a Seguir

A primera vista, es comprensible el interés de estos gobiernos en la operación privada de las prisiones. Las prisiones en América Latina figuran entre las más hacinadas del planeta. Según un informe elaborado en 2014 basado en datos proporcionados por el Instituto para Investigaciones en Políticas Penales, cuatro naciones en América Latina figuran entre los diez sistemas carcelarios más sobrepoblados del mundo: Haití, con una población de reclusos que supera su capacidad en 416 por ciento; El Salvador, con un margen de 320 por ciento; Venezuela, de 270 por ciento; y Bolivia, de 256 por ciento.

Pero las prisiones privadas no son la solución para la explosión de la población de reclusos en las Américas. Tal como lo han documentado WOLA y nuestros colegas en el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), para abordar la crisis de las cárceles hay que empezar con una legislación más humana sobre drogas, acabar con enfoques punitivos hacia infractores no violentos y de poca cuantía, y enfatizar los programas de rehabilitación y reinserción social.

Aunque el informe del DOJ en los EE.UU. es sólo un simple paso en la dirección correcta, de muchas maneras representa el producto de una tendencia más amplia que tiene implicaciones fundamentales para las políticas de justicia penal y sobre drogas en la región. Después de mucho tiempo, los Estados Unidos están abandonando los fracasados modelos de encarcelamiento masivo y prohibición, políticas que han promovido durante décadas a lo largo del continente. Sin embargo, ahora que el principal promotor de la “guerra contra las drogas” está cambiando su enfoque, es hora que el resto del hemisferio deje de ser el principal escenario de esta guerra, y que adopte también políticas alternativas.