La protección y justicia para personas migrantes y refugiadas siguen siendo un tema pendiente en México

Saltillo, Coahuila–En noviembre de 2015, la Casa del Migrante “Frontera con Justicia», A.C. en Saltillo, Coahuila, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) junto con seis albergues y organizaciones que defienden los derechos de migrantes en cinco regiones de México^[1] presentaron el informe Un Camino Incierto: Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México.

Un camino incierto analiza las acciones del gobierno mexicano a partir de la puesta en marcha del Programa Frontera Sur, con el cual México parece haber respondido a la presión ejercida por el gobierno de los Estados Unidos después de la “crisis humanitaria” de niños migrantes y familias, la mayoría de Centroamérica, que llegaban a su frontera a mediados de 2014.

El informe concluye que existe una relación directa entre la intensificación del control migratorio a raíz del Programa Frontera Sur a través de operativos, las detenciones y las deportaciones de personas migrantes y refugiadas y algunas violaciones de sus derechos. En este contexto, las autoridades mexicanas no han fortalecido sus capacidades para proteger a las personas migrantes. Tampoco existe evidencia de que las instancias creadas para investigar delitos en contra de migrantes estén cumpliendo su función en forma efectiva.

En el caso de Coahuila, Un Camino Incierto presenta cifras sobre los abusos en contra de personas migrantes documentadas por la Casa del Migrante de Saltillo; particularmente, casos de robo y extorsión cometidos por autoridades, en los cuales destaca la participación de policías de diferentes niveles, en particular de la Policía Federal. Igualmente, se hace referencia a casos en los cuales los migrantes han sido criminalizados por parte de las autoridades, así como los obstáculos que enfrentan los migrantes y las organizaciones que los acompañan para que los abusos y delitos se investiguen y sancionen.

En agosto de 2016, a nueve meses de la primera presentación del informe, no hay cambios sustantivos en la situación de la migración en México. El flujo migratorio de centroamericanos, la mayoría con la intención de ir a los Estados Unidos, se mantiene en términos similares al 2015. Los delitos contra migrantes siguen siendo constantes, sin que sean debidamente investigados y sancionados. A pesar de que las autoridades han implementado algunos cambios relevantes “en papel”, como la puesta en marcha de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación por parte de la PGR, ello aún no se traduce en una mejora sustancial de la situación de los migrantes en el país ni en Coahuila, y tampoco en el avance en la investigación y sanción de abusos.

A continuación se presenta una actualización de la información del informe Un camino incierto, con información al mes de julio de 2016.

La respuesta de las autoridades a los abusos y delitos en contra de migrantes no ha sido suficiente. En 2015, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila sólo emitió sólo una recomendación a la Comisión Estatal de Seguridad por “violación a los derechos de las personas bajo condición jurídica de migrantes”.^[9] En 2015, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Migrantes recibió 36 denuncias, por los delitos de abuso de autoridad, abuso sexual, amenazas, allanamiento de morada, daños, robo, privación de la libertad, y trata de personas. De estas denuncias, fueron consignadas 14 personas.^[10]

Los patrones ya documentados por la Casa del Migrante de Saltillo en cuanto al actuar de las policías y la criminalización de personas migrantes persisten. Al mes de junio de 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila únicamente ha emitido dos recomendaciones por violaciones a los derechos humanos de migrantes. El primer caso^[11] se refiere a la agresión y detención arbitraria de nueve personas migrantes por miembros de la Policía Preventiva Municipal de Saltillo. El segundo caso^[12] se refiere a la detención de tres migrantes en marzo de 2014 por parte de elementos de la Policía Estatal Acreditable de la Comisión Estatal de Seguridad.

A nivel federal, el 18 de diciembre de 2015 la Procuraduría General de la República (PGR) de México estableció formalmente la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación. No obstante, la importancia de haber establecido esta instancia, el retraso en la designación de la titular de la Unidad (Leonor Figueroa Jácome) y en la emisión de protocolos y lineamientos, ha impedido que los migrantes y sus familias puedan ejercer de forma efectiva sus derechos.

Al mes de junio de 2016, la Unidad de la PGR registraba un total de 133 delitos bajo investigación, 123 en el anterior sistema de justicia y 10 en el nuevo sistema. La mayoría de los casos (96) son de privación ilegal de la libertad, seguidos por 9 de abuso de autoridad, 4 de secuestro, 3 por tráfico de personas, 3 de delitos contra la administración de justicia y 3 por extorsión.

Frente a este panorama, reiteramos las recomendaciones emitidas en Un camino incierto, dirigidas a las dependencias responsables del gobierno mexicano como la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y al gobierno de Estados Unidos en su cooperación con México.

Fuentes

[1] Red de organizaciones en Sonora (“Red Sonora”: Iniciativa Kino para la Frontera, en Nogales, Centro de Recursos para Migrantes, en Agua Prieta y Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado, también conocido por sus siglas CCAMYN, en Altar); Albergue de Migrantes “Hermanos en el Camino” en Ixtepec, Oaxaca; “La 72, Hogar—Refugio para Personas Migrantes” en Tenosique, Tabasco; “Un Mundo, Una Nación” en Apizaco, Tlaxcala; y la defensora de los derechos humanos de migrantes, Irazú Gómez.

[2] https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-unaccompanied-children/fy-2016

[3] “En dos años aumentó 150% el flujo de migrantes: INM”, La Jornada, 4 de agosto de 2016, http://www.jornada.unam.mx/2016/08/04/politica/009n1pol

[4] http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Estadistica

[5] http://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/transparencia-focalizada/

[6] Datos tomados de la Cuenta Pública de 2015, http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/2015

[7] http://www.comar.gob.mx/es/COMAR/Estadisticas_COMAR

[8] http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Estadistica

[9] Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, Informe anual de actividades 2015, http://cdhec.org.mx//archivos/pdf/INFORME%20DE%20LABORES%202015.pdf

[10] Fiscalía General del Estado de Coahuila, Informe anual de actividades 2015, http://www.coahuilatransparente.gob.mx/BD/InformeAnualActividades/FGEInformeAnual.pdf

[11] Recomendación 3/2016, Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza.

[12] Recomendación 9/2016, Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza.